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Las anomalías democráticas se están convirtiendo en la norma
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Ramón González Férriz

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Las anomalías democráticas se están convirtiendo en la norma

Muchos países occidentales están dando pasos hacia el iliberalismo. Siempre dicen lo mismo: "Circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales". Es lo que dicen los poderosos para poder empeorar las cosas

Foto: Giorgia Meloni saluda a Pedro Sánchez. (Reuters/Jon Nazca)
Giorgia Meloni saluda a Pedro Sánchez. (Reuters/Jon Nazca)
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En los próximos meses, las Cortes españolas aprobarán una amnistía para los condenados y los acusados por delitos vinculados al procés. No es la primera vez que este recurso legislativo se utiliza con fines políticos. Y, seguramente, es constitucional. Pero supone el uso de una herramienta pensada para circunstancias extraordinarias —como el paso de una dictadura a una democracia— con un fin que, dentro de un sistema parlamentario, es rutinario: la creación de una mayoría para formar Gobierno.

Esta cuestión domina por completo la política española. Sin embargo, la utilización de recursos extraordinarios con fines distintos a los originales se está convirtiendo en un fenómeno habitual en muchas democracias occidentales. Es la señal de que los sistemas liberales están mutando. Y que lo están haciendo en una dirección peligrosa.

Tomemos el ejemplo de Italia. Allí, muchos primeros ministros han planteado reformas constitucionales para tratar de dar estabilidad al sistema. Pero Giorgia Meloni ha ido más lejos que casi todos sus predecesores al presentar lo que ella misma ha llamado "la madre de todas las reformas". Esta consiste en la elección directa del primer ministro —que obtendría más poder a expensas del presidente de la república— y una reforma electoral que haría que la coalición que fuera más votada en las elecciones —por ejemplo, con un 30% de los votos— obtendría automáticamente el 55% de los escaños en el parlamento. El Gobierno de Meloni ni siquiera consultó con la oposición, por lo que es improbable que la reforma reciba los dos tercios de apoyo parlamentario que requiere. Si es rechazada, se someterá a un referéndum. Se trata, en esencia, de un intento de la mayoría de hacerse con una cantidad de poder desproporcionada y con rasgos autoritarios. ¿Sería legal ese cambio de la Constitución? Lo decidirá el Tribunal Constitucional, pero seguramente sí. ¿Hay alguna razón excepcional que explique la necesidad de una reforma tan drástica? Absolutamente ninguna, más allá de los deseos de la coalición gobernante de hacerse con más poder.

Hay más casos. En Estados Unidos, el recurso del impeachment al presidente —la posibilidad de que el Senado le juzgue y le cese por mala conducta— era extremadamente infrecuente. Entre 1789 y 2019 solo hubo dos procesos de impeachment: uno en 1868, al presidente Andrew Johnson, y uno en 1998, a Bill Clinton. Sin embargo, ese recurso que solo se utilizó dos veces en 210 años se usó luego dos veces más en solo tres: Trump fue sometido a sendos procesos en 2019 y 2021. Hace tres días, los republicanos de la Cámara de Representantes iniciaron el proceso formal para someter a un impeachment a Joe Biden. Lo que era algo realmente anómalo —y que nunca ha acabado en una destitución— va camino de convertirse en un recurso frecuente. Todo presidente futuro puede dar por hecho que se le va a intentar destituir por medio de este proceso.

Foto: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

En Reino Unido, no es extraño que un primer ministro sea cesado u obligado a dimitir por su propio partido, y que le sustituya alguien escogido por los parlamentarios, pero no deliberadamente por la ciudadanía. Pero en los últimos siete años cuatro primeros ministros han abandonado el cargo empujados por su propio partido (Cameron, May, Johnson, Truss), tres de ellos iniciaron sus mandatos sin ser escogidos a propósito en unas elecciones, y muchos conservadores piden que Rishi Sunak —que tampoco llegó al poder mediante el voto popular— también sea forzado a irse.

Lo excepcional convertido en normal

Nuestras democracias están mutando. Que los recursos considerados excepcionales se utilicen cada vez con mayor frecuencia y mayor radicalidad significa que los políticos consideran que el business as usual, el funcionamiento cotidiano de los mecanismos corrientes, ha dejado de ser suficiente para gobernar un país. Su excusa suele ser siempre la misma: que vivimos circunstancias excepcionales y que eso merece medidas excepcionales. Es posible que así sea en algunos casos: es cierto que las constituciones, y las convenciones a ellas asociadas, envejecen. Pero la mayor parte del tiempo, los políticos utilizan la excusa de las "circunstancias excepcionales" para aprobar medidas que blinden su poder, disminuyan la capacidad de otros órganos del Estado para someterles a sus controles, usen las instituciones para generar efectos comunicativos que motiven a las bases o simplemente dañen al adversario de maneras que van más allá de la oposición rutinaria. Es decir, y aunque todos los casos mencionados son distintos y hasta contradictorios, para volver las democracias más autoritarias.

No son circunstancias excepcionales

En realidad, las circunstancias políticas que se viven en España empiezan a no ser excepcionales en absoluto. De ahora en adelante, muy probablemente, los dos grandes partidos siempre necesitarán apoyos para llegar al Gobierno y gobernar. El papel en la gobernabilidad de la derecha y la izquierda radicales, y de los nacionalistas catalanes y vascos, ya no es una novedad excepcional: es la nueva normalidad. La polarización ya no es algo nuevo fruto de la crisis económica, el procés o la pandemia: es el rasgo central de nuestra política, y el que en mayor medida definirá nuestro futuro. De modo que no tiene ningún sentido que Pedro Sánchez siga apelando a la inestabilidad de nuestros tiempos para utilizar discrecionalmente lo que los usos solo consagran para situaciones anómalas. Es solo una excusa para consolidar su poder.

Muchos países occidentales están dando pasos hacia el iliberalismo. Todos los ejemplos mencionados son distintos, y ninguno es ilegal, pero todos son peligrosos si se utilizan sin medida. Y el problema es que su racionamiento solo depende de la capacidad que tengan los políticos de contenerse, de rechazar el recurso a herramientas extremas. Pero parece claro que están perdiendo esa capacidad. Cuando se les reclama, siempre dicen lo mismo: "circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales". Es lo que siempre dicen los poderosos para sentirse con libertad para empeorar las cosas.

En los próximos meses, las Cortes españolas aprobarán una amnistía para los condenados y los acusados por delitos vinculados al procés. No es la primera vez que este recurso legislativo se utiliza con fines políticos. Y, seguramente, es constitucional. Pero supone el uso de una herramienta pensada para circunstancias extraordinarias —como el paso de una dictadura a una democracia— con un fin que, dentro de un sistema parlamentario, es rutinario: la creación de una mayoría para formar Gobierno.

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