El choque entre políticos y jueces encarna la crisis de las democracias

En España se está agravando el conflicto entre el Gobierno y el poder judicial. El primero siente que el segundo quiere sabotear su agenda legislativa. El segundo piensa que las referencias de algunos ministros al lawfare y la posible creación de comisiones parlamentarias que lo controlen están destruyendo la separación de poderes.

El conflicto es grave y erosiona la calidad de la democracia española. Pero se trata de un choque que no es exclusivo de España, aunque sin duda la concepción del poder de Pedro Sánchez y la necesidad de satisfacer a sus socios lo agraven. Se trata de un enfrentamiento que se da en la mayoría de los países democráticos y que poco a poco se está convirtiendo en su rasgo político más definitorio. De hecho, encarna la crisis de la democracia que ahora estamos viviendo en todas partes. Veamos algunos ejemplos.

Del presupuesto a las candidaturas

A finales del año pasado, el Gobierno alemán cogió una partida de 60.000 millones de euros reservada inicialmente para la pandemia y la destinó a financiar la transición energética. El Tribunal Constitucional dijo que era ilegal. El Gobierno acató y decidió que, para compensar el desequilibrio presupuestario, recortaría gastos y subiría algunos impuestos. A causa de ello, se están produciendo fuertes choques entre los socios de la coalición y su popularidad está por los suelos. Algunos economistas ya dan por hecho que se reducirá el ya magro crecimiento del PIB. En Alemania, se toman muy en serio la separación de poderes, y apenas se ha discutido la legitimidad del Constitucional. Pero muchos, educadamente, se han hecho la misma pregunta: ¿tiene sentido que un tribunal impida que el Gobierno disponga de sus propios recursos como mejor le parezca?

En Estados Unidos, el conflicto entre la voluntad democrática y los jueces es potencialmente más dramático. Donald Trump está acusado por una serie de delitos vinculados a su intento de subvertir las elecciones de 2020. El juicio empezará el 4 de marzo, en mitad de unas primarias que Trump, casi sin duda, ganará. Si es condenado podría ir a la cárcel, pero eso no le haría perder su derecho a presentarse a las elecciones. ¿Puede un presidiario ser presidente? Lo decidirá el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse también sobre la posibilidad de que una enmienda constitucional, que veta la actividad política a quienes han participado en una insurrección, impida presentarse a Trump, que tiene una intención de voto que ronda el 50%.

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P.J. Armengou. Tel Aviv

En Israel, el Gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó una reforma judicial que resta poder de veto al Tribunal Supremo, al que acusa de alinearse siempre con la izquierda y de coartar sistemáticamente la voluntad expresada por el pueblo en las urnas. Pero ese Tribunal Supremo la ha derogado antes de que entre en vigor. En Reino Unido, la mayoría conservadora de la Cámara de los Comunes y el Gobierno de Rishi Sunak están muy molestos con el Tribunal Supremo, que tumbó sus durísimas leyes para frenar la inmigración, unas leyes que, dicen, el pueblo reclama con urgencia.

Los ejemplos son incontables. De todos ellos se podría decir que, en realidad, no son difíciles de dirimir: la separación de poderes es sagrada, los políticos no deben cuestionar lo que digan los jueces y no hay más que hablar. Así lo creo yo. Sin embargo, buena parte de los ciudadanos parece pensar de una manera distinta. En un momento en que las crisis se acumulan, piensan que los jueces están bloqueando de manera sistemática la voluntad popular de la que emanan los gobiernos y las mayorías parlamentarias. Y que esa intromisión está paralizando la capacidad de estos de obrar de acuerdo con sus prioridades. Incluso, en casos extremos, que están vetando la llegada al poder de quienes podrían contar con el apoyo mayoritario, como es el caso de Evo Morales —al que el Tribunal Constitucional de Bolivia impedirá que se presente a la reelección después de afirmar, en una sentencia anterior, que esta es legal— o, potencialmente, de Trump. Los políticos que protagonizan esta clase de conflictos están utilizando ese apoyo en su favor. Porque muchos de ellos, sean de izquierdas o de derechas, están literalmente hartos de la separación de poderes.

Las razones de un conflicto

Este conflicto no es nuevo, pero se ha recrudecido por dos razones. En primer lugar, los nuevos partidos y líderes populistas se han aficionado a vivir al límite de la ley. Los partidos independentistas catalanes, los impulsores del Brexit o los partidarios de Trump, por ejemplo, tienden a considerar que los ejecutivos no deberían estar sujetos a la ley, porque su concepción plebiscitaria de la democracia les concede, creen, poderes absolutos. Pero hay algo más: muchos políticos de partidos tradicionales, como el PSOE, consideran que los métodos de gobierno habituales ya no son suficientes para solventar los nuevos problemas a los que se enfrentan las democracias —en nuestro caso, la conformación de una mayoría suficiente para formar y sustentar un Gobierno—, y han decidido utilizar medidas que son novedosas y que fuerzan las reglas.

Los gobiernos de países con instituciones débiles saben muy bien cómo actuar ante eso. En El Salvador, en cuanto Nayib Bukele contó con una mayoría parlamentaria, destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En Polonia, el Gobierno del PiS intentó purgar a los miembros del Tribunal Supremo que no le eran afines reduciendo la edad de jubilación y creando un comité disciplinario que vigilara sus decisiones. En otros países con instituciones más fuertes, como Estados Unidos o España, se limitan a llenar el Constitucional de magistrados afines, a veces con escandalosos vínculos con el partido del Gobierno.

Este conflicto irá a más. Los partidarios de la estricta separación de poderes insistiremos en la plena legitimidad de los jueces para derogar medidas del Ejecutivo o el legislativo. Pero será en vano. Uno de los rasgos que caracterizan las democracias actuales es el conflicto entre jueces y políticos. Uno de los rasgos que caracterizarán las democracias del mañana será un poder judicial mucho más sometido a la voluntad de los políticos. España, me temo, estará entre los países que, incluso aunque tengan instituciones fuertes, lideren ese proceso.