La justicia entre guerras

A finales de diciembre se elige la palabra más importante del año. Pugnaban, entre otras: fentanilo, guerra, polarización…, lo que nos indica que no ha sido un buen año. Otra de las palabras que ha irrumpido con fuerza es lawfare, aunque sin desbancar a las anteriores. El término utilizado por algunos grupos políticos se asocia a "guerra judicial" entendiendo por tal la utilización de la justicia con fines políticos, y a ello se une la pretensión de exigir responsabilidades a los jueces como resultado de la apertura de comisiones de investigación de las Cortes.

Esto supone, por una parte, el reconocimiento implícito de la existencia de una guerra judicial, utilización de la justicia con fines espurios y, por otra, el sometimiento del poder judicial al legislativo, en una especie de dación de cuentas de los jueces ante los diputados.

El poder judicial se basa en el principio de la independencia con relación a cualquier poder externo y en la ausencia de directrices que puedan serle impuestas procedentes, tanto de una fuente externa, como de la jerarquía interna de cualquier clase que sea. El control por el Legislativo de la actividad judicial supone la ruptura del principio de separación de poderes.

Hay que recordar que el juez no está exento de responsabilidad, el juez rinde cuentas ante la sociedad. Primero, a través de la motivación de sus resoluciones y del sistema de recursos, este es el único medio para revocar o modificar una resolución judicial ya dictada. Cada juez explica su actuación y sus resoluciones a las partes en litigio que se someten a la justicia. En ningún caso se puede obligar a los jueces a explicar públicamente los motivos de las sentencias que dicten.

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Pero, además, si un juez está implicado en actos inapropiados, se le exigen responsabilidades mediante un procedimiento disciplinario, que puede terminar con la separación del servicio y también, en su caso, la aplicación del derecho penal, igual otras autoridades y ciudadanos, entre las que se encuentran la prevaricación. Por lo tanto, el sistema ofrece mecanismos del control de la actividad judicial, que son las habituales en un Estado de derecho.

La separación de poderes es esencial en un Estado democrático de derecho. Por eso la relación entre los poderes debe ser de respeto mutuo y colaboración. En principio, el poder judicial debe aceptar las críticas como parte del diálogo entre los tres poderes del Estado y con la sociedad en su conjunto.

La separación de poderes es esencial en un Estado de derecho. La relación entre los poderes debe ser de respeto mutuo y colaboración

Ahora bien, existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, por otra parte. Esto último puede abrir una inadmisible guerra verbal contra el poder judicial en su conjunto y contra jueces en particular. La presión sobre los jueces puede afectar al cumplimiento de su función constitucional de resolver, de modo claramente independiente e imparcial, los pleitos entre ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado.

La presunción de que los jueces actúan movidos por motivos políticos y la guerra verbal abierta contra ellos deteriora la confianza de los ciudadanos en la justicia. Uno de los pilares de la democracia, como es el poder judicial, se socava desde su base, convirtiendo lo que debería ser una roca en tierra fácilmente erosionable, lo que resulta perjudicial para la sociedad y la democracia, a las que los jueces prestan servicio y protección.

La defensa del poder judicial en definitiva es la defensa de que los derechos de los ciudadanos están garantizados en condiciones de igualdad por jueces independientes e imparciales, por eso cada ataque personal a un juez debilita la democracia y supone un ataque a la sociedad en su conjunto. La justicia debe estar al margen de batallas políticas.

*Francisco Pleite Guadamillas, magistrado.