Fondos europeos, del fracaso al escándalo

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado durante los últimos años diferentes evaluaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Next Generation EU. Gracias a los sucesivos informes elaborados por esta institución independiente, hemos podido conocer la verdadera evolución e impacto de estos fondos europeos de recuperación que, ya no hay duda, se encuentran muy lejos de conseguir los ambiciosos objetivos para los que fueron creados. Y eso explica que el Gobierno de Sánchez haya tenido siempre como una de sus prioridades la colonización de organismos independientes en nuestro país, tratando de evitar así la evaluación objetiva y crítica que pueda cuestionar su gestión.

En su último informe, el tribunal vuelve a señalar graves deficiencias: el reducido ritmo de ejecución y de inversiones, los reiterados incumplimientos de plazos, la dificultad de medir el verdadero impacto de las reformas, la gestión centralizada sin contar con autoridades regionales y locales o la falta de información sobre los destinatarios finales, además de la falta de alineamiento de los objetivos propuestos con las necesidades estructurales de los Estados miembros.

España, a quien le fueron asignados 163.800 millones de euros a través de subvenciones y préstamos, es, junto a Italia, el mayor beneficiario de estos fondos. Ambos países suman casi el 50% del total de los fondos. De ahí que la deficiente gestión de nuestro Gobierno afecta de manera determinante a la valoración global de este programa europeo.

Es oportuno remontarse al año 2021, cuando el Gobierno de Sánchez decidió presentar en solitario el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin haber contado con los Gobiernos autonómicos y municipales ni con el sector privado y sin haberlo sometido a debate en las Cortes. Posteriormente, decidió otra vez de manera unilateral, las reformas, inversiones y plazos a los que se comprometía con la Comisión para recibir una cantidad de recursos europeos como nunca antes en la historia habíamos tenido a nuestra disposición.

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Ese es el pecado original. Sánchez nunca quiso crear un plan de país porque siempre lo entendió como una oportunidad para diseñar un "macro Plan E" con el que repartir fondos de manera arbitraria atendiendo a sus intereses electorales. No tiene ningún sentido que el país más descentralizado de la Unión Europea haga una gestión centralizada y absolutista de este histórico programa llamado a transformar nuestro país, especialmente, cuando buena parte de las competencias para gestionar y canalizar estos recursos recae en las comunidades autónomas.

El resultado fue el esperado y advertido: un enorme atasco burocrático y la consecuente incapacidad del Gobierno para gestionar el ingente volumen de recursos que nuestro país debía recibir. Las solicitudes de pago, así como los hitos y objetivos, han ido acumulando constantes retrasos e incumplimientos, provocando que ni tan siquiera seamos capaces de pedir el dinero que nos corresponde.

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El Gobierno, lejos de pedir ayuda y enmendar el error, optó por la mentira y la ocultación de la información. Así, comenzó una campaña de confusión e ingeniería contable mediante la que pretendía mezclar los datos de ejecución final (que se niega a publicar) con transferencias de fondos de un ministerio a otro ente público. Se puede comprobar si uno se acerca al listado de los 100 principales beneficiarios, donde la mayoría de ellos son organismos públicos.

A pesar de tal campaña de maquillaje, los datos a día de hoy son demoledores: el Gobierno solo ha sido capaz de realizar pagos que suponen el 25% del dinero asignado a nuestro país. Dicho de otra forma, el Gobierno ha de ejecutar más de 122.000 millones en un año que queda hasta el final del programa, cuando solo ha sido capaz de realizar pagos por valor de 41.000 millones en tres años y medio.

Desde el Partido Popular hemos advertido durante estos años de todos estos graves problemas, mientras ofrecíamos propuestas que el Gobierno rechazaba tachándonos de antipatriotas. Como española, es doloroso comprobar que el fracaso del programa Next Generation se debe, en buena medida, a la irresponsabilidad del Gobierno de nuestro país, que ha sido incapaz de responder con eficiencia a un gran ejercicio de solidaridad de nuestros socios comunitarios. Y es aún más grave saber que estamos perdiendo una oportunidad histórica para España, donde podríamos haber emprendido las profundas reformas pendientes y haber hecho inversiones que nos ayudaran a transformar sectores estratégicos tan necesarios para mejorar nuestra competitividad. Añadamos a estas consideraciones el daño reputacional que sufre un país incapaz de utilizar de manera eficiente semejante volumen de recursos, y es fácil anticipar que nos encaminamos a un fracaso escandaloso, tanto financiero como político.

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Las advertencias del Tribunal de Cuentas Europeo sobre estos fondos, con claras referencias a España, han sido reiteradas durante estos años. Se acerca el plazo final y estamos muy lejos de cumplir los objetivos sobre los que se creó este ambicioso programa de recuperación, con lo que la Comisión Europea también se verá obligada a explicar por qué no tomó las medidas necesarias y demandadas para cambiar el rumbo y evitar el fracaso. Llegado el momento pediremos explicaciones y exigiremos responsabilidades.

Por el momento, aprendamos la lección y no tomemos este programa europeo de recuperación y sus planes nacionales, aún pendientes de una detallada evaluación final, como modelo para el futuro Marco Financiero de la Unión.

*Isabel Benjumea, portavoz adjunta del PPE en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo.