Sánchez cree que gastar lo arregla todo, pero necesitamos reformas

Esta semana, tras una manifestación que exigía soluciones al problema de la vivienda, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que su ejecutivo gastará 200 millones de euros en bonos de ayuda a los jóvenes que viven de alquiler. Muchos economistas consideran que la medida no solo no es efectiva, sino que puede contribuir a aumentar esos alquileres. Además, ni siquiera es nueva: ya se ha aplicado en 2022 y 2023. Pero eso no importa. El anuncio señalaba que el Gobierno está dispuesto a gastar dinero para solucionar los problemas.

Lo cual está bien en muchos casos. Pero también denota una actitud que es fruto de tres circunstancias. En primer lugar, obviamente, la predisposición ideológica del PSOE y muchos de sus asesores económicos, que piensan que el estado del bienestar español sigue siendo pequeño y débil y que el mecanismo más rápido para ayudar a la gente consiste, con frecuencia, en transferirles dinero. En segundo lugar, el hecho de que para lograr apoyos parlamentarios y consensos dentro de la coalición, el Ejecutivo a veces tiene que mostrar la chequera. Pero, también, finalmente, que ha gobernado durante seis años de relativa bonanza económica; incluso el periodo más crítico, la pandemia, acabó con un enorme aumento de los fondos públicos disponibles. La consecuencia ha sido que, cada vez que el Gobierno identifica un problema, la solución que plantea es gastar más, no acometer una difícil reforma que podría suscitar oposición y cuyos frutos no se verían hasta dentro de mucho tiempo.

Vivienda, pensiones, modelo productivo

El caso más evidente es el de la vivienda. El presidente ha anunciado reiteradamente la construcción de cientos de miles de pisos para aumentar el parque público de viviendas en régimen de alquiler; la Moncloa dice que se trata de casi 200.000. Podría ser una buena idea que recomiendan hasta los economistas de Fedea, un centro de estudios poco sospechoso de izquierdismo. Pero ningún anuncio se ha concretado. Construir pisos es un proceso lento y complicado. Como lo sería una reforma profunda del mercado de la vivienda que implicara —por seguir con las recomendaciones de Fedea— la desregulación de los contratos, hacer más eficiente la fiscalidad o retomar la ley del suelo. Sin embargo, incluso aunque todo esto se pudiera poner en marcha y funcionara, los réditos políticos tardarían en llegar; probablemente, lo harían una vez terminada esta legislatura. Por lo tanto, no sirve. Es mejor anunciar un gasto inmediato y probablemente estéril.

Lo mismo ha sucedido con otros problemas estructurales de España. Aunque la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá era extraordinariamente compleja, la Comisión Europea, en su Ageing Report 2024, la describió de la siguiente manera: a medio plazo, los ingresos de la Seguridad Social aumentarán 2,2 puntos, pero el gasto lo hará 6,4 puntos, casi el triple. Sin embargo, la sucesora de Escrivá en el Ministerio de Seguridad Social, Elma Saiz, alardea con frecuencia del buen estado de las cuentas: ¡hay dinero para gastar!

Opinión

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Entre los objetivos de los fondos Next Generation estaban impulsar reformas y cambiar el modelo productivo. Cuatro años después de su implantación, el sector público copa la clasificación de los mayores perceptores de fondos. Hace diez días, en un acto para agasajar a las pymes, el presidente prometió a estas empresas 4.500 millones de euros en subvenciones y 50.000 en préstamos. Todos los asistentes parecían muy contentos. Pero nada de eso implica una transformación del tejido productivo español. Cuando el Gobierno empezó a elaborar un argumentario para explicar que la falta de presupuestos en 2025 es irrelevante, una de las líneas de razonamiento fue que quedaban aún muchos fondos europeos. ¡No se acabará el dinero!

Anteayer, el Gobierno presentó ante la Comisión Europea sus previsiones de gastos e ingresos. Estas incluyen una agresiva reducción del déficit y, al mismo tiempo, establecen, como recordaba ayer el economista Miguel Ángel García, que el 60 % del gasto público lo absorban las pensiones, los salarios de los empleados públicos y los intereses de la deuda. No queda margen para mucho más; por supuesto, no para corregir las desigualdades que ha creado la pasión del Gobierno por solventar los problemas con más dinero y sin reformas eficaces. En 2025, el gasto en pensiones crecerá 12.000 millones de euros; a su lado, los 200 millones dedicados a la vivienda para jóvenes parecen, además de estériles y reiterados, una broma.

Las reformas son más complicadas. Molestan a mucha gente. Sus efectos benéficos se demoran en el tiempo. Pero son lo que nos hace falta

Aun así, el Gobierno es adicto a prometer soluciones que son fáciles, en la medida en que no requieren transformar el funcionamiento actual de las cosas y solo suponen gastar más, lo que evita la oposición de los sindicatos, el empresariado, sectores enteros de la economía o los ciudadanos en general. Y, además, facilitan las negociaciones con sus socios parlamentarios.

Las reformas son más complicadas. Molestan a mucha gente. Sus efectos benéficos se demoran en el tiempo. Pero son justamente lo que nos hace falta. Más en un momento en el que el Gobierno debería aprender a operar con mayores restricciones presupuestarias. Aunque esto ya lo veremos.