Tristes espectáculos políticos

Los partidos políticos tienen una necesidad permanente de mostrarse con un fondo de ideas y programas que den fe de su actividad y compromiso con la búsqueda de la eficacia y la mejora. Pero esos deseos requieren capacidad para cumplir con lo que se dice, y, por supuesto, no excederse en la manipulación de los hechos, pues eso da paso al abuso de la mentira. En el panorama nacional se observan las líneas más o menos claras por las que discurre la actividad de cada uno de ellos. Pero el problema es que, por lo común, no les queda otra que seguir la senda que han elegido, aunque en apariencia lancen ideas para mostrar otra cosa.

El PSOE, y es el primer ejemplo, enzarzado y atrapado con su ley de amnistía, perfecta y oportuna según sus dirigentes, pero que está llamada a ser el primero de los errores que puede llevarlos al hundimiento, se esfuerza por dar la imagen de partido que está cumpliendo un programa de gobierno, que no se reduce a lo de la amnistía, aunque parezca que esa va a ser su única tarea legislativa (en unión de la grave renuncia a los presupuestos) hasta las próximas elecciones. Esa imagen no se puede dar, y para evitarlo hay que improvisar cada día cuál habrá de ser la siguiente acción política, no vaya a creer la gente que con lo de la amnistía agota su fecundo caudal de ideas.

En esa línea anuncia, una vez más, que va a abolir la prostitución a través del derecho (especialmente, del derecho penal). La 'idea' no es nueva, pues ya había sido intentada en el pasado, terminando con la renuncia al proyecto, tal vez porque incluso para los técnicos del PSOE eran excesivos los obstáculos jurídicos que se alzaban. Realmente, si tan fácil es conseguir algo así –dejando de lado el trasfondo ideológico y moralista- habría que aprovechar esas habilidades técnicas para suprimir, de paso, la corrupción, la gripe o la codicia, por citar solo algunos problemas. Pero el propio Sánchez dijo que la abolición de la prostitución era una promesa pendiente, y, siendo así, no cabe hablar de problemas jurídicos o sociales.

Al parecer, esos obstáculos han dejado de existir o de importar, pues el gabinete de pensamiento, o el propio Sr. Bolaños, en rol de gurú, señalan las claves, que pasan, por lo oído, por entender que todo lo relativo a la prostitución es atípico en estos momentos, ignorando la regulación del proxenetismo, de la explotación, o de la trata. Todo eso se prohibirá “adecuadamente” ahora, partiendo de una idea muy sencilla y que al parecer dará base a toda la ampliación de la intervención penal: la prostitución quedará prohibida, y, desde esa idea nuclear, se extraerán fácilmente las consecuencias, ignorando la libertad personal, pasando a declarar nulo el consentimiento libre de la persona prostituida o trabajadora sexual y penalizando en todo caso a los clientes. Claro está que previamente habrá que describir con rigor lo que es un “acto de prostitución”, tarea complicada, y las ideas que, sobre el tema, así como sobre la intervención penal del Estado, están presentes en el ámbito feminista, o social o constitucionalista son muy enfrentadas. Pero eso carece de importancia cuando el objetivo es pura y simplemente “mostrar una agenda” llena de proyectos y lo de menos es que sean o no realizables.

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El caso de Sumar es más patético, pues no solo debe demostrar que tiene sus propios proyectos de reforma, y no solo los que haya podido pactar con el PSOE, sino algo más complicado, demostrar su existencia como ente político, cosa difícil al ser un constructo en el que cada pieza tiene sus propias ruedas, a su vez, asimétricas, y se mueve con un rumbo diferente, y, para rematar el artilugio, no tiene ni volante ni conductor. El resultado es visible: lo que 'representa', aparentemente, a Sumar en cada comunidad autónoma o ciudad sigue la línea que quiere yendo exclusivamente a su bola, y para muestra, los posicionamientos de los 'comunes' en Barcelona o en Cataluña distanciándose de lo que desee esa cosa llamada Sumar.

Claro está que en la 'dirección' del invento se siente la necesidad de “marcar perfil propio”, y para ello nada como lanzar ideas revolucionarias como prohibir cenar tarde en la restauración pública, idea de la Sra. Díaz inspirada en una sesuda reflexión socioeconómica sobre la hostelería y el turismo, y que ha logrado enfadar a tirios y a troyanos, sin entrar en los que se han partido de risa. En la misma línea de aportar brillantes ideas para mostrar la profundidad de su proyecto, la misma señora propone también la supresión de la jurisdicción militar, porque, en su opinión, en ella no cabe la tutela judicial efectiva. Afirmación tan grave no va acompañada de justificación alguna apoyada en datos reales. El derecho penal español se integra por el Código Penal común u ordinario y el Código Penal Militar, que describe las infracciones que constituyan delitos militares, que son aquellos en los que el bien jurídico afectado es específicamente militar. Más allá de ese punto de partida en cuanto a la norma aplicable, las garantías constitucionales del proceso penal son esencialmente las mismas, y la jurisdicción militar culmina en la Sala V del Tribunal Supremo. Pero según la mencionada señora, un accidente lamentable, en Cerro Muriano, que costó la vida a dos militares, no será debidamente investigado porque no entra en la competencia de la jurisdicción ordinaria. Dislate que no merece comentarios.

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No andan lejos, en cuanto a despropósitos, los mimados partidos independentistas, que, además, están inmersos en procesos electorales. Puigdemont, esclarecido y fugado líder, beneficiado potencialmente por la amnistía, y ejemplo de la recuperación de la “normalidad” en Cataluña obrada por dicha amnistía –según el Gobierno- sigue reuniendo su Consejo de la República como parte de esa normalidad, amén de su proyectada campaña electoral a realizar en Francia (tal vez, con escolta oficial) a la espera de regresar como presidente de la Generalitat. No está mal como planteamiento de “reconciliación”, para cuya efectividad confía, al igual que su tropa, en la colaboración del PSOE, o, mejor del Gobierno y, si se tercia, de la Fiscalía.

No muy diferentes son las manifestaciones públicas de ERC y sus dirigentes máximos, los señores Junqueras y Aragonès. El primero se felicita porque la Comisión de Venecia haya dicho sobre la amnistía lo mismo que sostenía ERC, lo cual es falso, como todo el mundo sabe. En cuanto al segundo, no puede menos que reconocer su capacidad para las analogías absurdas y los propósitos desafiantes. Entre las primeras destaca su tesis de que, si se consiguió el traspaso de las competencias en materia de trenes de cercanías, 'mutatis mutandis' se tendrá que conseguir también el referéndum de independencia, y, de no ser así, retirará su apoyo al PSOE. Del citado referéndum han trascendido algunos aspectos disparatados que, por ahora, no han tenido la respuesta contundente que merecen, como exigir la circunscripción única y no por provincias, o imponer que no haya un mínimo de participación necesario, o que la pregunta sea escueta y sin alternativas. Mientras tanto, continuará sin respetar al Rey ni a los Tribunales ni a las Fuerzas Armadas, no gratas en su Cataluña, pero, en paralelo, reclamará la plena soberanía fiscal, a la vez que exige niveles de conocimiento del catalán que en la práctica se tornan en forma de discriminación

Lo peor no es que unos y otros (Junts y ERC, sin olvidar a Bildu) chuleen al Gobierno o escenifiquen eso con sus bravatas, conminaciones y anuncios de futuro, sino el silencio y ausencia de reproche serio y directo por parte del jefe del Gobierno y de sus ministros, lo cual resulta especialmente asombroso no solo en el contexto de la campaña electoral que está desarrollándose en Cataluña, sino también por el respeto que merecen los ciudadanos no independentistas.

Del PP, con su enorme tamaño e implantación en toda España, cabría esperar bastante más de lo que hace o dice. Es sabido, pero no es nada nuevo, que no transige con el independentismo, y que sostiene ideas ora liberales, ora conservadoras en sus programas y declaraciones. Pero bueno sería que abriera la panoplia y no se limitara a rechazar el independentismo, sino que fuera más allá y desnudara el ideario social y político independentista, que es abiertamente conservador, cuando no supremacista y xenófobo (incluyendo a los españoles). Claro que no es descartable (no sería la primera vez, pues ya lo hizo con CiU) que el PP llegara un día a pactar con Junts, que no deja de ser neoconvergente, y, ante esa perspectiva, prefiera no profundizar en las críticas.

Y, entre tanto, el 'españolito' observa, desolado, cómo la nave va hacia las cataratas.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.