Jueces hijos de jueces

Decir que estamos en medio de una grave crisis institucional no es algo nuevo. Investigaciones por delitos de corrupción supuestamente cometidos por altos cargos del Gobierno y por la esposa del presidente, la insólita imputación del Fiscal General del Estado, querellas y actos de conciliación contra confidentes y jueces instructores, acusaciones de lawfare, y un largo etcétera de episodios de creciente judicialización de la política, han conseguido anestesiar a gran parte de la opinión pública, que se desayuna con un escándalo judicial distinto cada día. El común denominador de este panorama es la resistencia del Poder Judicial a someterse al omnímodo poder político. Los jueces siguen trabajando de forma independiente, pese a la colonización del Consejo General del Poder Judicial por los dos grandes partidos, pese a la asfixia a la que se les somete por la falta de inversión en medios materiales y personales, y pese a los ataques cada vez más virulentos de la política y los medios de comunicación.

En medio de la tormenta, han vuelto a aparecer las críticas hacia la procedencia social de los jueces, como una letanía monocorde que, gota a gota, va calando en el insensibilizado cerebro colectivo. Alfonso R. Gómez de Celis, Vicepresidente del Congreso y Secretario del área institucional y grandes ciudades, del PSOE, decía en sede parlamentaria el pasado 26 de noviembre que existía una "evidente endogamia" en el acceso a la judicatura y que "el día que haya más jueces hijos de obreros que hijos de magistrados, habrá vencido la democracia". Es cuanto menos llamativo que la política que pretende poner en marcha el Gobierno contra los bulos y la desinformación deba comenzar por la segunda autoridad del Parlamento, que difunde un dato claramente erróneo.

En la estadística oficial del Consejo General del Poder Judicial nos encontramos con que solo un 5,94 % de los alumnos que han pasado por la Escuela Judicial desde 1996 tienen algún familiar, juez o magistrado, no necesariamente su padre o su madre. Retomando el discurso de Gómez Celis, a buen seguro que, dentro del 94 % restante, haya bastantes más hijos de obreros que de jueces. La democracia venció hace mucho, cuando se permitió que cualquiera que estudiara y demostrara aptitud al superar una oposición pudiera ser juez por mérito y capacidad.

Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, médico de familia y miembro de Más Madrid, escribió un tuit al día siguiente defendiendo al vicepresidente de la cámara diciendo "un 0.01 % de la población es juez. Imaginemos que cada persona tuviera 10 familiares directos, exagerando. Así, un 0.1 % de la población tendría un familiar juez. Un 5% de los jueces tiene algún familiar directo juez. Se puede no saber de números, pero esto es bastante evidente". Desafiando la ciencia estadística, una persona que, por su profesión, sabe sobradamente que la inferencia de datos no se realiza a brocha gorda, sigue defendiendo lo indefendible, una supuesta endogamia judicial.

¿Acaso no hay periodistas hijos de periodistas, políticos hijos de políticos o actores de sagas interpretativas? El tema es mucho más perverso

Pero, ¿qué habría de malo en que una persona decidiera seguir los pasos de su padre o madre y trabajar en aquello que ha mamado desde la infancia viéndolo en casa? ¿Acaso no hay periodistas hijos de periodistas, políticos hijos de políticos o actores de sagas interpretativas? El tema es mucho más perverso: la crítica tiene la doble intencionalidad de generar dudas sobre el sistema de acceso a la Carrera Judicial (otra obsesión de este sector ideológico) y sobre la supuesta procedencia social burguesa de los jueces.

Sembrar la desconfianza mediante falacias conscientes acerca de la endogamia judicial, en primer lugar, desliza la idea de que si los jueces son hijos de jueces, los padres influirán en el tribunal calificador para que aprueben a su retoño. Nada más lejos de la realidad: basta acudir cualquier tarde al Tribunal Supremo y sentarse a escuchar los exámenes públicos que se celebran a puertas abiertas para poder comparar unos aspirantes con otros. Otra garantía: el tribunal de oposiciones está formado por nueve miembros de distintas procedencias que ni siquiera tienen por qué conocerse, lo que minimiza las posibilidades de influencia.

El salario de los jueces está muy por encima de la media española, pero muy por debajo de las retribuciones que perciben notarios

En segundo lugar, se trata de consolidar la idea de que los jueces hijos de jueces son una suerte de clase social alta que únicamente decide en beneficio de los suyos. El salario de los jueces está muy por encima de la media española, pero muy por debajo de las retribuciones que perciben notarios, registradores, directivos del sector privado o empresarios. Nada que ver con lo que se puede considerar clase alta.

En una línea dialéctica semejante, el 27 de noviembre, en la misma sede parlamentaria, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, decía "Si en este país hubiera más jueces que hubieran pringado para sacarse la carrera y el puesto de juez en una caja de supermercado, quizás no habría siete, ocho empresarios murcianos proxenetas y pederastas en la calle. Se me entiende, ¿no?”. En este caso, daría igual si los jueces hubieran trabajado de torneros fresadores o en la empresa de papá para que esto sucediera, ya que los empresarios a los que se refiere Rufián no fueron a la cárcel por el acuerdo alcanzado por sus defensas y fiscalía, sin que los jueces tuvieran aquí mucho que decir. Obviando esta deliberada intoxicación del discurso, nuevamente nos encontramos con un ataque contra la procedencia social de los jueces.

Los poderes públicos deben hacer todo lo posible para que personas con menos oportunidades económicas puedan llegar a ser jueces

Es tedioso caer en la trampa de que los jueces provienen todos de clase alta. Ciertamente, no todo el mundo puede permitirse estar más de ocho años estudiando para empezar a ingresar. Como no todo el mundo puede tener médicos como el Sr. Padilla en la familia: seis años de estudios universitarios, más superar el examen de MIR, que solo pasan la mitad de los universitarios que se presentan la primera vez y que les obliga a acudir a academias de preparación tanto del examen para MIR como de algunas asignaturas de especial dificultad. Ni ingenieros, entre cinco y seis años de media para sacar la carrera, apoyándose en academias privadas que complementan la formación técnica universitaria. Por suerte, para los usuarios del sistema público de salud o de la administración de justicia pública, para desempeñar profesiones altamente cualificadas y grandes responsabilidades, hay que dedicarle bastantes años al estudio y la preparación.

El problema no sería, por tanto, que haya una clase media esforzada porque sus hijos accedan al ascensor social de los estudios, sino que un Estado social y democrático de Derecho se permita el desperdicio de talento por causas socioeconómicas. Son los poderes públicos quienes deben hacer todo lo posible para que personas con menos oportunidades económicas puedan llegar a ser jueces, premiando la excelencia con becas que les permitan dedicarse al estudio.

González, Zapatero o Sánchez, los tres presidentes socialistas de nuestra democracia, son procedentes de familias medias acomodadas

Finalmente, resulta trasnochado fomentar el tópico de que la mejor o peor cualidad de una persona se deba al nivel económico de sus familias. Ni la pobreza garantiza la empatía y la sensibilidad social, ni la ausencia de apreturas económicas conlleva insolidaridad y egoísmo. Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez, los tres presidentes socialistas de nuestra democracia, son procedentes de familias medias acomodadas, por ejemplo, mientras que líderes como Milei proceden de familias obreras.

En definitiva: nos encontramos en medio de una estrategia sostenida cuya finalidad es, en primer lugar, desacreditar al único poder del Estado profesionalizado que carece de control político y, en segundo lugar, propiciar un cambio de composición del Poder Judicial modificando el acceso a la Carrera Judicial de forma que bien se cree un sistema clientelar que asegure su control, bien se introduzca directamente a personas con ideologías afines al partido que gobierne en cada caso. La acrítica asunción de estas consignas falaces, tantas veces repetidas, lo harán posible si no se pone coto.

*Natalia Velilla Antolín es magistrada.