Empieza la legislatura en Madrid. Por suerte, las claves importantes vendrán de Bruselas

Ir a pasar unos días de agosto a Bruselas puede parecer una excentricidad. Pero eso es lo que he hecho. En los barrios tradicionalmente llenos de políticos y funcionarios, apenas hay nadie. Los restaurantes están vacíos o cerrados. No hay corresponsales, eurodiputados ni lobistas. El anodino emblema de la presidencia española del Consejo domina el edificio de este, que está a oscuras. A dos días del inicio de la nueva legislatura, es una visión elocuente. Porque casi todas las claves realmente importantes de este curso político español surgirán de las instituciones europeas.

La política española se ha vuelto inusitadamente europea. Carles Puigdemont llevará la orden nacional de arresto dictada por el Tribunal Supremo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nadia Calviño será candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones y el resultado de la elección se leerá en clave del prestigio exterior español. Y, dentro de unos meses, en los partidos empezarán las luchas personales por ser incluido en las listas para las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en junio. Tras ellas puede producirse un cambio importante en la política del continente: ¿mantendrán los conservadores la alianza con los socialdemócratas y los liberales para seguir llevando la legislación por la senda de la ortodoxia, o buscarán acuerdos con la nueva derecha autoritaria y natalista, como se rumorea en Bruselas desde hace meses?

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Reglas fiscales, inmigración, transición energética

Pero eso no será lo más importante para los españoles. En este nuevo curso, se abordará el cambio de las reglas fiscales tras su suspensión durante la pandemia y los años posteriores de recuperación. El Gobierno alemán, junto con otros de los llamados “frugales”, está insistiendo en la necesidad de recuperar los límites relativamente estrictos de la deuda y el déficit. Italia, Grecia, Portugal, España y, en cierta medida, Francia, se oponen. Hace meses, Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, para cambiar la dinámica de esa discusión entre partidarios de la austeridad y defensores de la flexibilidad. Pero Rutte dimitió, en su país hay elecciones a final de año y volveremos a los choques por la política fiscal entre el norte y el sur. Una parte relevante del funcionamiento de la economía española dependerá del resultado. Y, también, de las decisiones monetarias del Banco Central Europeo. Los tipos de interés están en su punto más alto de los últimos 22 años y la inflación se está frenando, pero no está claro qué va a hacer Christine Lagarde. Y ya en septiembre tiene que tomar una decisión. La suma de presupuestos restrictivos y tipos de interés elevados podría marcar esta próxima legislatura española, sea quien sea el nuevo presidente. Y, aunque seguirá la propaganda, ya sabemos que los fondos europeos tendrán una implantación mediocre y un impacto pequeño.

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Pero no es solo la economía. Durante este curso, se implementarán también dos cuestiones de enorme importancia para España. En primer lugar, los cambios en la política migratoria. Esta será más restrictiva —hay un consenso, que va de la izquierda socialista a la derecha autoritaria, en que debe serlo—, y se acelerarán las devoluciones de quienes entren en la UE sin permiso. Y se desarrollará la nueva ley climática, que pretende reducir las emisiones un 55% para 2030 y cuyos avances empezarán a juzgarse ya en septiembre. La derecha cada vez se opone más a su implantación rápida, que es potencialmente traumática para buena parte de la población. Además, hay elecciones en Polonia, el país, junto con Hungría, en el que se verá la predisposición de la Comisión Europea para castigar la falta de independencia judicial. Y las hay también en Eslovaquia, donde el nuevo Gobierno podría limitar seriamente su apoyo a Ucrania.

Auge del euroescepticismo español

Todo esto tendrá un enorme impacto en la política española. Y lo tendrá en una legislatura en la que el euroescepticismo gozará de un mayor protagonismo en el Congreso de los Diputados. Sumar, potencial miembro de la coalición de Gobierno, incluye miembros euroescépticos y su número dos, Agustín Santos Maraver, quisiera acabar con la invasión de Ucrania no mediante una victoria de esta, sino de una negociación con Rusia en la que le ceda territorios. Si Puigdemont, que será clave en la hipotética investidura de Pedro Sánchez, sigue acumulando reveses judiciales y políticos en Europa, se agravará el creciente euroescepticismo de su partido, Junts (de momento, Puigdemont ya ha dicho que se presentará a las nuevas elecciones europeas). En el centro del programa de Vox, que, si se repiten las elecciones, podría formar parte de una coalición con el PP, está el desmantelamiento de los últimos avances en la integración europea y la adopción de la democracia iliberal que abanderan sus dos principales adversarios internos, Polonia y Hungría. Hace dos semanas, Esperanza Aguirre reconoció su “euroescepticismo”. La derecha, como decía, tendrá cada vez más incentivos para oponerse a la agenda verde no solo en el Parlamento Europeo, sino también en el español: el momento de consenso que se vivió hace apenas un par de años en cuestiones energéticas y climáticas ha desaparecido casi por completo, y eso será evidente durante la legislatura que empieza pasado mañana.

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Que vuelvan los burócratas

Ver Bruselas vacía es aleccionador. En España, empezamos un curso político que estará dominado por la inestabilidad, el teatro, la polarización y, quizás, una repetición de las elecciones. Mientras tanto, las grandes decisiones de nuestra política se tomarán en estos edificios hoy vacíos (y en Fráncfort). En los próximos meses, más que en cualquier legislatura del pasado, muchos políticos y periodistas españoles repetirán que eso es una anomalía democrática. Algo de razón tienen. Pero muchos otros pensaremos que menos mal que estarán ahí esos edificios, ya llenos de burócratas, para evitar que volvamos a tener la tentación de hacerlo todo mal como en el pasado.