La UCO es un contrafuerte de la democracia

En febrero de 2016 se produjo un hecho insólito. El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ponía en duda la imparcialidad de la Unidad Central Operativa (UCO) al declarar en una entrevista que le resultaba "llamativo" que los casos más graves de corrupción investigados por la Guardia Civil afectaran principalmente al Partido Popular (PP). Afortunadamente, la UCO estaba obligada a atender el mandato de los jueces por encima de las órdenes que pudiera recibir del principal cargo político al frente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el propio ministro del Interior.

Dos años antes, el 6 de agosto de 2014, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en su comparecencia en el Parlament de Catalunya tras saberse que poseía cuentas bancarias en paraísos fiscales, soltaba aquello de "¿Qué coño es la UDEF?". Se refería a la Unidad de Delincuencia Organizada de la Policía Nacional, que estaba investigando su patrimonio oculto en Andorra, fruto, según el dirigente político, de "la herencia del abuelo Florenci". Este caso de corrupción dio una gran visibilidad a la UDEF, que se convirtió, junto con su equivalente en la Guardia Civil, la UCO, en la diana de las críticas de aquellos políticos que eran objeto de sus investigaciones.

Recientemente, El Confidencial ha destapado una supuesta trama para desacreditar a miembros de la UCO, especialmente a su jefe, el teniente coronel Antonio Balas Dávila, por sus pesquisas relacionadas con casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Históricamente, las críticas a la UCO han procedido de partidos a ambos lados del arco ideológico. Primero fue el PP, luego Convergencia y ahora es, según el relato de los medios, una militante socialista, Leire Díez, en la órbita del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien protagoniza la operación.

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La UCO fue creada en 1987, nueve años después de la aprobación de la Constitución de 1978, para combatir la criminalidad organizada y grave, como el narcotráfico, el terrorismo, los secuestros, la corrupción, los delitos económicos, el blanqueo de capitales y otras formas complejas de delincuencia. En estos 38 años, la UCO ha participado en la investigación de los principales casos de corrupción que han afectado a los partidos políticos del país: Gürtel, Bárcenas, Púnica, Lezo y Brugal, en la órbita del PP; los ERE de Andalucía, Acuamed y Mercasevilla, en la del PSOE; y Palau de la Música y el 3%, en el de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

En los actuales momentos de polarización política, en el que los extremos coinciden en el cuestionamiento de las acciones policiales y judiciales, la UCO se mantiene en el centro. Pero no me estoy refiriendo al centro político, sino a ese lugar donde vive la independencia, el rigor, la profesionalidad y, sobre todo, el honor que es inherente a los valores de la Guardia Civil. Conociendo a los compañeros de la UCO, estoy seguro de que el ruido que están escuchando no les moverá un ápice de su deber, que es la persecución del delito en todas sus formas, sea quien sea el delincuente.

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La separación de poderes es una de las claves de bóveda del sistema democrático. Ante el evidente deterioro de la percepción de la labor que realizan los poderes ejecutivos y legislativo, incluso reconocida por los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige un militante socialista, recae sobre el poder judicial la responsabilidad que implica conservar la confianza de los ciudadanos en el estado social y democrático de derecho. Y la Justicia tiene que estar en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando éstas operan como policía judicial.

En consecuencia, sembrar dudas sobre el funcionamiento de la Guardia Civil y el resto de cuerpos policiales contribuye a resquebrajar los fundamentos del Estado. Si la Justicia es uno de los pilares de la democracia liberal, la UCO es uno de sus contrafuertes.

El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, declaraba recientemente que durante su estancia en la cárcel había coincidido con varios militantes del PP. Que afiliados de formaciones políticas antagónicas se hayan encontrado en prisión, fruto de las indagaciones realizadas por los cuerpos policiales, es un mensaje de equidad y justicia que los ciudadanos españoles necesitamos más que nunca.

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Los ciudadanos deben saber que la UCO seguirá investigando por mandato policial y judicial a todos aquellos que vulneren la ley. Si los políticos piensan que van a minar la moral y mermar la determinación de los guardias civiles que integran esta unidad es que ignoran su trayectoria y desconocen su código de conducta. El honor, el valor y el sentido de la justicia, como principios esenciales de la Benemérita, no son negociables.

*Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.