La decisión de Estrasburgo y la bofetada al independentismo

En los medios independentistas ha causado gran decepción la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la que se rechazan todas y cada una de las alegaciones presentadas en contra de los fallos del Tribunal Constitucional español y de los Tribunales penales, en relación con los acuerdos del Parlamento de Cataluña, argumentando que transgredían las normas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Como primer punto a destacar, y antes de entrar en el contenido substancial de la decisión, hay que señalar que no se trata, formalmente, de una sentencia en la que se decide si esos derechos y libertades fueron ignorados por los Tribunales españoles constitucional y penales, sino que se detiene mucho antes, descartando la admisibilidad misma de la demanda, que considera temeraria e infundada.

Ese aspecto de la cuestión ha sido casi silenciado por los analistas de la cuerda indepe, como era de esperar. Solo alguna voz, tan legítima como ridícula, ha comentado que la respuesta del TEDH era previsible porque Europa está controlada por los Estados "tradicionales" y estos, como es sabido, no respetan a las naciones oprimidas o a las naciones sin Estado, y hay que sobreentender que Cataluña participa de ambas condiciones.

Mas lo cierto y real, y basta un paseo por la hemeroteca, es que desde un primer momento el independentismo estuvo obsesionado por conseguir que la cuestión de la secesión de Cataluña estuviera en el orden día de los problemas de los que tenía que ocuparse todo Estado europeo. Tal era la convicción sobre la importancia fundamental de llevar el problema al escenario europeo que se desarrollaron amplias y costosas campañas de divulgación y explicación, aun a conciencia de que a la inmensa mayoría de los Gobiernos europeos el tema les traía al fresco, pero eso no se tomaba realmente en serio, como se comprueba leyendo un informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) en el que se dice que al final los Gobiernos y la opinión pública internacional renunciarán por pragmatismo a sus preferencias e intercederán por una Cataluña soberana e incluso miembro de la UE para evitar daños empresariales o financieros. Es notable que la fe en la trascendencia política y económica de la cuestión de la independencia de Cataluña era muy alta.

Desde el principio, el independentismo estuvo obsesionado por conseguir que la cuestión de la secesión de Cataluña estuviera en el orden día

En el caso que provoca la resolución del TEDH, había sido planteado por dos exdiputados próximos a Junts (el partido de Puigdemont), acompañados de otras treinta personas. En opinión del grupo, el Tribunal Constitucional español se excedió cuando anuló las normas aprobadas por el Parlamento catalán que habilitaban para la celebración de un referéndum de autodeterminación. El TEDH, muy lejos de esa pretensión, sostiene que lo que se pretendía con las decisiones del Parlamento era eludir los cauces constitucionales para la reforma de la Constitución española, guiado todo por el proyecto de crear un Estado catalán independiente. Ante esa inaceptable pretensión la prohibición de abrir el debate parlamentario sobre la independencia era una respuesta que tenía que considerarse previsible, proporcionada y necesaria, y, en modo alguno, se puede aceptar la tesis de que lo que hizo el TC fue una decisión política y no jurídica, como pretendían los recurrentes.

Otro punto de la decisión que creo de gran importancia, especialmente pensando en los diferentes Partidos que obran en contra del orden constitucional, es el reconocimiento de que el TC no actuó para imponer la adhesión ideológica a la Constitución, cuestión sobre la que cada cual es libre de pensar como quiera, sino en salir al paso de las decisiones unilaterales sobre la existencia de un orden constitucional.

Frente a la tesis de los recurrentes de que se habían cercenado o violado sus derechos a las libertades de reunión y de expresión, reconocidos en los arts. 10 y 11 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales –lo cual decían omitiendo, por supuesto, cualquier referencia a la existencia de la Constitución española– el TEDH responde que debían saber cuáles podían ser las consecuencias de sus actos y qué disposiciones se aplicarían (ante todo, la propia Constitución y la Ley Orgánica del TC (cuyo art.92 dispone que"el TC velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones… Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción….". En cuanto a las causas penales incoadas por desobediencia, la jurisdicción penal se limitó a estar a lo dispuesto para la desobediencia en el art.410 CP. Por lo tanto, no se trató de improvisaciones contra el Parlamento catalán, sino del cumplimiento de normas claras y previsibles.

El TEDH sostiene que lo que se pretendía con las decisiones del Parlamento era eludir los cauces constitucionales para la reforma de la CE

A todos los argumentos antes utilizados, el TEDH añade otro: que en circunstancias extremas el TC debe hacer efectivo el cumplimiento de sus decisiones, pues tiene el deber de garantizar el respeto a la Constitución y a la integridad territorial de España. La pretensión de los recurrentes sobre la interferencia del TC es desde el primer momento descabellada. Cuando alegan que el TC impidió a los recurrentes y a otros debatir sobre la independencia de Cataluña, el TEDH responde que eso no fue ninguna arbitrariedad ni fue una decisión desproporcionada.

No terminan ahí los reproches durísimos del TEDH a los recurrentes, especialmente cuando alegan que el TC les reprimió por su ideología política y el TEDH les advierte que tendrían que haber demostrado que acciones de esa clase les habían sido autorizadas a otras personas, lo cual no es cierto, y, menos aún, que el TC estuviera movido por animadversión a Cataluña.

La misma suerte corre la denuncia de que el procedimiento de amparo ante el TC no fue resuelto con justicia, a lo que el TEDH responde que no hay la más pequeña prueba de que eso sea así y califica esa queja de manifiestamente infundada, al igual que todas las que se han acumulado en este recurso, que ha terminado como cabía prever, salvo por parte de los independentistas y sus juristas.

Cuando alegan que el TC impidió a los recurrentes debatir sobre la independencia, el TEDH dice que no fue una arbitrariedad

Los comentarios que en los medios independentistas se han hecho sobre estos razonamientos del TEDH no tienen desperdicio. Por supuesto que no admiten ningún error de planteamiento, pero, además, se ha dicho que la doctrina del TEDH coarta la libertad de un Parlamento (como si se tratara de un Parlamento de un Estado soberano), cuando en España es legal y justo discrepar de la Constitución porque "no es una democracia militante". Y añaden que, si no se censura a España por haber encarcelado a independentistas acusándoles de sedición, quedará claro lo que es la justicia europea.

A modo de reflexión final, el independentismo advierte que no renuncia a ninguna vía, diga lo que diga Europa, a pesar de que la decisión del TEDH es un pésimo precedente, pero que la Ley de Amnistía es la mejor prueba de que el "Estado español" reconoce sus errores. Por supuesto, añaden, se disponen a dar nuevo impulso a la internacionalización del procés, pues así lo ha ordenado Puigdemont y lo aconsejan documentos de Junts, que dejan de hablar de Europa para directamente señalar el camino que lleva a la ONU. Esperar y ver.

La única reflexión que le queda al observador es que los independentistas tal vez erraron al dirigirse a Estrasburgo, al TEDH, cuando más les hubiera convenido acudir directamente en el AVE a la Moncloa a plantear todas sus exigencias a Sánchez, sin temor a rechazos de ninguna clase, camino que, como el tiempo ha demostrado, es mucho más sencillo y seguro.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho penal y abogado.