Recuento antes de la batalla

La amnistía que el presidente Sánchez intenta perpetrar en estado de necesidad no será, en caso de que prospere y al margen de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, el fin de nada, sino el principio de todo. El principio de un nuevo proceso, esta vez de alcance general español, que tomará cuerpo en tres etapas: 1ª. Exaltación de la plurinacionalidad: Cataluña, Navarra, Euskadi y Galicia son naciones, pero España no lo es, pues es solo un Estado, es decir, una estructura jurídica vacía de contenido nacional propio. 2ª. Establecimiento de relaciones bilaterales (cogobernanza) entre el Estado y las distintas naciones que lo integran. 3ª. Conversión del Estado autonómico en un Estado confederal sobre la base de las relaciones bilaterales existentes y en virtud de un proceso de mutación constitucional validado por un Tribunal Constitucional que “no tema mancharse las togas con el polvo del camino”. El desenlace de este proceso será la quiebra del Estado autonómico (un Estado unitario) y, por consiguiente, el fin de España entendida como un espacio de solidaridad primaria e inmediata en el que todos los españoles son iguales.

Hay que añadir, acto seguido, que la mayoría autodenominada progresista es, en efecto, una mayoría sólida. ¿Por qué razón? Existen dos: 1ª. El Partido Socialista ha vuelto, con Zapatero y Sánchez, a su ser natural: el radicalismo de Pablo Iglesias Posse y de Largo Caballero (no de Besteiro); un radicalismo que ha mutado en populismo a partir de 2015, razón por la que el PSOE de González fue una excepción en la historia del PSOE. 2ª. El PSOE actual ha recuperado también su antigua querencia (Pacto de San Sebastián, en 1930) a pactar con los separatistas de toda laya para conformar una mayoría parlamentaria imbatible: PSOE + izquierda radical (Sumar) + derechas separatistas catalana y vasca.

La argamasa que hace compacta esta coalición es el desafecto de una parte significativa de la izquierda española y el odio de todos los separatistas a España, a la que rechazan como realidad histórica nacional y como proyecto político. Esta izquierda ve en España solo un artilugio jurídico de dominación al servicio exclusivo de "los que llevan siglos asentados sobre el Estado", usufructuándolo en beneficio propio, por entender que "su patria" es "su finca". Y las derechas separatistas consideran que España no es una nación, sino tan solo “una cárcel de pueblos”, un Estado que las tiene sojuzgadas, las explota y del que piensan irse cuando les convenga..., si es que les conviene.

El resultado de la sostenida acción política de esta mayoría progresista es previsible: una grave crisis del Estado y la apoteosis de las taifas. A esta crisis del Estado contribuye la profunda erosión institucional que se manifiesta —por ejemplo— en dos hechos: primero, la sostenida deslegitimación de jueces y tribunales, que ha llegado al reiterado insulto frontal en sede parlamentaria, consentido con su silencio por la presidenta Armengol. Los separatistas autores de estos insultos lo hacen porque tienen claro que la defensa del Estado víctima del golpe perpetrado en Cataluña a resultas del procés, así como la erradicación de los gravísimos desórdenes que lo acompañaron, fue obra del poder judicial, que suplió el vacío dejado por el ejecutivo, en uno de los episodios más deleznables de la moderna historia de España, que acompañara siempre como un estigma a quienes fallaron con desdoro aquellos dramáticos días.

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Segundo, la falta de respaldo y dotación suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de quienes más obligados están a proporcionárselos: sus mandos políticos, desde los inmediatos al más alto. Un ejemplo: resulta bochornoso pensar en el criminal ataque sufrido por seis guardias civiles en el puerto de Barbate el viernes 9 de febrero. Y aún resulta más doloroso contemplar, en alguna grabación espontánea del suceso, el jolgorio obsceno y miserable con el que un numeroso grupo de tipejos, auténtica purria humana, celebraba las embestidas de la narcolancha. Hasta la fiscal antidroga de la zona se ha quejado de la falta de medios de la Guardia Civil. Total, soledad y precariedad, que no se compensa luego con palabras y una medalla. El presidente de Gobierno debió acudir de inmediato, antes que a los Premios Goya, al lugar de los hechos para respaldar con toda su autoridad a los Guardias Civiles servidores del Estado, dos de los cuales entregaron por él su vida.

Ahora bien, sería muy injusto atribuir a los políticos toda la responsabilidad por este ataque sostenido al Estado. Muchos medios de comunicación de toda España —“desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca”— contribuyen a su descrédito, como tropas auxiliares que son, al servicio de quien les motiva; pero, eso sí, haciendo continuos mohines de exquisita pulcritud democrática y dando lecciones de buen hacer a diestra y siniestra. ¡Algo patético, por muchas ínfulas que tengan, muchos relatos que pergeñen y mucha pose pontifical que adopten! Y tampoco podemos tirar la primera piedra muchos ciudadanos, que miramos hacia otro lado con un deje de desdén o de insinuada superioridad. ¡Pura miseria moral!

Opinión

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¿Superará el Estado esta grave amenaza? Depende de nosotros, la mayoría de los españoles. Depende de que tomemos conciencia clara de la situación y nos manifestemos de todas las formas posibles en defensa del Estado, amparando con nuestra solidaridad y apoyo, explícito y real, a todos aquellos servidores del Estado que actúen en su defensa desde el puesto que la ley les señala. Sin una mala palabra, sin un mal gesto y sin una mala actitud. La batalla no está perdida, pero hay que librarla sin temor y sin jactancia, con perseverancia y con coraje. Fieles a la historia, defendamos la herencia recibida, es decir, a España como entidad de solidaridad primaria e inmediata, en la que todos los españoles sean iguales. La razón nos asiste y la ley nos ampara. Desde la ley, con la ley y por la ley.

*Juan-José López Burniol es abogado.