De la exaltación al ajuste de cuentas

La performance de cinco días organizada por el Sr. Sánchez para que sus huestes reafirmasen su naturaleza de ser necesario frente a la pobre condición de contingentes que tienen todos los demás, está dando paso al siguiente capítulo de una novela que se publica por entregas. Ahora hay que pasar a la denuncia y castigo de los causantes del disgusto del Presidente y, no se olvide, de su esposa, lo que se presenta como necesario proceso de fortalecimiento de la democracia, asediada por quienes quieren destruirla, que, además, han elegido como vía el ataque sistemático al líder.

Para llevar a cabo esa tarea hay que elegir los objetivos más urgentes y buscar el modo y el tiempo adecuado para hacerlo. En cuanto a los objetivos, y basta leer u oír a los apologetas del Presidente, destacan la justicia y una parte de la prensa. Por lo que respecta a cómo y cuando las dudas son más espesas.

Sumar, con su lideresa a la cabeza, ha propuesto la brillante idea de aprovechar el período de tiempo en que las instituciones de la Unión Europea se ven afectadas por el fin de las actividades del Parlamento a la espera de la celebración de las elecciones. La idea debe parecer astuta, pero realmente es vergonzosa, pues equivale a reconocer que se quieren llevar a cabo reformas que en condiciones normales la UE no aceptaría. Ese "atajo" no es admisible, aunque sea comprensible que, en Sumar, pasado el canguelo que los debió atenazar durante los famosos "cinco días", por si la decisión era ir a nuevas elecciones que hubieran podido certificar su proximidad a la desaparición, se haya lanzado el grito de que todo vale y más en una guerra justa, como la que ha de librar el líder contra los demonios que le persiguen.

Otra cosa es que desde Sumar se diga que el Presidente se ha preocupado más de lo que desean los independentistas que de las brillantes y progresistas ideas de la Sra. Díaz. Seguramente es verdad, pero olvidan que el Sr. Sánchez depende de esos independentistas —es la primera causa de sus problemas— para continuar mandando, mientras que ellos dependen del Sr. Sánchez para seguir vivos en política, sin entrar en la viabilidad de sus propuestas, cuestión más que dudosa.

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El "gran enemigo" para el sanchismo, y en eso parece que no hay grandes discrepancias, es la justicia, o, si se prefiere, los Tribunales en general con el Tribunal Supremo a la cabeza. Urge, se dice, una reforma legal que "democratice" la justicia. Que esa exigencia coincida con el nacimiento de procedimientos penales que fustigan al PSOE, sea el caso Koldo o cualquiera otro, incluyendo las actuaciones que afectan a la esposa del Presidente, no es casual. Pero lo que llama la atención es la oquedad de la proclama. Se dice que es precisa una intervención quirúrgico-legal en el campo de la justicia, pero sin concretar cuál ha de ser su objeto, aunque cualquiera pueda ver que el leitmotiv es, sin género de duda, la independencia o, visto desde otro ángulo, la dificultad para controlar las decisiones judiciales. ¿Pero cómo se puede lograr ese objetivo?

Se dice que hay que desatascar el problema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y es verdad, y de la actual situación tiene la mayor culpa el PP, y negarlo no sería justo. Pero de la incapacidad para llegar a un punto medio entre lo que exige cada uno tienen la culpa tanto el PP como el PSOE, y a la ciudadanía no se la puede despachar diciendo que la culpa es del otro. Tanto uno como otro han dado una pobre imagen del respeto debido a las instituciones constitucionales.

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Pero volvamos al programa de regeneración democrática que se anuncia como inaplazable. Un primer recurso, ya puesto en marcha, y sobradas muestras de ello hemos podido ver en los últimos meses, es el control férreo del Ministerio Fiscal por parte del Gobierno. El Ejecutivo está poseído por la idea de que el Fiscal General y el Ministerio Público tienen que hacer lo que convenga al Gobierno y, en consecuencia, se ha de disciplinar militarmente a toda la Fiscalía, sin escamotear medidas o sanciones. Los conflictos y las diferencias abismales de criterio entre el Fiscal General y la Junta de Fiscales de Sala se han producido una y otra vez, y se seguirán dando, puesto que la idea del Gobierno es que a través de la Fiscalía se puede y debe cortar el acceso a los Tribunales, y, si el problema está ya en sede judicial, se pueden marcar límites a lo que puedan estos decidir.

El problema, para que la idea funcione, es que se pueden colar acusaciones populares que den vida a procedimientos guste o no al Gobierno. Personalmente, y lo he escrito muchas veces, soy contrario a la acción popular en el modo en que opera en España esa institución, claramente necesitada de una reformulación, respetuosa con su acogida constitucional, pero que nunca se ha querido hacer.

Tal vez ahora se vea la oportunidad de llevarla a cabo, pero es difícil hacerlo de tal manera que incida específicamente en los temas que enfurecen al Gobierno. Pero no es descartable que se intente la operación, por mucho escándalo que genere o, incluso, conflicto constitucional. Es cierto que muchos juristas españoles son partidarios de fortalecer el principio acusatorio público, en aras de conseguir un tipo de proceso similar al usual en otros Estados de Europa occidental. Pero la primera condición para llevar adelante esa obligada reforma es articular de otro modo la relación entre el Fiscal General y el Gobierno, y, si no es así, la censura de la UE sería inevitable.

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Sin poner en duda la capacidad del Gobierno para meterse alegremente en ese jardín sin medir las consecuencias, hay que prestar atención a lo que se dice en relación con el otro gran enemigo del Presidente, lo que se traduce como enemigo de la democracia, identificada con el respeto sacrosanto a su persona y a sus decisiones. Se trata de la prensa o los medios de comunicación. Desde el entorno sanchista se ha dicho que es preciso desnudar a esos medios para que se sepa quién está detrás de ellos. Por supuesto, esa exigencia de transparencia se refiere exclusivamente a aquellos medios o periodistas que no aplauden las decisiones del Ejecutivo, sino que as critican con dureza, incluso con extrema acidez rayana en la crueldad, según se dice. De lo que viene en llamarse "medios afines" nada hay que decir, aunque en la mente de todos los observadores de la realidad está la relación de cuáles son esos.

Es evidente que la divulgación de datos referentes a la propiedad de los medios de comunicación no puede tener la fuerza mágica de acabar con todo lo que molesta al Gobierno, pero sería ingenuo creer que después de los “cinco días” no se pondrá en marcha ningún proceso de vendetta por el sufrimiento del líder y de su familia, y, en un escalón, menor del PSOE.

Los meses que se avecinan vienen grávidos de seguras sorpresas, que irán entrando en escena según se desarrolle un guion del que solo conocemos datos temporales, pero no de contenido. En cabeza, por supuesto, las elecciones catalanas y todo lo que el inefable Puigdemont puede llegar a pedir a cambio de sus siete votos, o lo que en la misma línea pueda exigir ERC. Oyendo a sus voceros da la sensación de que Sánchez ya les ha garantizado el referéndum de autodeterminación. El otro episodio de la serie serán las elecciones europeas y la posibilidad de que el PSOE las pierda con claridad. Si tal sucede, la solución no será señalar enemigos externos y anuncias cazas de brujas.

El tiempo dirá, y, por el momento, cuesta mucho entender lo que dice.