Metástasis inducida

El artículo 124 de la Constitución española dispone que "El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social". Nobles tareas todas, las de una institución incluida en un título de la Constitución, el VI, que regula uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. La cumbre jerárquica del Ministerio Fiscal le corresponde al fiscal general del Estado.

La importancia de esa función se aprecia con naturalidad simplemente leyendo ese artículo con limpieza de espíritu. Un fiscal general no está para ganar relatos, por importantes que puedan ser para el político que le haya puesto en el cargo. Eso es lo que distingue a un profesional con sentido de Estado, que sabe diferenciar entre la coyuntura, las circunstancias que terminaron con él en el sitial, y lo que debe hacer cuando lo ocupa.

Por desgracia, se está produciendo una metástasis en España que es consecuencia de un exceso de malignidad en las células que ocupan los órganos del poder, los órganos que en un Estado de derecho aparecen estructurados y definidos en las propias leyes. Esos a los que aquellas atribuyen el ejercicio legítimo del poder; las Cortes, el Gobierno, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial se vieron desde el comienzo de nuestra democracia invadidos por elementos arbitrarios, partidistas, sectarios y enemigos del equilibrio del poder y de su ejercicio legítimo. El sistema fue sobreviviendo a esa invasión porque, pese a todo y en conjunto, seguían existiendo compartimentos estancos, líneas rojas y una cierta estética sobre lo inadmisible; y también porque no había un plan dirigido a destruirlo, sino solo a aprovecharse de sus zonas oscuras. Por eso y porque algunas partes del poder del Estado, por ejemplo, del judicial encarnado no en su órgano de gobierno, sino en los jueces de a pie, en la propia carrera fiscal, en los altos cargos de la administración, aún profesional, limitaban el triunfo de la gangrena que en ocasiones pareció tomar el control.

Esa época de resistencia pasiva, tolerada a regañadientes por el poder, voló por los aires cuando se produjo una confluencia entre las aspiraciones de gente sin límites morales y estéticos, y la necesidad de realizar un pacto corrupto urbi et orbi para alcanzar el poder. Ese pacto indecente supuso la venta del Estado de derecho a cambio de impunidad. El plan ya no podía esconderse en rincones oscuros, porque la corrupción original, la clave de bóveda del Gobierno, la pseudoamnistía, tenía que desplegarse a la vista de todos. Puesto que era imposible encubrir el trato perpetrado, sus autores intelectuales supieron que solo podrían sobrevivir a su hedor corrompiéndolo todo; el plan ya no podía ser ocultar la corrupción, sino derribar cualquier institución que le hiciese frente.

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Por eso ha terminado no importando que esté al mando de la Fiscalía una persona no solo investigada por un delito muy grave, que afecta a la propia esencia de la institución, sino contra la que un magistrado del Tribunal Supremo ha abierto la puerta para una acusación y un juicio. Alguien que es la cabeza orgánica y debería ser la cabeza moral de la institución que se ocupa de tan nobles tareas, sigue ahí, atrincherado, a pesar de que sus subordinados en la estructura jerárquica tienen que decidir si en su jefe concurren o no indicios de delito y si deciden acusar o no. El ácido que supone la continuidad del Sr. García Ortiz es tan obvio que demuestra, antes que nada, que nunca fue digno del cargo, porque de valorarlo y encarnarlo adecuadamente, habría corrido a presentar su renuncia. Es, como pueden ver, un fiscal general para otro tipo de Fiscalía, para una que sirva solo a un poder arbitrario y autoritario.

Este episodio es solo una prueba más de que la metástasis ya no está contenida. Las células malignas han decidido provocar un fallo multiorgánico y sustituir nuestra democracia liberal por otra cosa. ¡Ah, de los imbéciles morales que por sectarismo creen que les irá bien! Por una vez voy a citarme y terminar este artículo con un párrafo de Anatomía de la ley, el libro que acabo de publicar y que, pese a su tono ominoso, se ha visto superado por los acontecimientos: "(…) la ley buena es tan im­portante como su estabilidad, su manejabilidad y su aplicación adecuada. Si la ley es inmanejable por su exceso o por su técnica defectuosa, se acentúa la arbitrariedad del aplicador. Además (…) la administración mediatiza la ley correla­cionando su ejecución con sus propios intereses (el principal, su interés por existir). Esto, aunque pueda ser objeto de escrutinio y control, es inevitable. En cualquier caso, una forma de dividir el riesgo y hacerlo controlable, es dividir el poder. Si la aplicación depende en exceso del poder político y gubernativo, es probable que se alinee abusivamente con sus intereses. (…) Por eso el siste­ma precisa de un mecanismo de cierre, de garantía, un último recurso que permite aumentar al hacerla real la sensación ciuda­dana de búsqueda (en conjunto) de la justicia: la presencia de suficientes jueces independientes, fiables y profesionales que cuenten con medios para realizar su trabajo".

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*Tsevan Rabtan nació en internet, en las webs de juegos de ajedrez online, y se hizo adulto, sin pretenderlo, en el viejo nickjournal de Arcadi Espada, tierra madre de tantos blogs y escenario de gigantescas batallas virtuales. Esconde a un abogado español, de vecindad civil común, madrileño de nacimiento, y aficionado al deporte extremo de la polémica de sobremesa.