Renfe no tiene una web decente, pero el Gobierno impulsará una inteligencia artificial cuatrilingüe

A los políticos les gusta mucho hablar de la digitalización de la administración pública y de su apuesta por la tecnología. Les hace sentir modernos y emprendedores, y creen que transmite a los ciudadanos que el Estado va a ser su amigo y lo digital, un servicio público. Con la llegada de la inteligencia artificial la tentación se ha vuelto irresistible. En las últimas semanas, Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno han hecho anuncios vinculados a ella que difícilmente podrán cumplir. O que son, simplemente, postureo.

La capacidad del Estado en el mundo digital es muy desigual. La digitalización de la Agencia Tributaria es buena. Descargarse e instalar un certificado digital o el DNI electrónico es insufrible, pero una vez instalados, a pesar de que utilizan tecnología atrasada, funcionan. Uno no puede comprar letras o bonos en la web del Tesoro sin que el navegador le avise de que la página no es segura, lo cual no es muy tranquilizador cuando se trata de transacciones de unos cuantos miles de euros. Pese a años de quejas, la web de Renfe, una de las empresas públicas con las que más ciudadanos interactúan a diario, es un desastre. Si no hubiera sido por las dramáticas circunstancias, la aplicación Radar Covid nos habría parecido el mejor chiste que el sector público nos ha contado en mucho tiempo.

A pesar de todo ello, muchos políticos, singularmente de izquierdas, creen que el Estado no solo debe seguir digitalizando más y mejor sus servicios, lo cual es necesario, sino que debe competir en innovación con el sector privado. Más Madrid planteó crear una aplicación pública que corrigiera los usos abusivos de Tinder. El exdiputado Odón Elorza pidió la creación de un "Twitter público" para que la discusión pública no estuviera sometida a las decisiones de un algoritmo privado. Hace unos meses, Sánchez anunció una aplicación para detectar si los usuarios son mayores de edad e impedir con ella que los menores accedan a la pornografía. Se trata de un problema, el de la detección de la edad del usuario, que no han sabido solucionar plenamente Google, Microsoft o Meta, pero que el Gobierno cree que puede solventar la Fábrica de Moneda y Timbre, la responsable del desarrollo de la aplicación.

Pero ahora hemos ido más allá. En febrero, Pedro Sánchez anunció en el Mobile World Congress de Barcelona que el Estado invertiría en una inteligencia artificial generativa con la que se podrá interactuar en las cuatro lenguas oficiales del Estado. Ha anunciado también planes de colaboración con Microsoft y, hace diez días, con IBM; con esta última pactó, a pesar de su falta de experiencia en ese campo, desarrollar esa inteligencia artificial cuatrilingüe. El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, aseguró la semana pasada que esa inteligencia artificial estará ya lista "a la vuelta del verano". Además, dijo, el modelo contará "con unos estándares de apertura y transparencia [como no] hay ninguno en el mundo". No me creería ninguna de las dos cosas.

Una ambición lógica

Es lógico que los Estados quieran aumentar su presencia en el mundo digital; más cuando nos encontramos en una nueva oleada proteccionista. Pero, por lo general, no saben hacerlo porque no están diseñados para eso y no son lo suficientemente ágiles como para adaptarse a la dinámica de la innovación. Es legítimo que un Gobierno quiera que su administración se apoye en inteligencia artificial propia para no depender de la elaborada por empresas privadas extranjeras, sobre todo estadounidenses, pero hoy en día muchos altos funcionarios tienen tan capados sus ordenadores y sus correos electrónicos por absurdas prevenciones de seguridad que son incapaces de trabajar funcionalmente; la soberanía tecnológica es, simplemente, inalcanzable.

Opinión

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Es normal que nos preguntemos cómo regular la inteligencia artificial, y que el Gobierno alardee de que, gracias a la presidencia española del Consejo de la UE, hoy disponemos de esa regulación; sin embargo, esta se hizo precipitadamente y, aunque tiene puntos muy positivos, puede hacer que los países de la UE sean aún menos competitivos tecnológicamente. El Estado tiene derecho a impulsar la innovación, y por supuesto a regularla, pero no sabe guiarla porque ese no es su trabajo por mucho que una generación de políticos y altos funcionarios crea que el Estado actual, en palabras de la economista Mariana Mazzucato, debe ser emprendedor como lo fue hace sesenta años.

Las potenciales amenazas de la tecnología, y singularmente de la inteligencia artificial, no son ningún misterio. Pero la mayor parte de soluciones que pueden aportar los Estados a ellas son aburridas y tienen que ver con sus atribuciones clásicas: la protección de los desempleados que genere, la educación de quienes tengan que lidiar con ella, las infraestructuras de seguridad, la detección y penalización de las estafas, la —cada vez más difícil— defensa de los derechos de autor. Pero eso suena muy poco glamuroso comparado con la conversión del Estado en una especie de fondo de capital riesgo o una startup. El Gobierno de Sánchez ha detectado lo seductora que es esta retórica emprendedora. Sin embargo, se trata de una muestra más de la doble naturaleza del Gobierno: por un lado, se ve a sí mismo como una maquinaria tecnocrática y puntera; por el otro, no puede resistir la tentación del postureo.