Juegos de palabras y reforma constitucional. Del "lawfare" a la "justicia social"

Muchas veces las palabras…

significan mucho más…

que parecen ser mentira…

y parecen ser verdad…

Llevo unas semanas queriendo escribir sobre esto y el fin de las clases me dice que ya no hay excusa para sentarse y hacerlo. Arranco con esa letra musical que la mayoría podemos tatarear. Lo hago porque hemos oído muchas expresiones —antes solo promesas de mítines electorales—, declaraciones o comunicados de cargos electos del poder ejecutivo y legislativo, desde el estrado del Congreso de los Diputados o desde la Moncloa, que a primera vista no dejan de ser eslóganes o buena oratoria. Sin embargo, bien analizadas, algunas de esas palabras —como diría Lenin—, son más peligrosas que las balas. Quienes las dicen lo saben y muchas de ellas tienen detrás una propuesta de política y cambio radical.

Me refiero a algunas que sonaban a chino hasta ahora, como el "lawfare", del que ya se han ocupado colegas con más criterio; o, a otras que compraríamos todos, como la aparición de una nueva acepción de "justicia social", en expresiones recientes de Yolanda Díaz, por ejemplo, con variaciones importantes; adelanto que ella la invoca con más ánimo de enfrentamiento que de equidad.

La muy necesaria "libertad de palabra" que existe antes de la libertad de expresión e imprenta o del derecho universal a la información, tiene su origen en el parlamentarismo de hace ocho siglos. Tan grande que, para defenderla, en España las opiniones de diputados y senadores son inviolables en el ejercicio de sus funciones (art. 71 CE). Y lo sabe, por ejemplo, la señora Nogueras cuando utiliza el estrado para acusar a jueces de la comisión de delitos. Acusación que dicho por otros en distinto foro podría ser calumnia. Y es la misma Constitución la que lo garantiza.

Claro que algunas palabras se las lleva el viento, entre memes y bulos (o bolas) nos reímos, compartimos o decimos amén. Otras no, y permean con ingeniería social las mentes de todos. Pero cambiar "palabras" en el marco constitucional que nos ampara a todos, ya es otra cosa, y me explico.

¿Cambios de palabras o reformas de la Constitución?

Termina el primer trimestre de esta Legislatura ya en marcha; hemos vivido actos institucionales y políticos previstos en la Constitución (la jura de la heredera de la Corona, la apertura de la Legislatura, la tramitación de proposiciones de Ley como la de la amnistía, la aprobación de Comisiones de investigación, la reforma del reglamento del Senado, varias sesiones de control al gobierno, el debate sobre los próximos presupuestos), todas ellas en público y con las garantías del sistema que nos dieron los que en 1978 votaron la Constitución.

Este mes, al hilo de la reforma que están negociando Pedro Sánchez y Feijóo para sustituir la palabra "disminuidos" por "discapacitados"en el art. 49 CE, entre otros asuntos, se están abriendo otros debates de reforma constitucional que no están en el mismo nivel, lo que me permite recordar los dos modelos de reforma o cambios que pueden introducirse en la carta magna, contemplados en su último Título, el X. El supuesto que ahora tenemos en agenda parlamentaria, "deberá ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras" (art. 167 CE); es decir, por 210 diputados y 159 senadores, actualmente imposible sin un consenso de los grandes partidos. Para los más jóvenes: esto ya se ha hecho en dos ocasiones anteriores, por el voto de los europeos (art. 13 CE) en 1992 y por el techo de gasto (art. 135 CE) en 2011.

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Cambiar el modelo de Estado, ya sea el uso de la palabra "nación" del título preliminar (art. 2 CE), o el modelo autonómico, ¿se puede discutir? Si claro. ¿Se puede cambiar? También, pero requiere una mayoría parlamentaria todavía superior a la antes citada, que desde luego no suman los partidos que las proponen. Modificar el Título Preliminar, artículos 1 a 9, el corazón del Título I de Derechos protegidos (art. 14-29) así como el Título II De la Corona (art. 56 a 65), requiere el proceso de reforma rígida previsto en el art. 168 CE, lo que se introdujo en 1978 para evitar cambios revolucionarios o sin consenso y dar continuidad al modelo de la transición.

En este último caso, cualquier propuesta que modifique alguno de esos elementos —aunque sea solo una palabra—, requerirá la "mayoría de dos tercios de cada Cámara" (ya sube en el Congreso a 233 diputados) y, a continuación, "la disolución inmediata de las Cortes". Celebradas las elecciones, las nuevas Cortes deberán aprobar esa reforma y, después, someterla a un referéndum constitucional. Así de difícil es cambiarlo, y quienes lo dicen, también los saben.

Así dicho, ¿no hay salida? ¿Estaríamos condenados solo a palabras y oratoria sin soluciones efectivas? Sí, sí hay salida. Se podría modificar el sistema de reforma constitucional, es decir, el título X y flexibilizar la reforma, pero ha de hacerse de nuevo con las mismas matemáticas del art. 49 CE, con 210 votos a favor en el Congreso y 159 en el Senado. Quizá sea el cambio necesario para desencallar los acuerdos pendientes de la transición y en los que hay bastante unanimidad, como mejorar la ubicación del derecho a la salud y a la vivienda o eliminar la prioridad del varón en la sucesión monárquica, pero no parece que estemos asistiendo a conversaciones o escenarios que favorezcan ese clima.

Reformas indirectas

Se ha dicho que la ley de la amnistía o un referéndum catalán pueden ser una "reforma por la puerta de atrás". Veamos.

Hay en el debate político español otros procesos reformistas de los que se habla (referéndum, amnistía, impuesto a los ricos, nuevos derechos) que sí pueden irse aprobando por Leyes Orgánicas, "forzando" si me lo permiten un poco la Carta magna a la espera de que el Tribunal Constitucional —máximo intérprete— los valide. Pongamos ejemplos. La ley de amnistía, ahora en proceso que ya ha sido comentada en este periódico, de la que conozco poco, o la reforma del modo de renovar el CGPJ, solicitada por Bruselas, que no desatascar PSOE y PP.

O, también, la petición del "referéndum de autodeterminación" por independentistas, una reivindicación ya conocida que, en primer lugar, exigiría fijar el alcance del referéndum o consulta que, como sabemos, es prerrogativa del presidente de Gobierno (art. 92 CE) pero que se debe concretar. "Una ley orgánica —dice el art. 92.3— regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución", a saber, si puede hacerse solo en un territorio o autonomía o si tiene que ser a nivel estatal. Si se hiciese solo a nivel territorial (Cataluña o País Vasco), pienso que se habría otorgado el reparto del territorio incluso antes del resultado del plebiscito y claro, si la soberanía reside en el pueblo español, ¿por dónde lo partimos? Pero retomando el hilo, por poderse aprobar, sí se podría, bastaría la mayoría absoluta que eligió presidente a Pedro Sánchez para convocar y fijar las condiciones de ese referéndum.

Opinión

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En fin, que como ven, el marco constitucional es flexible, pero no es de chicle y es a su vez el mismo texto que ha permitido la pluralidad de todo lo anteriormente dicho.

Termino y dejo la cuestión de los derechos y de un posible debate del contenido de la "justicia social", en lo que coinciden muchos autores, también la Doctrina Social de la Iglesia, y que tiene aristas complejas, para el nuevo año.

Eso sí, les dejo con la música de Las Palabras de Magneto (letra de Angélica Vale) con las que abría este artículo, no sin enviarles a todos mi deseo de una feliz Navidad.