Un Gobierno legítimo, por mayoría absoluta del Parlamento español

La previsible investidura del presidente Sánchez es la consecuencia del fracaso de la investidura de Feijóo, el pasado mes de septiembre. El PP fue la fuerza política más votada en las elecciones del 23-J, pero, tras el encargo de Rey, solo fue capaz de lograr acuerdos parlamentarios con sus socios de la extrema derecha y de Coalición Canaria y, al contrario de lo que ocurre en ayuntamientos y comunidades autónomas, estos acuerdos no son suficientes para gobernar España. Sin este fracaso, el Rey no habría encargado al presidente Sánchez la formación de Gobierno. A veces, recordar lo obvio nos devuelve a la realidad en medio del ruido.

Tras el fracaso de Feijóo, el único objetivo de la derecha política, mediática y judicial española es evitar, a toda costa, el éxito de la investidura del presidente Sánchez y lograr la repetición electoral. El necesario apoyo de Junts a la investidura y su vinculación a una la ley de amnistía se lo han puesto fácil, han facilitado a la derecha la carga moral que necesitaba para ocultar un objetivo menos noble, que una nuevas elecciones repartan mejores cartas. Hoy es Junts y la amnistía, pero en 2004, con la victoria del presidente Zapatero, o en 2018, tras la moción de censura del presidente Sánchez, fueron otros los temas que llevaron a la derecha a movilizar toda su influencia, legítima o no, con la que destruir la figura del presidente y construir una imagen de Gobierno ilegítimo. En el pasado, a los socialistas se les acusó de complicidad con ETA (mientras esta aún asesinaba), ahora se les acusa de fraude electoral o de imponer una dictadura, palabras gruesas con imputación de delitos sin pruebas ni denuncias reales y, sobre todo, con consecuencias graves en términos de convivencia y crispación de la sociedad española. Para la derecha, con la llegada de cada Gobierno socialista, España se rompe.

Sin embargo, si el presidente Sánchez es investido de nuevo, España tendrá un Gobierno de centroizquierda apoyado por la mayoría absoluta del Parlamento español. Y es bueno recordar que, en democracia, no hay mayorías buenas o malas, todas tienen la misma legitimidad, pues todas expresan la voluntad del pueblo español, ya sean fruto de acuerdos entre el PP y Vox, o entre el PSOE, Bildu, Junts o cualquier otra formación política con legítima representación parlamentaria. Hay a quien no le gusta que esto sea así, salvo cuando la mayoría cae del lado del partido a quien votó, una actitud tan humanamente comprensible como poco democrática.

Para lograr esta investidura, los socialistas han alcanzado acuerdos con todas la fuerzas parlamentarias, salvo PP y Vox. Estos acuerdos, con medidas legislativas y de gobierno concretas, definen la ambición, el alcance y duración de una legislatura que, pese a las grandes dificultades a las que se enfrenta, apunta estable y larga. Estos acuerdos, como los alcanzados meses atrás por PP y Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas, lejos de señalar una deriva totalitaria y antidemocrática, demuestran la madurez del sistema político español y la capacidad de todos los partidos de cumplir con sus obligaciones. Desde que los ciudadanos hemos decidido con nuestro voto el fin de las mayorías absolutas, los partidos están obligados a llegar a acuerdos sobre los temas que consideren prioritarios para sus electores, pues su misión no es intentar ganar una y otra vez mediante repetidas elecciones, experiencia que ya vivimos en los periodos 2015-2016 y 2019, de infausta memoria, sino facilitar gobiernos estables mediante difíciles acuerdos políticos. Harían bien los dirigentes de la derecha, como no pocos antiguos dirigentes socialistas, en apelar menos a la legitimidad electoral y más a la legitimidad de los acuerdos, una vez pronunciadas las urnas.

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Precisamente gracias a estos acuerdos y a su carácter público, hoy sabemos cuáles son las políticas en las que el Gobierno queda comprometido. Dos son los ejes que marcan la legislatura, de un lado, políticas sociales, laborales y nuevos derechos sociales, contemplados en el acuerdo con Sumar, que dan continuidad al Gobierno de coalición de la legislatura pasada y, de otro, políticas territoriales en torno a la financiación y nuevas competencias para los gobiernos autonómicos, aplazadas durante las tres últimas legislaturas por las crisis económicas y sanitaria. Nuevamente, habrá a quienes les parezcan indignantes estas prioridades, porque han votado a partidos que les ofrecieron otras, pero sería bueno recordar a quienes acusan al Gobierno de romper la igualdad entre españoles que fue el PP del presidente Aznar el primero en pactar con la Convergència de Pujol y el PNV de Arzalluz, para dar estabilidad a la primera legislatura de un Gobierno de la derecha en España.

Aquellos acuerdos supusieron la modificación de la financiación autonómica, la primera cesión de un tramo de un impuesto nacional (IRPF), la desaparición de la mili, de los gobernadores civiles y la cesión a la Generalitat de la gestión de tráfico, costas, puertos y ordenación del suelo, sin que la oposición acusara al presidente Aznar de felón vende patrias a cambio de ambiciones personales para lograr el poder. El presidente Aznar hizo bien involucrando a los nacionalistas de la derecha vasca y catalana en la estabilidad y gobernabilidad de España, como hicieron bien el resto de los presidentes socialistas o conservadores después y como hoy hace bien el presidente Sánchez, entre otros motivos porque una Administración compleja como la española no se puede gobernar sin la lealtad institucional entre los tres niveles de la Administración, como exige expresamente la propia Constitución.

Además, los acuerdos alcanzados para la investidura tienen la virtud de incorporar a Junts al diálogo político y a la senda de la constitucionalidad. Para algunos, habría sido preferible que la totalidad de los líderes de Junts, incluso la totalidad de sus electores, se exiliasen con el prófugo Puigdemont. Pero la democracia no va de esto, sino justo de lo contrario. Gobernar es buscar soluciones entre españoles incluso, y sobre todo, entre quienes no se sienten así. Para otros muchos, simplemente el precio de esta normalización del independentismo, la ley de amnistía sobre los efectos jurídicos del procés, es demasiado alta. El debate es legítimo, como lo es la preocupación sobre la intencionalidad política y alcance de la ley, aspectos que aún no conocemos. Y precisamente por eso, no es legítimo que los miembros conservadores del CGPJ se pronuncien, en nombre de la independencia judicial, sobre una ley que aún no existe, evidenciando su subordinación a los intereses del partido que les propuso y mantiene ilegítimamente en el cargo.

Pero lo que sí sabemos es que una ley de esta envergadura requiere, además del acuerdo entre los partidos proponentes, el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento y, puesto que va a ser la ley más recurrida de la democracia, la aprobación del Tribunal Constitucional y de instancias europeas, antes de que cientos de jueces decidan su aplicación de forma individual para cada proceso personal. Podemos estar en contra, incluso muy en contra, del perdón, pero no es lícito argumentar que, con esta ley, se subvierten los poderes del Estado y se deteriora la democracia, más bien al contrario, la política toma el relevo de la actuación judicial, en donde esta no alcanza, en la reconstrucción de la convivencia entre catalanes, y entre catalanes y el resto de españoles.

Pero, aun así, es cierto que los socialistas se la juegan. En política, son muchas las vías hacia el fracaso, incluida la del éxito. Los socialistas tendrán que demostrar que la aplicación de la amnistía continúa el proceso de normalización de la vida política catalana, ya iniciado con éxito en la legislatura anterior. La reciente votación en el Parlament donde ERC y Junts negaron su apoyo a un nuevo referéndum ilegal es una buena señal, pero no serán pocos los obstáculos futuros. Además, el nuevo Gobierno también deberá demostrar que sigue dando respuesta a los crecientes problemas económicos y de desigualdad, que están en el centro de su promesa política.

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En todo caso, la legislatura arranca, los partidos españoles han sido capaces de evitar un nuevo fracaso, en forma de una repetición electoral. La crispación provocada de forma artificial durante este largo periodo electoral, como ya pasó en ocasiones anteriores, irá remitiendo y, más bien pronto que tarde, veremos a la derecha española absorbiendo gran parte de la extrema derecha, como antes absorbió a Ciudadanos, y negociando acuerdos con la derecha nacionalista vasca y catalana, ya redimida de todos sus pecados gracias al regreso a la institucionalidad de Junts, regreso con el que da comienzo esta legislatura.

*Joan Navarro. Sociólogo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UCM.