La verdadera anomalía de la política española

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La política española tiene muchos problemas. Pero la mayoría de ellos no se dan solo aquí. Los comparten la mayoría de los países occidentales.

Antes de que Hamás cometiera su atroz atentado, por ejemplo, la prioridad del Gobierno israelí era reducir la autonomía y los poderes de los jueces, en especial los del Tribunal Supremo, al que acusa de hacer política con sus sentencias. En Suecia y Finlandia, sendos gobiernos liderados por partidos tradicionales también dependen de socios radicales que generan una constante inestabilidad. En Bélgica, las dificultades para que los partidos se pongan de acuerdo dilatan los procesos de investidura: en una ocasión, se pasó 589 días con un Gobierno en funciones. En Estados Unidos, un senador llamado Joe Manchin es considerado "el hombre más poderoso de Washington", porque es decisivo en la aprobación de las leyes y siempre exige que supongan algún beneficio concreto para el pequeño Estado que representa, Virginia Occidental (1,8 millones de habitantes), que acaba resultando más decisivo, por ejemplo, que California (40 millones).

En muchos aspectos en los que creemos que somos únicos, pues, somos como los demás. La verdadera anomalía de la política española es la enorme cantidad de partidos con representación en el Congreso que se oponen en mayor o menor grado a la Constitución y el grado de influencia que tienen sobre el Ejecutivo. En eso, apenas tenemos comparación.

Una distinción complicada

En muchos países existen partidos que se oponen al orden constitucional. En la Cámara de los Comunes británica, por ejemplo, están representados dos grandes partidos que quieren que sus territorios se independicen de Reino Unido, el Sinn Féin y el Partido Nacionalista Escocés, pero son casi irrelevantes en la política nacional (suman poco más del 7,5% de los escaños). En la mayoría de los países, los partidos abiertamente contrarios al orden existente están prohibidos: en Alemania, por ejemplo, está vetado el Partido Comunista, además de varios de carácter neonazi.

Italia y Francia también han prohibido formaciones contrarias a la Constitución, pero no la Liga cuando era un partido independentista o el Partido de la Nación Corsa. Quizá un caso comparable al español sea el del partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca, que promueve la progresiva autodeterminación de Flandes y participó en el Gobierno nacional de Bélgica. Pero como me recordó Ignacio Jurado, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III, la mayoría de situaciones de esta clase son ambiguas: quizá solo los partidos independentistas puedan considerarse totalmente contrarios a las constituciones, en la medida en que niegan el "demos", el pueblo, al que la Constitución dice corresponderse.

En todo caso, en el Congreso de los Diputados español están representados cuatro partidos independentistas que trabajan activamente para acabar con la Constitución Española (ERC, Junts, Bildu y BNG) y quizá nueve (los agrupados en Sumar más el PNV) que se oponen a partes centrales de ella, como la monarquía o la organización territorial. Entre todos suman más de un 15% de los escaños, todos son necesarios para la investidura de Pedro Sánchez y para la aprobación de leyes relevantes como los presupuestos, y Sumar dirigirá varios ministerios.

¿Liberales o ingobernables?

Esto hace de España uno de los países más liberales con las opiniones disidentes, a las que da representación institucional sin ninguna traba y cuyo papel en la gobernación ha normalizado plenamente. La democracia española tiene innumerables problemas, pero nadie podrá acusarla de no ser de las más representativas y abiertas del mundo.

Pero eso, como ahora vemos en mayor medida que en ningún otro momento del pasado reciente, también genera una constante inestabilidad institucional. Una parte relevante de los representantes democráticos no consideran que el jefe del Estado sea legítimo, no juran acatar la Constitución al asumir sus cargos y parecen considerar que sus responsabilidades institucionales son herramientas para erosionar las instituciones. Produce, además, una justificada sensación de agravio: algunos territorios obtienen beneficios desproporcionados porque cuentan con partidos nacionalistas, pero eso no sucede por azares electorales, como en el caso del senador Manchin de Virginia Occidental, sino que se ha convertido en algo estructural. En muchos países existe una fuerte polarización entre partidos rivales, pero esta siempre se produce dentro del sistema: hasta las formaciones más radicales del parlamento alemán, francés o italiano acatan el orden constitucional.

En España, en cambio, existe una polarización doble: la que enfrenta a los partidos que apoyan el sistema, y la que enfrenta a estos con los que quieren acabar con él. Lo habitual es que los partidos democráticos den por sentado lo más grande —la forma del Estado— y discutan por lo más pequeño —las medidas políticas concretas—. En España, sucede al revés. Como hemos visto en el pacto que han suscrito el PSOE y Junts, incluso partidos del sistema compran relatos antisistema para lograr el poder. En contra de lo que dicen ahora algunos socialistas, eso no es irrelevante o coyuntural. Se ha vuelto estructural. Los contrarios al sistema se han vuelto imprescindibles para este.

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En contra de las peores tentaciones —expresadas en ocasiones por Vox o por Isabel Díaz-Ayuso—, la solución no consiste en reducir la gran permisividad ideológica del sistema español y prohibir que los partidos que se oponen a la Constitución participen en la legislación. Es democráticamente bueno conservar esa situación. El reto es permitir que esos partidos representen libremente a los ciudadanos que les votan y ejerzan su influencia en el sistema, pero dejen de ser anómalamente imprescindibles en él.

El PSOE, sin embargo, ha decidido reforzar su carácter estructural en la gobernación. Su discurso es que no hay alternativa: no solo para que Pedro Sánchez retenga el poder, sino para que España sea un país realmente inclusivo. Es falso. Y, en consecuencia, la cuestión es: ¿cómo conseguir que las instituciones españolas sigan siendo impecablemente representativas, pero eso no lleve al colapso del sistema? El PP debe dar una parte de la respuesta a esa pregunta. Pero el PSOE debe empezar por reconocer que es la pregunta más grande a la que nos enfrentamos. Y luego intentar responderla de manera creíble.