Recuperemos el control

Ante la última tanda de escándalos de corrupción política, que precede a la siguiente que vendrá y sucede a las que vinieron, no es de extrañar que la puerta de los leones de la carrera de San Jerónimo permanezca cerrada para evitar que el mal olor se expanda por vía tan principal, y que mejor se desparrame por los laterales.

El propósito es tan viejo como la humanidad: intentar apropiarse de manera fraudulenta la mayor parte de dinero público posible.

Cuando el Estado era mínimo, la corruptela afectaba sobre todo a los contratos de Defensa. Muchas fortunas actuales se labraron a golpe de amaños en los suministros de armas, uniformes (a veces rizando el rizo criminal, como la corrupción conjunta de militares y Joan March para vender armas españolas robadas, a los rebeldes marroquíes que les mataban) o fletes de tropas. Otras veces –como en el caso del marqués de Comillas- con el transporte ilegal de esclavos o el sobreprecio de los uniformes para el Ejército de la guerra de Cuba. Las más de las veces el contrabando, de alturas y de bajuras.

Cuando en el estremecedor e imprescindible libro Un pueblo traicionado. España de 1874 a nuestros días. Corrupción, incompetencia política y división social de Paul Preston, se repasan los sobornos y latrocinios de un primer ministro (Alejandro Lerroux), de los infinitos saqueadores en la dictadura de Primo de Rivera, de los generales de Franco que subastaban a aliados y nazis su neutralidad con coimas multimillonarias o la hipocresía de Franco y su familia disfrazando de austeridad los robos legalizados desde el poder, la verdad es que a uno le dan ganas de renunciar a la nacionalidad. Pero, como diría un castizo: "¡Pa' qué!".

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En la historia reciente, los contratos de obra pública eran la ubre fundamental para robar fondos. Pero no solo: la mafia italiana confesaba que más dinero que los contratos incumplidos de recogida de residuos, la extorsión o la trata de personas (sexual o laboral), la falsificación de supuestos de dependencia o de acogimiento a refugiados o a inmigrantes, había triplicado sus ingresos fraudulentos. La Gürtel exploró el filón de los eventos y las fiestas municipales, y la pandemia, finalmente, fue la Champions de los corruptos, una orgía de latrocinios basada en la suspensión de las reglas de contratación, que alumbró el siguiente capítulo de Medinas y Luceños estafando a los madrileños, Koldos y similares o el novio de la que le gusta la fruta y, a lo que parece, también los áticos de lujo y los Maseratis si los paga otro.

Cuando este robo se hace por delincuentes hábiles o que explotan la carencia de medios de la Administración (la mejor garantía de prosperidad para los estafadores junto a la no-normativa de los paraísos fiscales) la solución es aprender y corregir los agujeros por los que se cuelan, poner más medios, aplicar sanciones disuasorias, adaptar las leyes o buscar la cooperación internacional.

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Pero cuando el robo se hace por los propios políticos en connivencia con empresarios desaprensivos, la cosa es peor.

Y dentro de esta variante de ladrones, aquella en la que los políticos roban para el partido (y de paso se llevan su tajada o su comisión), es, para mí, la peor. Al fin y al cabo, un ladrón de los de siempre solo roba dinero, pero cuando un servidor público roba y dice que él no se ha llevado nada, que es para el partido, roba la legitimidad de las instituciones y el destrozo en la convivencia es mayúsculo. Destruye la credibilidad de nuestro sistema.

Por eso me parece especialmente vergonzosa la modificación legal por la que se rebajaron las penas hasta hacerlo rentable en el nuevo Código Penal.

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En efecto, al amparo de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso (hay que ver el título, que disuade de leerlo al más pintado) se introdujo una enmienda no prevista en el texto inicial.

Tras un pacto del PSOE con ERC (y con los demás partidos disimulando, pero aprovechándose de ello) se revocó la modificación de 2015 que endurecía el castigo a los corruptos. ¡Qué poco dura en nuestro país el espíritu regeneracionista!

Ahora si robas más de 50.000 euros y es para quedártelo, te pueden caer hasta ocho años de prisión. Pero si robas para el partido, te caen de seis meses a tres años (salvo si te pillan y no lo devuelves en diez días, que entonces sí, te aplican las penas gordas).

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O sea, contratos hinchados, o subvenciones fraudulentas que alimenten campañas electorales o maquinarias de los partidos, un tratamiento muy caritativo. Y en la calle la gente parece entenderlo: “Total, él no se ha llevado ni un duro”...

Curiosamente, si prospera el proyecto de ley estrella, se van a poder amnistiar delitos de malversación de dinero público aplicados el procés, por la cosa de la convivencia, pero no podrán amnistiarse “los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”. En cristiano: si robaste de los presupuestos catalanes para la independencia, amnistiable, si aplicaste fondos europeos a lo mismo, nanai. Es una cosa rara.

Bueno, y todo esto, ¿a dónde nos lleva?

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A que no podemos dejar solos a los políticos para que regulen su propio estatuto, no les podemos dejar solos, porque siempre barrerán para casa, para sus propios intereses, los de lo que cada uno llame como quiera: clase política, casta, élites extractivas… Quizás no haga mucha falta argumentos para abundar en su descrédito, pero una autoridad en partidología como el extodo José Bono, decía en las primeras páginas de sus memorias “Se levanta la sesión” que los partidos están muertos a manos de sus mandamases...¹

Y ¿cómo salir del bucle de la exclusividad legislativa a cargo de los representantes electos designados por partidos con lista cerradas y pésimo funcionamiento democrático? Pues, como en el famoso eslogan del Brexit, “recuperando el control”.

En una reciente tribuna avanzaba un precedente de empoderamiento directo a los ciudadanos:

“Y como perro no come carne de perro ni ningún ganadero pone a la zorra a cuidar de las gallinas, tenemos que diseñar mecanismos de control a los partidos que no decidan los partidos.

Cuando en Chile o en Islandia se había tocado fondo se recurrió… a los ciudadanos. Elegidos por sorteo. Representativos, capaces de decidir, al igual que votan en las urnas sin examen de títulos ni de preparación, sobre textos preparados por expertos con alternativas. De redactar y aprobar, nada menos que un proyecto de constitución. Se puede“.

Hoy quiero avanzar un poco más en este argumento trayendo otros dos momentos cruciales del funcionamiento de la democracia en los que los ciudadanos cobran el protagonismo y recuperan esa delegación hacia sus representantes que tan dañina es cuando se trata de autorregularse: me refiero a administrar justicia y al control de los resultados electorales.

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El art. 125 de la CE estableció que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”

Cada dos años todos los habitantes de la provincia mayores de 18 años entran en un sorteo aleatorio en el que se designa a los candidatos. Cada vez que se tiene que formar uno, se acaba designando a 25 personas, entre las que se hace una segunda selección. Esta elección se hace en la Audiencia. Acusaciones y defensas seleccionan a los 11 miembros que finalmente formarán el jurado. Nueve titulares y dos suplentes.

Algo de tanta gravedad como declarar la culpabilidad o inocencia de un acusado, en delitos como asesinatos, homicidios o robos con violencia, pero también desde 2017 las violaciones de domicilio, el cohecho por parte de un funcionario o cargo público o la omisión de socorro en un delito de tráfico, lo deciden ciudadanos corrientes, para que luego el juez aplique la pena. Por supuesto que condicionados y asimilando lo que dicen las partes acusadora y defensora, abogados y fiscales y con las indicaciones del juez. Pero son ellos los que deciden.

Cuando los partidos se han puesto a regular el sistema electoral, los expertos han criticado la aproximación partidista y de cálculo interesado

Igualmente, la llamada Administración electoral es conformada por los ciudadanos y con una referencia mínima en la Constitución: el art. 81.1 apenas dice: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”. Nada más.

Cuando los partidos se han puesto a regular el sistema electoral, todos los expertos han criticado la aproximación partidista y de cálculo interesado más que la búsqueda del interés público. Tanto en el Estado (se ha buscado la estabilidad parlamentaria…) como en las CC. AA. (las comarcas electorales catalanas se hicieron para favorecer el voto rural frente al urbano), aunque analizar ese hilo nos llevaría lejos y quedará para otra tribuna).

Pero, a lo que nos interesa, miles de electores conforman las mesas en las que los ciudadanos depositan su voto, hacen el recuento, elevan las actas a la Junta Electoral... Y funciona a la perfección desde hace muchos años. Supervisado por las juntas electorales, sí, pero las mesas las forman ciudadanos corrientes.

Solo renunciando al privilegio de autorregularse se puede empezar a recuperar el prestigio y la credibilidad de los políticos

Pocos saben que hasta 1995 y derogado precisamente por la ley del jurado, existía una antigualla llamada antejuicio, un trámite previo, que se establecía como garantía a favor de jueces y magistrados, en el que se decidía si había lugar o no a proceder criminalmente contra ellos por razón de su cargo, cosa que decidía... otro juez. Unos cuantos años antes, en 1957, la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado anuló el privilegio del permiso que debían otorgar los órganos o autoridades superiores jerárquicos determinados por la ley como condición imprescindible para que se pudieran tramitar denuncias o incoar procedimientos penales contra los funcionarios públicos por hechos relativos a sus funciones.

Muchos privilegios han sido eliminados. Ahora toca seguir haciéndolo. Creo que solo renunciando al privilegio de autorregularse y creando un mecanismo de decisión ciudadana directa para aprobarse el estatuto de los políticos (retribuciones, incompatibilidades, pensiones, registros de intereses, asesores a su disposición, aforamientos, etc.) se puede empezar a recuperar el prestigio y la credibilidad de los políticos. Elegidos por sorteo representativo, asesorados por expertos, como en los juicios por jurado o en las elecciones, pero garantizando una nueva separación de poderes (hoy arruinada) recuperando parcelas de decisión por los propios ciudadanos.

Ese mecanismo puede ampararse en las actuales competencias de las cámaras que ratificarían formalmente lo acordado sin posibilidad de cambiarlo, quitando la reserva de Ley o diversos mecanismos a perfilar.

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O nos ponemos a ello o el desgaste del actual sistema se volverá insoportable... si es que no lo es ya.

Recuperemos el control.

*Luis Cueto Álvarez de Sotomayor. Funcionario del Estado.

1“Los jefes se han apropiado de los partidos; los electores cuentan menos que los militantes; los militantes, menos que sus dirigentes, y los dirigentes, menos que el líder. Como dice José Antonio Gómez Yáñez: «Los partidos están bastante malitos y han envejecido aceleradamente. ¿Cuál es el problema? Que los necesitamos. No hay otro instrumento». Un buen amigo me decía hace poco tiempo que los partidos parecen haber pasado por la mano de un eficaz taxidermista: los ha vaciado por dentro, les ha quitado las vísceras, pero la apariencia exterior no delata todavía la ausencia de vida”