"Cortes a precios populares". ¿Derecho a la igualdad o deber de equidad?

Hace algunos años, un asesor de la pizpireta y atrevida Cristina Kirchner le susurró al oído cuán injusto era que en Argentina, la principal exportadora mundial de carne de vacuno, los pobres —o los menos pobres de clase media— tuvieran que conformarse con migajas del festín resignándose a engullir unos bistecs que, aunque apetitosos para el resto de los mortales, ni por asomo se comparaban a los suculentos cortes de la vacada argentina.

La presidenta, consciente de lo que tal agravio laceraba cruelmente el orgullo nacional, rápidamente entendió la necesidad de borrar la ofensa y asumió su urgente remedio disponiendo una formidable operación a la que pomposamente bautizó, campaña de "cortes para todos" y que popularizó como "cortes de calidad a precios populares".

El "corte" —versión porteña del despiece vacuno— se ofrecía a los insaciables consumidores argentinos (120 kilos persona/año) en unos carricoches blancos que, servidos por robustos mozos de impecables mandilones blancos, dispensaban a los viandantes descomunales piezas ricas en jugosidad y sabor como el marmoleado ribeye, la ternura del filet mignon, con la combinación de texturas que incorpora el T-bone, el rico porterhouse o el tomahawk de impresionante presencia y sabor profundo. Todos a disposición de los argentinos a precios populares, esto es, a cantidades irrisorias subvencionadas por el erario nacional.

Se trataba así, se decía, de la justa extrapolación en el plano de la realidad social del mandato justicialista; extender la prosperidad a toda la nación más allá de su condición o posición, como expresión necesaria de la idea de que la democracia recobrada estaba deparando al país la más plena igualdad de disfrute en forma de derechos concretos. ¡No era justo que los argentinos no dispusieran de la enorme igualdad que les permitiera consumir a todos -pobres incluidos- los mejores cortes a "precios populares"!

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Lo malo fue que a pesar de su fenomenal acogida y del correspondiente aumento de popularidad que la campaña alimenticia trajo a la viuda-Presidenta, el invento sucumbió muy pronto víctima, por un lado, de la ingente demanda popular que arrasó rápidamente las existencias de cortes de primera, poniendo en grave riesgo las exportaciones y por el descubrimiento abochornante que abrasó a todos los que trabajaban en el proyecto.

Unos malnacidos habían aprovechado la ocasión, no solo para consolidarse como funcionarios de por vida (algo así como gerentes públicos de cortes populares), sino que además intermediaban provechosamente en la adquisición de los productos que redondeaban la venta: los carricoches blancos, los uniformes de los mozos y supuesto también en la compra de los cortes de primera.

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De manera que las pérdidas centuplicaban su coste hasta cantidades demenciales para el Fisco argentino, que enjuagaba déficits incrementando los de por sí abultados saldos negativos que —a su vez— multiplicaban la necesidad de acudir a bonos de deuda pública. Bonos que finalmente y tras ser adquiridos por fondos buitre a precios de ruina, eran objeto de especulación por el tiburoneo financiero internacional.

Así fue como al cabo de unos meses y de manera discreta hubo que poner fin a la rumbosa campaña que oficialmente murió de éxito. Los "cortes populares" se acabaron, pero el espíritu que los inspiraba quedó vivo porque derivaba de un principio consustancial al movimiento justicialista, la política entendida como búsqueda infatigable de la igualdad a base de una clientelización política.

Un anhelo que respondía a antecedentes muy antiguos que se remontaban a la Roma de los Césares, cuando la vieja Ciudad-república cargada de riqueza no encontró mejor ni más efectivo remedio para contener a un populus despojado de los atributos de ciudadanía que había devenido, primero en gentío y luego en turba, que el de repartir masivamente todos los días de circo unas medidas de trigo y vino que servían para procurar su silencio ante el vaciamiento ilegítimo de la institucionalidad ciudadana.

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Fue entonces cuando la democracia de los antiguos se derrumbó, porque los ciudadanos renegaron de su dignidad republicana y se entregaron a una demagogia que daba lo fútil y negaba lo principal —lo que distinguía a un ciudadano— su identidad como ser humano.

Es oportuno recordarlo y no sólo porque como todavía somos romanos (nuestro ciclo histórico-cultural Toynbeano lo es) la historia pueda volver, sino porque este siglo nuestro es un Tiempo de derechos en el que el abuso de las palabras contra el que clamaba Locke en su Ensayo sobre la comprensión del conocimiento humano, puede llevar al mayor de los malentendidos; como confundir igualdad con equidad. Y eso porque mientras el Estado constitucional construye su dimensión social como Estado (el famoso Estado Social) en la equidad y no en la libertad absoluta, los demagogos, es decir, los que gobiernan engañando al pueblo regalándole lo que no precisa y que para más inri además es suyo, pretenden confundirlo todo presentando como derecho a la igualdad algo que constitucionalmente no existe.

Para explicar lo que se quiere expresar es necesario acudir al artículo 14 CE, que algún descerebrado malinterpreta peligrosamente.

Lo que se está afirmando es que tenemos igual derecho a ser diferentes, sin que esa diferencia pueda derivar en discriminación alguna

Afirma el precitado artículo "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Lo que no quiere decir que todos los españoles seamos iguales y tengamos un derecho a convertirnos en iguales, sino que (art. 1.1 CE) de las diferencias consustanciales que nos caracterizan como corresponde a la naturaleza plural de los seres que vivimos en una democracia, no cabe inferir ningún argumento que depare un trato discriminatorio de parte de los poderes públicos o de los poderes privados. Lo que se está afirmando en este precepto, en suma, no es que a todos nos asista igual derecho a ser iguales, sino que todos tenemos igual derecho a ser diferentes, sin que esa diferencia pueda derivar en discriminación alguna.

Y si alguna duda cabe al respecto, atiéndase a la ubicación que corresponde al citado artículo en la Constitución, como un precepto que antecede y preside todo el capítulo segundo relativo a derechos fundamentales, lo que supone establecer que la igualdad debe ser conjugada y ponderada en función de cada precepto concreto relativo a derechos, para que la igualdad en lo referido a ese concreto precepto pueda resultar aplicada correctamente.

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Muchas son las consecuencias que de esto puede sacar un jurista avezado. Pero para un lector normal quizá la más importante sea entender que la Constitución española no impone la consecución de una igualdad material que marque al Estado el deber —o incluso la posibilidad— de garantizar un derecho a que todos podamos tener gafas gratuitas, comprar merluza fresca o viajar gratuitamente en trenes o autobuses. Lo único que sí impone nuestra norma de 1978, es que todos tenemos derecho a disponer de las condiciones necesarias para que – vía compensación pública de las insuficiencias humanas, naturales o adquiridas— nos resulte posible alcanzar un grado de satisfacción suficiente para mantener una existencia digna.

A esta segunda llama Aristóteles en la Ética a Nicómaco, equidad, mientras que a la primera la caracteriza en su Política, como demagogia y conviene recordar que en ella cifra el de Estagira el comienzo de las desgracias que, corrompiendo al ser humano, amenazan siempre con derrumbar cualquier existencia democrática.

*Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional.