España asolada: oligarquías, caudillismos y manipulación institucional

España es un "Estado de partidos". Lo dice la Constitución española en su artículo 6º: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político (…). Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos". Pues bien: la tesis que mantengo a continuación es que el sistema de partidos en España —como en otras partes del mundo— está francamente deteriorado.

Ya lo advirtió, en 1911, Robert Michels en su siempre vigente obra Los partidos políticos: todo partido político acaba por estar regido por la que denominó "ley de hierro de los partidos". Esto es: todo partido, por muy democrático que se pregone, acaba convirtiéndose en una oligarquía; es decir en una entidad en la que las estructuras dirigentes acaban transmutándose en oligarquías, "cortes" o "cámaras regias", al servicio de sus máximos mandatarios —"caudillos" "líderes únicos" o "putos amos"— quienes acaban dominando —junto con sus equipos próximos de servidores— toda la vida de su organización y del Estado; y dejando la democracia interna en los escondidos rincones de sus programas y manifiestos o en los polvorientos archivos de sus grandes declaraciones de principios. Una situación en la que los afiliados, militantes y votantes llegan a sentirse miembros privilegiados de una entidad superior, portadora de una verdad sagrada, cuya protección espiritual les garantiza la tranquilidad de espíritu.

De alguna manera, a los actuales miembros y seguidores de los partidos les sucede lo mismo que a los fieles de una Iglesia. Toda fe religiosa, en principio, es un mensaje dirigido a la universalidad de las personas. Cada uno se siente seguro manteniendo una creencia cualquiera… Pero en cuanto la fe se oficializa y comienza a ser predicada y administrada por personas exclusivamente dedicadas a ello, la fe se institucionaliza, se esclerotiza y se convierte en un campo cerrado y acrítico, únicamente interpretable por la jerarquía respectiva. Ya nos lo decía, en 1965, a sus alumnos de 18 años, don Manuel Giménez Fernández, católico practicante y catedrático de Derecho Canónico en Sevilla: "El Cristianismo es un mensaje de salvación, pero la Iglesia Católica se empobreció en cuanto se convirtió en religión oficial del Estado; y la jerarquía, con los Papas (¿"Infalibles"?) y la Curia Romana a la cabeza, se pusieron al servicio de los poderes establecidos definiendo lo correcto y lo erróneo…". Lo mismo pasa ahora con los partidos: son los altos poderes los que definen la salvación y dan "seguridad" a las almas dolientes.

Sobre la realidad gubernamental de la España actual, se han convertido ya en comúnmente aceptadas un conjunto de actuaciones malsanas: desde que el Gobierno cambie frecuentemente de estrategia en asuntos trascendentales y/o, incluso, contrarios a la Constitución Española; hasta que esos cambios de estrategia se deban, básicamente, a la necesidad de cerrar acuerdos con grupos o personajes que, tras la firma de los mismos, hagan posible la continuidad en el ejercicio del poder por parte del Gobierno y, también, por sus prebendarios de distintas especies.

Opinión

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Por otra parte, el Gobierno actual, cada vez más, utiliza a la Administración del Estado al servicio del propio Gobierno y de su presidente, y no exclusivamente al servicio de los ciudadanos, ya sea mediante la Abogacía del Estado, ya sea a través de escritos de diverso alcance de la Fiscalía del Estado. Con lo que se vulnera uno de los principios fundamentales que defendía Manuel García Pelayo —primer presidente del Tribunal Constitucional de España tras la Constitución de 1978— para todo "Estado de partidos": "Solo en el Estado de un partido la Administración puede identificarse políticamente con el partido en el poder, pero ello no es posible en un verdadero Estado pluralista de partidos". (El Estado de Partidos, Alianza, 1986, p. 121). Por eso, no es de extrañar que, en estos días, el Gobierno haya recibido diversos varapalos del Tribunal Supremo, de la Audiencia de Madrid y del Consejo Fiscal. También el PP ha visto descalificadas sus pretensiones por distintos órganos judiciales. Las instituciones de la Democracia han de ser respetadas, y no manipuladas.

La voluntad de los oligarcas o las ocurrencias de los caudillos no son las que definen el día a día de un Estado de Derecho. Las leyes están para aplicarlas, y no para malversarlas. Y, si han de ser interpretadas, corresponde esa tarea a los miembros del estamento judicial, y no a los servidores del poder, por muy altos que sean los puestos que alcancen, por muchos títulos con los que hayan sido ungidos, y por muy altos empleos para los que hayan sido cooptados.

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Una cuestión adicional: la democracia interna en los partidos políticos españoles, en general, está seriamente deteriorada… Cada día es más frecuente que sean las direcciones superiores de los partidos, al margen de las estructuras internas correspondientes, quienes decidan, en los más diversos niveles y territorios, quiénes o quiénes han de ser los detentadores del poder político y/o institucional. Se ha llegado a decir, por ejemplo, que "uno de los objetivos del proceso congresual en marcha en el PSOE es el de "reforzar" los liderazgos territoriales… Y yo me pregunto: ¿Y quién refuerza al "reforzador"?

Creo que la función de un partido político no es solo conquistar el poder, ni permanecer, a costa de lo que sea, en el poder. Ni estar en el poder para evitar que el poder lo detente otro… Hace unos días, hablando con una veterana compañera, algo más joven que yo, ella llegó a la siguiente conclusión: "Yo creo que hay que votar al PSOE porque es el mal menor. Si no se vota al PSOE, puede entrar la ultraderecha". Y se quedó tan tranquila… Me acordé del chiste de Eugenio, cuando contaba que, tras caer al vacío, agarrado a una rama y habiendo pedido ayuda, una voz celestial le comunicó: "Déjate caer, hijo mío. Déjate caer, que yo te acogeré con mis alas y te llevaré a tierra sano y salvo". A lo que Eugenio contestaba: "Vale… ¿Qué no hay nadie más por ahí?".

Acabo. Gramsci decía que "un partido tendrá mayor o menor significado y peso en la medida en que su actividad haya contribuido más o menos en la determinación de la historia de su país". A lo que apostilló Giuseppe Vacca; "La función fundamental de un partido político, por lo tanto, es la de promover una voluntad colectiva capaz de unificar el pueblo-nación". En España: ¿Estamos en eso o va cada uno a lo suyo?

*José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía.