Un 15-M de derechas

Hace algo más de una década, las políticas de austeridad y la sensación de falta de futuro económico propiciaron el estallido de una insurgencia de la izquierda. Una parte de esta sentía que las instituciones le habían fallado, que habían hecho trampas y que era necesario mostrar la indignación hacia ellas en la calle y con un cierto grado de agresividad. De ahí surgieron, en 2011, el 15-M y, en 2012, Rodea el Congreso. De ahí surgieron escraches y rutinarios enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. De ahí surgió la sensación de que algunos conflictos no se podían resolver dentro de las instituciones porque estas estaban bloqueadas. Fue un ciclo que duró hasta las elecciones de 2015.

Hoy, una parte de la derecha quiere convertirse en una insurgencia parecida. Cree que la amnistía es una humillación para el Estado y los españoles, cree que superará todos los obstáculos procedimentales (Cortes, Constitucional), cree que eso será una demostración de los límites de la política institucional y cree que todo ello evidenciará el fallo sistémico de la democracia española. Y será una prueba de que quizá la Constitución no estaba tan bien pensada: si una traición puede ser constitucional, señalará, ¿qué dice eso de nuestro marco legal? En consecuencia, esa parte de la derecha considerará la calle un recurso legítimo no solo para manifestar su oposición a la amnistía y al posterior Gobierno de izquierdas, sino para suplir la incapacidad de las instituciones. Las protestas de los últimos días ante sedes del PSOE, e incluso alrededor del Congreso, son solo una muestra y, seguramente, solo el principio.

Capturar un movimiento

Siempre que estalla un movimiento de este tipo, los partidos políticos intentan convertirlo en una plataforma electoral. Tras el 15-M, UPyD intentó apoderárselo y fracasó; Izquierda Unida dudó y se le pasó la oportunidad; finalmente, Podemos lo convirtió en su mito de origen. El PP ya ha renunciado a apropiarse de la parte más agresiva del movimiento contra la amnistía. Es una decisión obvia: el PP no puede tener relación con protestas en las que individuos gritan contra el jefe del Estado o la policía como 10 o 12 años atrás hacían los radicales de izquierdas. Y esas manifestaciones con llamadas a la insurrección chocan con la cultura política del establishment de derechas español: ¿desde cuándo los liberales y los conservadores pretenden ganar en la calle lo que pierden en las instancias del Estado?

Pero hay una parte de la derecha que parece destinada a intentar aprovecharse de ese movimiento o incluso a liderarlo: Vox y su poderoso entorno mediático. Desde 2017, el momento en el que Santiago Abascal afirmó explícitamente que Vox era la “derecha alternativa”, este ha vivido un profundo dilema: ¿quiere ser un partido conservador, de ley y orden, enmarcado dentro de la tradición liberal, o bien un partido antiestablishment cuyo fin es desbaratar el sistema por medio de teorías contra la élite y llamadas a la insurrección? Ese dilema ha sido la fuente de casi todos los vaivenes ideológicos que ha dado desde entonces. Pero tras sus mediocres resultados en las elecciones del pasado julio y la desaparición de la posibilidad de integrarse en una coalición de gobierno con el PP, parece haberse decidido: ha renunciado a su alma conservadora tradicional —por eso se deshizo de Iván Espinosa de los Monteros— y se ha entregado al discurso antiestablishment —razón por la cual le ha dado más poder a Jorge Buxadé—. En parte, porque quiere diferenciarse más del PP. En parte, porque debe probar cosas nuevas para ver si así consigue frenar o revertir su sostenida caída electoral. Vistas sus declaraciones desde el inicio de este movimiento que quiere canalizar la irritación contra la izquierda mediante provocativas tácticas callejeras y mediáticas, es probable que haya asumido la decisión estratégica de ser la cara institucional, y solo levemente moderadora, del 15-M de derechas.

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Si eso es así, expondrá nuestra política a inmensos riesgos. Pero también a llamativas paradojas. La izquierda adoptará un discurso institucional según el cual la política se hace en el Congreso, y no en las calles. Esta derecha que Vox intentará cabalgar reivindicará la calle como fuente de poder legítimo. La izquierda exigirá respeto para las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Esta derecha denunciará los violentos abusos de este. La izquierda que concederá una amnistía a acusados de disturbios callejeros afirmará que la ley debe caer con todo su peso sobre quienes ahora provoquen altercados. Esta derecha afirmará que no hay que acatar decisiones del Ejecutivo cuando estas son manifiestamente injustas. La izquierda exigirá orden. Esta derecha, insurrección.

Todo ello responde a las peculiares circunstancias políticas de nuestro país. Pero también tiene razones de fondo que van más allá de él. Quienes, en buena parte de Europa y Estados Unidos, hace 12 años tomaron las calles eran izquierdistas que luego —como el 15-M mediante Podemos, Occupy Wall Street con Bernie Sanders, Syriza en Grecia o el laborismo de Jeremy Corbyn en Reino Unido— decidieron operar en el interior de las instituciones. Hoy, los verdaderos insurgentes son las nuevas derechas antiestablishment, que parecen haber seguido el camino contrario: primero, entraron en las instituciones; ahora, se apoyan en movimientos callejeros —como los chalecos amarillos en Francia, los Querdenken en Alemania o, en el caso extremo y distinto de Estados Unidos, los asaltantes del Capitolio— para llevar a cabo una agitación masiva.

Desde 2011, hemos visto muchas cosas en España. Un 15-M de derechas era de las pocas que nos faltaban. Pero todo indica que ya lo tenemos aquí.