Amnistía, el debate de investidura debe ser el momento de la claridad

Las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo enterraron la vigencia política del 15-M. Sus dos hijos políticos, Podemos y Ciudadanos, han sido ya abandonados por sus electores, tiempo habrá para hacer un análisis detallado de su legado. Curiosamente, ese ciclo político, en términos electorales, termina como empezó, con sendas mayorías aplastantes de la derecha en comunidades autónomas y ayuntamientos.

Sin embargo, las precipitadas elecciones generales del 23 de julio no han abierto un ciclo político nuevo, más bien al contrario. Pese a los espectaculares resultados electorales (el PP logra imponerse como primera fuerza política mientras que el PSOE incrementa su apoyo en casi un millón de nuevos electores) persiste una fuerte debilidad electoral de los partidos tradicionales, atrapados en una difícil dinámica de bibloquismo imperfecto, los bloques de la derecha y la izquierda prácticamente empatados y altamente polarizados, dependiendo del apoyo de un tercer bloque, el nacionalista, cuyos partidos han sido las auténticas bisagras de la democracia española. Visto en retrospectiva, esta transformación del bipartidismo al bibloquismo ha tensionado todas las costuras políticas y constitucionales, dando paso a un largo periodo de inestabilidad y situaciones inéditas, investiduras fallidas y repeticiones electorales, que tan brillantemente narra Artemi Rallo en su libro Investiduras fallidas y constitución ignota (2015-2020).

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Pero si las elecciones municipales de mayo cierran, electoralmente, el ciclo de crisis institucional abierto en 2011, que venía gestionándose desde la crisis económica de 2008, los resultados de las elecciones generales vuelven a poner en el centro del debate la otra crisis subyacente durante todos estos años, la crisis territorial, abierta con la revisión del Estatuto de Cataluña en 2006, que tendrá su expresión más brutal en 2017 con la celebración en Cataluña de un referéndum ilegal el 1 de octubre y la proclamación, tan solemne y breve como ridícula, de la independencia catalana. El dramatismo con que la sociedad española vivió estos acontecimientos y la consecuente aplicación del artículo 155 suspendiendo la autonomía catalana con sus consecuencias jurídicas provocaron dos fenómenos encontrados que determinarán la vida política española hasta nuestros días; en junio de 2018, el primer éxito de una moción de censura, que dio el Gobierno a una la alianza entre los socialistas, la izquierda y los partidos nacionalistas, y, en diciembre de ese mismo año, la reacción de parte de los electores de la derecha: la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas. Para no olvidar y no repetir nada de este periodo, es recomendable la lectura de La conjura de los irresponsables, de Jordi Amat.

A unos días de la más que presumible nueva investidura del presidente Sánchez, es bueno recordar que la causa de éxito de aquella moción de censura no fue la condena por corrupción al PP del presidente Rajoy, sino el compromiso socialista de buscar una salida al estancamiento en Cataluña, tras los limitados efectos políticos de la aplicación del 155 y sus consecuencias judiciales. La promesa de aquella primera coalición parlamentaria que llevo a Sánchez a la Moncloa, apoyado por su izquierda y los partidos de la derecha nacionalista (PNV y los continuadores de la antigua Convergència, ya tirados al monte independentista) fue “desinflamar” Cataluña.

Opinión

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Hoy, cinco años después, ERC ha sustituido a Junts al frente de la Generalitat, ambos en retirada electoral y con pérdida de influencia en la calle, se baten por la única bandera realmente importante: conservar poder municipal y preparar de nuevo la batalla por el muy constitucional control de la Generalitat. De aquella mesa de diálogo, de aquel relator que tantos ríos de tinta encendida merecieron en la prensa de la derecha, nada se sabe. Los indultos a los líderes independentistas y las reformas de los delitos de sedición y malversación sin duda han pasado factura a los socialistas, una pérdida de apoyos ampliamente compensada por la escasa comprensión de buena parte de la sociedad española a la encendida oposición protagonizada por PP y Vox. La desinflamación del conflicto catalán es un hecho político y social, incómodo para el PP, que no encuentra en Cataluña (ni en Euskadi) un socio conservador con quien intentar formar Gobierno, incómodo también para los propios partidos independentistas, pues hoy el PSC es la primera fuerza electoral catalana y el PSOE la única formación con posibilidades de gobierno y capacidad de dialogar con la izquierda y la derecha nacionalista.

Y es aquí donde debemos situar el debate sobre la amnistía del que depende una nueva investidura del presidente Sánchez. La propuesta de Junts, empoderado por un resultado electoral que le da la llave del gobierno, como ya ocurrió en anteriores ocasiones y como es habitual en cualquier democracia pluralista que haya abandonado los tiempos de las mayorías absolutas, sigue la lógica de los acuerdos que llevaron a los socialistas al Gobierno en 2018. La crisis territorial latente bajo la gestión de la pandemia y los efectos económicos de la guerra de Ucrania entra en una fase en la que, con propuesta de Junts o sin ella, la sociedad catalana debía hacer frente a las consecuencias jurídicas del procés, no para los líderes independentistas que ya han pagado con años de cárcel sus actos para ser posteriormente indultados de forma parcial, sino para muchos de sus seguidores. Reprochar a los socialistas que asuman ahora este debate cuando lo negaban en el pasado o no lo contemplaban en su programa denota una gran ingenuidad. Exigir elecciones para posicionarse frente a la amnistía solo puede responder a la mala fe, pues alguna forma de perdón por parte de un nuevo Gobierno de coalición era el siguiente paso lógico de aquella promesa de desinflamación.

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¿Se puede permitir Junts mandar la política española de nuevo a elecciones, asumiendo que las próximas legislaturas lo serán bajo gobiernos del PP, dependiendo de un aliado parlamentario, cuando no un socio de gobierno, como Vox? ¿Cómo explican los líderes independentistas indultados, a las decenas de seguidores con causas pendientes en la Justicia, que ellos no merecen el perdón que sus líderes sí obtuvieron? Pero la pregunta realmente relevante es, ¿alguien tiene una oferta política para mejorar la convivencia en Cataluña que suscite más acuerdo? El apoyo a la amnistía está lejos de ser mayoritario, pero ¿el cumplimiento estricto de la ley concita más consenso?, ¿es la mejor respuesta de un Estado para pasar página de un episodio de engaño colectivo tan lamentable?

Hoy solo conocemos la propuesta independentista, que más que reclamar amnistía, reclama reposición política y revisión del papel del Estado. Pero también sabemos que la demanda de un nuevo referéndum, ya legal y pactado, se aplaza a otros tiempos políticos. En realidad, nos falta por saber a qué atenernos, es decir, cuál será la propuesta socialista. Lo que sí sabemos es que todas las acciones impulsadas por los gobiernos socialistas estos años pasados se han realizado dentro de los límites de la Constitución, y que su efecto no ha sido fortalecer, sino debilitar el independentismo.

El debate de investidura debe ser el momento de la claridad. La intervención del candidato socialista debe devolver al Parlamento su papel y a la opinión pública certeza, indistintamente de que se esté a favor o en contra del perdón. La complejidad política, social y económica de la legislatura que arranca exige debatir sobre hechos ciertos y centrarse en lo importante; evitar que una nueva crisis, en este caso por las consecuencias de una guerra en Oriente Próximo, se solape a las anteriores crisis, aún a medio resolver.

Joan Navarro es sociólogo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UCM.