España: ¿un país de arrendatarios o de propietarios?

En este periódico se está produciendo un interesante debate sobre la vivienda. Un diálogo sobre visiones distintas acerca de la mejor manera de garantizar este derecho a todos los españoles.

Pero antes de abordarlo de lleno, es interesante que nos detengamos a hablar del último libro de Jorge Dioni López, El malestar de las ciudades, quien, tras La España de las piscinas, actualiza y recoge en su nuevo libro buena parte de las teorías socioeconómicas que estudiaron los geógrafos y sociólogos marxistas David Harvey, Henry Lefevre o Manuel Castells acerca de los procesos especulativos y la segregación social que provoca el capitalismo en nuestras ciudades. Jorge Dioni baja al suelo esas ideas, poniendo el caso español como ejemplo paradigmático de un país que se devora a sí mismo generación tras generación. Lo baja al suelo literalmente. A falta de otros recursos, como el propio Jorge reitera una y otra vez: “La materia prima de España es España. La explotación de su suelo y de una parte mayoritaria de su población".

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Aun estando en desacuerdo con la idea general de sus tesis, como ocurre con un buen libro, y con una buena tesis, hay mucha verdad en sus palabras, aunque alguna que otra exageración convertida en categoría. Jorge Dioni afirma que los conservadores no existen. Según él, la conciencia social ha desaparecido allende la socialdemocracia, con el abrazo a un neoliberalismo que busca, de forma consciente, devolvernos a la sociedad anterior a 1914, cuando no a 1789, donde unos sirven y otros, los que acumulan, son servidos: “Lo importante es el movimiento y la captación de capital, aunque eso desplace a la gente”. No es una tesis descabellada, aunque tengo mis dudas acerca de que la intención genuina de los neoliberales sea volver el “mundo de ayer”. Me cuesta pensar que quienes hoy lo apoyan son ignorantes o malvados, yo prefiero reconocer en ellos, al menos, las mismas buenas intenciones que tiene esa parte de la izquierda que provoca pobreza pese a decir que lucha contra ella.

La mención al libro viene a colación del debate anunciado al principio: la vivienda y el suelo ejercen una gran influencia en nuestra forma de vida y por ello son y serán uno de los principales campos de batalla entre ideologías. Jorge Dioni recoge con mucha elocuencia el testigo de quienes plantean la lucha entre la ciudad de la especulación neoliberal y la ciudad equitativa y democrática.

La vivienda y el suelo ejercen una gran influencia en nuestra forma de vida y por ello son y serán uno de los principales campos de batalla

No es el único. Hace pocos días, Eduardo Leira, uno de los principales urbanistas españoles, escribió un artículo al respecto en este medio. Lo hacía en contestación a dos artículos: el primero, firmado por Carlos Sánchez, donde se explicaba que la descompensación entre la baja oferta de vivienda nueva y la creciente demanda para “crear hogares” estaba detrás de la actual subida de precios. El segundo, firmado por mí, intentaba explicar los efectos sociales que provocará la nueva ley de vivienda, a saber: mayor concentración de la propiedad en pocas manos y descapitalización de nuestra clase media y nuestro tejido empresarial.

A Carlos Sánchez, Eduardo le critica la “peligrosa” sustitución de los términos hogares y necesidad por los transaccionales vivienda y demanda. Ya saben, las palabras son importantes a la hora de introducir las lógicas del mercado en un asunto tan esencial como es tener un techo para poder disfrutar de una vida digna.

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Afirma que, desde época de Aznar, tal visión de “la demanda” es obsoleta, porque ahora no buscamos una casa para toda la vida, sino que estamos en constante mudanza, y porque al haber más defunciones que nacimientos no es necesario construir tanto, los pisos se liberan.

Algo propio de “sociedades maduras”. No queda claro si con “maduras” se refiere a envejecidas o a más democráticas y avanzadas. En ambos casos, yo le puedo hablar de una que conozco bien y que suele usarse de ejemplo y referente: Alemania, una sociedad madura en sus dos acepciones. Allí, la gente cambia mucho de ciudad y rota mucho de vivienda, algo que tiene que ver con la movilidad laboral, sí, pero también con la triste fragilidad de instituciones como la familia, que no aguantan el individualismo burocratizado de su sociedad.

También ocurre que esa sociedad madura lleva años intentando cambiar su forma de vida, del alquiler (aproximadamente un 45% de la población) a la propiedad. De hecho, para los alemanes España es el referente a seguir. Alemania quiere ser como España: un país de propietarios, donde la gente se muda poco y vive en la misma casa durante buena parte de su vida. En un mundo cada vez menos previsible, en el que la industria alemana tiene cada vez más competencia y en el que buena parte del capital está financiarizado, una sociedad madura y conservadora como la alemana (que ponemos siempre como ejemplo) intenta que sus ciudadanos apuesten por la certidumbre de una casa propia para ellos y sus hijos, frente a la incertidumbre de una vivienda alquilada a un fondo que cotiza en la bolsa o a un ayuntamiento y a los intereses de sus políticos. Seguridad, conciencia social y responsabilidad para con las generaciones futuras.

También ocurre que esa 'sociedad madura' lleva años intentando cambiar su forma de vida, del alquiler a la propiedad

Leira coincide aquí con Jorge Dioni: En las sociedades maduras, lo importante es el movimiento y la captación de capital, aunque desplace a la gente. Pero falla en darse cuenta de que, precisamente por eso, el acceso masivo a la propiedad equilibra el mercado y nos da herramientas frente a la incertidumbre que deriva de la madurez.

Hay otro punto muy importante que critica Eduardo y que tiene que ver con la vivienda de protección oficial. Según su punto de vista: mucha de la gente que muere deja en herencia un piso en propiedad que consiguió a precio reducido gracias a las ayudas públicas; un piso que entra en el mercado de rotación y mudanzas fomentando el alza de precios una vez se convierte en vivienda libre. De esta forma, sus propietarios compran barato y venden caro. Especulan enriqueciéndose con el dinero de todos, una situación que él considera “aberrante”. Esta es, de hecho, la crítica que se hace a mi artículo, donde yo defiendo ese modelo de fomentar a los pequeños propietarios.

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Y lo hace apoyando las tesis de la nueva ley de vivienda: desproteger viviendas es fomentar la especulación, las viviendas protegidas, aunque privadas, han de ser, de facto, parte de un parque público. Es decir: han de atemperar el mercado libre, no engrosarlo. Pero la consecuencia es que han de hacerlo al albur de los intereses del político, que tendrá que decidir entre destinar dinero a nuevas viviendas o a mantener las actuales. Un dilema que hoy infecta el debate público de muchos de nuestros vecinos del norte y que es propio de los grandes caseros de vivienda.

Si la protección fuese a perpetuidad, algunos consideramos que el gobernante lo rentabilizará políticamente a costa de quienes han comprado esas viviendas pagando la hipoteca durante muchos años. Es decir, cuando una persona acabe de pagar su casa al banco, seguirá pagándosela al político.

La protección perpetua les convertirá en propietarios de segunda clase, que verán cómo el vecino de la vivienda libre obtiene plusvalías del barrio donde él también vive. Plusvalías que a ellos (y a sus descendientes) les estarán vetadas por ley. Según Leira, y buena parte de la izquierda, debería ser así para siempre. Pero lo contrario a la progresividad social es que las rentas medias y bajas nunca puedan participar de las plusvalías que disfrutarán las rentas altas. De esta forma, aunque hayan tenido que pagar más al principio, los ricos terminarán siendo mucho más ricos. Para mí, eso es lo aberrante.

Lo contrario a la progresividad social es que las rentas medias y bajas nunca puedan participar de las plusvalías que disfrutarán las rentas altas

Como se puede ver, Leira y yo coincidimos en el objetivo de atemperar el mercado de la vivienda para facilitar su acceso, pero discrepamos del camino a seguir. En mi opinión, se trata de un debate bonito, ya que no carece de vehemencia y de aberrancias, pero cabe en los límites de flexibilidad ideológica que marca nuestra democracia a través de la Constitución. No es más social, democrático y de derecho un país de arrendatarios del Estado que uno de pequeños propietarios.

No debemos olvidar nunca que la vivienda protegida ha sido protagonista de uno de los mayores cambios sociales de la España moderna, esto es: la desconcentración de la propiedad inmobiliaria. Antes de la Guerra Civil, estas propiedades pertenecían solo a un 25% de terratenientes rentistas, una situación que venía sucediendo desde las desamortizaciones decimonónicas de Mendizábal y Madoz, y que se había consolidado a base de 100 años de repetidas guerras civiles, incontables golpes de Estado, varias dictaduras y múltiples revueltas sangrientas. Una concentración que, ni por asomo, se superó con medidas de vivienda asequible como las promovidas en cooperativa sindical o en promoción pública a través de las leyes de casas baratas.

Hace 30 años, fue el PSOE el que revalidó el sistema de las viviendas protegidas heredado de la dictadura. A través de sus impuestos, las rentas altas siguieron financiando un modelo de éxito que había dado una casa y un futuro a cientos de miles de españoles hasta entonces desposeídos, permitiendo certidumbre donde antes no la había. Hoy, esos ciudadanos y sus descendientes tienen un bien del que pueden disfrutar, alquilar para aumentar sus rentas mensuales o vender para capitalizarse y complementar su jubilación.

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Como reconoce el economista Jesús Fernández Villaverde, la economía de la concentración es la realidad sobre la que tenemos que trabajar, pero eso no quiere decir plegarnos a ella, y si lo que buscamos es frenar la concentración de la propiedad, me ratifico en que quizá la mejor manera sea desconcentrándola.

Frente a una realidad frágil como la española, construir una sociedad de propietarios es construir una sociedad robusta e independiente, donde la vivienda sea el bien familiar más preciado. Eso no es especular, es interés general. Denunciar especulación cuando hablamos de personas y no de empresas, y de plazos de protección superiores a 20 años entre la compra y la venta, es una exageración injusta que criminaliza a los débiles. Igual que ocurre con cualquier otra subvención a fondo perdido realizada por las administraciones a empresas o particulares, desde la educación y el bono cultural a las subvenciones a la agricultura, a la gasolina de los transportes o la compra de automóviles. La propiedad y el consumo no son contrarios al interés general.

Yo pienso que es necesario desarrollar suelo para construir más viviendas, a poder ser en propiedad y en régimen de protección durante una o dos décadas. Y es necesario porque España es un país con un sistema productivo renqueante, donde las diferencias sociales se están acentuando. La concentración de la tierra y el capital está detrás de la explotación ejercida por unos pocos y fue la fuente fundamental de nuestros principales conflictos. El dueño de la tierra es el dueño del país.

Yo pienso que es necesario desarrollar suelo para construir más casas, a poder ser en propiedad

Para que “la materia prima de España deje de ser España”, hay que repartirla. Concentrada, sea en manos públicas o de grandes empresas internacionales (que son los peces gordos que se quedarán con el mercado), seremos aún más desiguales, más vulnerables y más pobres. Como antes de 1914. Critica Jorge Dioni que la sociedad de pequeños propietarios puede llevarnos a la trampa del Monopoly, cuando estos no tengan nada que hacer frente a los grandes inversores, ya se sabe: el que más tiene más acumula. El problema es que hoy los no propietarios también tienen que jugar al Monopoly, y su única opción es pagar el peaje en todas las casillas.

No, la vivienda protegida jamás fue un sistema que buscase retener a sus habitantes en una segunda clase inmobiliaria. Es una alternativa inteligente ante un carísimo parque público de viviendas que se busca expandir y que condenará a sus futuros habitantes, la tercera clase, a vivir al albur de las necesidades políticas del momento. Recordemos que, siguiendo el ejemplo de la izquierda berlinesa, cuando fue necesario, las viviendas públicas se privatizaron. Allí fueron más de 200.000, en Madrid 2.000. Ahora, la nueva ley prohíbe esas ventas. Pero Zapatero (y Rajoy en la oposición) tardó un día de verano en cambiar, ni más ni menos, la Constitución. En un país débil, con más de un 110% de deuda, ¿quién nos garantiza que esa ley que prohíbe vender ese parque público de vivienda no se cambiará nunca?