¿Independencia? Entre la insolidaridad y la delincuencia

"Nada que ver con la mística vacía de la nación, que es otro opio con el que se trata de eludir los problemas reales, los de desigualdad e injusticia que las políticas públicas que practican al igual hoy unos y otros nacionalistas —los que quieren españolizar y los orgullosos de haber catalanizado— no dejan de incrementar sus consecuencias sobre los más vulnerables. Como recordara El Roto, el sueño de la nación produce —cuando menos— exilios".¹

La declaración de soberanía de los independentistas, ya en enero de 2013, expresaba una ruptura con el marco constitucional democrático, lo que parece seguir vigente. Principalmente, porque el poble de Catalunya no puede atribuirse una soberanía que, con pleno respeto de la Constitución, corresponde al pueblo español, del que el catalán es parte.

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Una expresión constante de la declaración aprobada en aquella fecha era la completa ruptura con España y cuanto representa en nuestro pasado y nuestro presente. Ruptura que condujo al independentismo a traicionar los principios que inspiraron el Estatuto vigente. En él, se hace constar que Cataluña “quiere proseguir (...) la construcción de una sociedad democrática y avanzada (...) solidaria con el conjunto de España” y que quiere “desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España”.

Naturalmente que Cataluña es una indudable realidad nacional, pero también es cierto que esa realidad se ha fraguado, fundamentalmente en el siglo XX, por el apoyo que ha recibido constantemente de todos los pueblos de España.

Cataluña es lo que es porque, tras las oleadas migratorias de dentro y fuera de España, se ha construido una sociedad integradora donde pueden convivir identidades diversas. Esta es la gran riqueza de Cataluña, como pueblo y como cultura.

Es la suma de los sufrimientos y aspiraciones de catalanes de origen y de inmigrantes, nacionales y extranjeros, que abandonaron sus tierras a causa de las políticas capitalistas que gobernaron coordinadamente las burguesías de España y Cataluña.

Lo acontecido en Cataluña desde 2006 no puede justificar el giro que se pretende. Sobre todo, por un Gobierno, como el de ERC, subordinado a las exigencias de Junts, que, durante durísimos años para el pueblo catalán, ha aplicado medidas antisociales en todos los ámbitos que han generado una sociedad más injusta, más desigual y más pobre. Y, todo ello, en estrecha alianza con el Gobierno neoliberal del PP, como lo explicitó el diputado Coscubiela: “De los 27 decretos-leyes convalidados por el Congreso de los Diputados, CiU ha votado SÍ en 17 ocasiones. Entre los decretos-leyes en que CiU ha votado SÍ están los que hacen referencia a los recortes presupuestarios y de derechos”².¿Cómo pueden ahora pretender encabezar la defensa e incluso la independencia del pueblo catalán?

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Por otra parte, pueden continuar sin mencionar a España, pero el independentismo participa, a través de sus representantes, con fervor y la consiguiente remuneración, en todas las instituciones del que, con distancia y menosprecio, llaman el Estado español. Están ampliamente enumeradas en los art. 179 a 181 del Estatuto de Autonomía, y su presencia responde a la necesidad de participar en “la toma de decisiones estatales”. ¿En qué quedamos?

Pero hay algo aún más grave y significativo de su real compromiso con España. Está vigente aún la Disposición Transitoria Cuarta del Estatut d’Autonomia de 1979, que declara vigente en Cataluña la legislación electoral española, es decir, la ley de 1985. El art. 56 de actual Estatut obligaba a la aprobación de una ley electoral propia. Sencillamente, no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque conviene a las fuerzas independentistas, a quienes les asegura, en Cataluña y en España, una representación electoral superior a la que les correspondería por los votos obtenidos. Pues, en esto, parece que las leyes españolas les resultan muy útiles. Y cuando, en el Parlament de Cataluña, en febrero de 2009, Ciutadans pel Canvi, a través de una ILP respaldada por 90.000 ciudadanos, pretendía aprobar una ley electoral más justa, fue bloqueada por CiU. Todo un ejemplo de aprovechamiento de las estructuras españolas para evitar una democracia más representativa.

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Pero el aprovechamiento por el independentismo de las instituciones españolas para la protección de sus intereses tiene una mayor trascendencia. Valgan tres ejemplos.

Tras 10 años de presidencia de Jordi Pujol, comienzan a aparecer signos de un aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un evidente abuso de poder. No se puede olvidar el titular de El Periódico de Catalunya de 18/3/1990: “Pujol atraviesa el momento más difícil tras 10 años de mandato”. La causa fue que la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación penal contra Lluís Prenafeta, entonces secretario general de la Presidencia, por compatibilizar ese cargo con el de consejero de Iberia de Seguros SA. Entonces, el fiscal general del Estado impidió que la Fiscalía formulara una querella.

La historia volvió a repetirse. La Fiscalía, en mayo de 1990, abría una investigación por hechos que tuvieron lugar en la década de los ochenta. El Gobierno de la Generalitat había creado la Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña (Caric) con el fin de apoyar, con fondos públicos, a empresas en crisis. La realidad fue que parte de dichos fondos —los llamados avales— se destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que posteriormente no fueron reintegrados, causando un grave perjuicio al erario público catalán.

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Ante los resultados de esta investigación, la Fiscalía planteó formular una querella por delito de malversación de caudales públicos y otros contra los consejeros Cullell, Oller, Hortalá, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Vallvé, Subirá, Basáñez y Alavedra.

El fiscal general del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la Fiscalía el ejercicio de acciones penales, por entender que los delitos estaban prescritos.

Más la total impunidad de Jordi Pujol —por la pasividad de las autoridades del tan denostado Estado español— ante el gravísimo fraude fiscal cometido durante más de 30 años, en directo perjuicio de todos los españoles.

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Y luego han venido los improcedentes indultos del Gobierno español a los condenados por la ruptura independentista y, por tanto, delictiva, sí, delictiva, con España. El pasado junio, el TS confirmó el procesamiento por malversación agravada y desobediencia de los condenados por la sublevación antidemocrática del procés. Lo que no ha impedido el insólito y reprochable encuentro de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España con un individuo como Puigdemont, evidente delincuente, declarado procesado y rebelde por el TS y, por tanto, un prófugo de la Justicia. Un individuo, dirigente de un partido como Junts, que en las elecciones del 23/J solo representó, aproximadamente ,a un 5% de toda la población de Catalunya. Pero, en la línea ya marcada por Pujol, ahora por una minoría social y política, condiciona malintencionadamente la política catalana y española.

Produce pánico pensar en el grado de impunidad que puede llegar a implantarse en una Cataluña que rechaza en su territorio los actuales contrapesos y controles de quien llaman —con menosprecio— el poder judicial del Estado español. Confiamos en la justa respuesta de la Fiscalía y la magistratura de Cataluña.

Así preparan su contribución a la prolongación y empeoramiento de la actual crisis social y política que soporta la sociedad catalana.

*Carlos Jiménez Villarejo, fiscal.

¹Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho. Universitat de Valencia. "Derecho a decidir ¿qué?: réplica a Pisarello y Asens". Sin Permiso. 25/11/2012.

²Joan Coscubiela. "El doble lenguaje de CiU". NuevaTribuna.es. 2/10/2012.