Los primeros adversarios del autoritarismo son siempre la prensa y los jueces

Cuando un líder electo quiere dar pasos hacia un modelo más autoritario, ataca a los jueces y a la prensa. Es verdad que hay jueces incompetentes y periodistas corruptos. Y que no hay soluciones perfectas para regular el equilibrio entre los distintos poderes. Pero el patrón es real y demostrable: cuando un líder electo quiere concentrar el poder, su prioridad es desprestigiar a los jueces y la prensa y socavar su independencia.

Este fenómeno siempre ha sido frecuente en las democracias débiles y en regiones como América Latina o Rusia. Pero ahora se está exportando rápidamente a las democracias occidentales. Donald Trump llama "zumbados de extrema izquierda" a los jueces que no dictan las sentencias que él quisiera y exige indemnizaciones millonarias a medios de comunicación que, por ejemplo, han publicado una encuesta errónea o emitido un vídeo con el que discrepa, para así atemorizar a todos los demás. En Hungría, mientras afianzaba su poder, Viktor Orbán sacó adelante una reforma judicial que quitaba al Tribunal Supremo las competencias sobre las elecciones, los impuestos y la policía, convirtió los medios públicos en una herramienta propagandística y reguló el sector mediático de tal modo que muchos medios críticos han tenido que cerrar y otros han caído en manos de magnates afines al Gobierno. En Israel, el Gobierno de Benjamin Netanyahu está haciendo todo lo posible por quitarle al más alto tribunal su legendaria independencia y ha llamado al boicot de un medio crítico, Haaretz. Es un fenómeno cada vez más frecuente. Y es la muestra más evidente de la deriva autoritaria de muchas democracias que parecían saludables.

¿Y España?

Una parte importante de la izquierda española cree que el comportamiento del Gobierno español no encaja en este patrón. Según su relato, Pedro Sánchez respeta la independencia judicial; lo que están haciendo él, sus ministros y su fiscal general es denunciar un caso de lawfare evidente, una persecución política articulada por un cuerpo del Estado que está en manos de sus rivales. Y, al hablar de pseudomedios y fachosfera, o insistir en la necesidad de regular la prensa, el presidente nunca ha socavado la libertad de expresión: solo pretende ordenar y limpiar un espacio público dominado por la mentira y la difamación. Lo cierto es que esas son la clase de excusas que suelen utilizar los partidarios de los líderes que quieren dar pasos hacia el autoritarismo. Pero para la izquierda española parece haber, además, otra prueba de que no estamos ante una situación de ese tipo: esas cosas las hace la extrema derecha, no los partidos socialdemócratas, cree.

Empecemos por lo evidente. Es absurdo sugerir que España es una dictadura o considerar que nuestro destino inevitable es Venezuela. Sánchez no es Trump, Orbán ni Netanyahu. Pero el Gobierno español sí está reproduciendo algunos patrones que suelen delatar a quienes aspiran a concentrar mucho más el poder.

Ahora mismo, están sobre la mesa varias iniciativas legislativas relacionadas con los jueces y la prensa. Los cambios previstos en el acceso a la carrera judicial y la asunción de la instrucción por parte de los fiscales podrían ser razonables si se hicieran con un cierto consenso político y en un contexto de entendimiento entre el ejecutivo y el judicial. Hacerlo ahora, mientras un ministro como Óscar Puente dice que algunos jueces son "la oposición real", es una temeridad y una provocación. Y, en todo caso, ambas propuestas reducen, y no aumentan, la independencia de los jueces.

Opinión

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Lo mismo sucede en el plano periodístico. Crear un organismo llamado pomposamente "Comisión Interministerial de seguimiento e impulso del Plan de Acción por la Democracia", presidido por el ministro de Justicia y en el que participa el ministro de Interior, no parece la mejor manera de trabajar para "evitar las presiones del ámbito político […] sobre los profesionales de la información", que es, según dice el plan, uno de sus objetivos. Del mismo modo, la Constitución reconoce que la ley debe regular el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional de los periodistas, algo que nunca se ha cumplido. Si el Gobierno quiere hacerlo ahora, créanme, no es para aumentar la independencia del periodismo.

Se trata de pequeños pasos, coordinados y coherentes, hacia una versión mucho menos liberal de la democracia, con menos separación de los poderes, con mayor sumisión al ejecutivo. Y como hemos visto en otros países, estos procesos siguen una lógica de pendiente resbaladiza. Cuanto más acosados o envalentonados se sienten los Gobiernos, más tienden a adoptar esta clase de medidas que sus partidarios consideran una mera defensa de la limpieza, la democracia y la libertad, pero que son una patrimonialización del poder por parte de un grupo más pequeño de personas.

Hay muchas métricas para detectar la calidad democrática de un país. Pero algunas de las más elocuentes son la frecuencia con que un Gobierno insulta a los jueces y a los periodistas y la insistencia con que repite que es imprescindible reformar la justicia o regular la prensa. Quizá nuestro presidente sea socialdemócrata, pero el patrón está ahí.