Ceuta: cuando se juzga a los que acataron órdenes ilegales y no al que las dio en Interior

"Un mandato expreso y acabado de la Secretaría de Estado de Seguridad". Se acató y, en consecuencia, se expulsaron en agosto de 2021 a Marruecos a 55 menores que habían cruzado a las bravas a Ceuta en esos días aciagos del 17 y 18 de mayo de ese año. Más de 10.000 marroquíes, la quinta parte menores, llegaron entonces a una ciudad autónoma sumida en el caos y la incertidumbre ante las intenciones del vecino marroquí que empujó a sus ciudadanos a cruzar la frontera española, la mayoría a nado hasta la playa ceutí del Tarajal. Dos se ahogaron y un tercero murió al caerse del espigón.

Aquella orden de repatriación partió del secretario de Estado de Seguridad, el magistrado Rafael Pérez Ruiz. Era el brazo derecho del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta que dimitió a finales de mayo por motivos personales, según la explicación oficial.

Es verdad es que Rafael Pérez no tomó esa drástica decisión espontáneamente. La que era entonces vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu (PP), se dirigió poco antes por carta a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos (PSOE), solicitando la repatriación de los adolescentes y niños recién llegados en virtud del acuerdo hispano-marroquí sobre retorno concertado de 2007. Su gestión contó con el aval del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que sigue defendiendo a la que fue su subordinada.

Rabat no suele aplicar el acuerdo, pero a mediados de 2021 el bochorno era tal por el uso que había hecho de jóvenes migrantes para presionar a España a través de Ceuta, que aceptó colaborar. Una resolución aprobada en junio por el Parlamento Europeo había condenado a Marruecos por utilizar a los menores como arma de presión política y más de un dirigente europeo se sumó a esos reproches.

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La delegada del Gobierno en Ceuta elevó entonces al Ministerio del Interior la petición de Mabel Deu. La Secretaría de Estado de Seguridad sabía que esta vez Marruecos respondería positivamente. El 10 de agosto de 2021 envió un correo a la Delegación del Gobierno en Ceuta instando a iniciar la repatriación solicitada sin esgrimir ninguna duda sobre su legalidad.

Las devoluciones empezaron, por grupos de una quincena, el 13 de agosto y acabaron tres días más tarde porque un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta ordenó su suspensión cautelar tras recibir las denuncias de varias ONG. Alegaban que se estaban violando los derechos de los menores. Nada más la dirigente de Podemos, Ione Belarra, arremetió contra Grande-Marlaska con el mismo argumento.

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Desde entonces se han acumulado varios autos judiciales que avalan esa suspensión. Otro juzgado ceutí de lo Contencioso-Administrativo no sólo declaró ilegales las repatriaciones sino que dispuso, en febrero de 2022, el retorno de ocho de ellos, una orden imposible de cumplir. Cuatro meses después fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que confirmó la ilegalidad de las devoluciones. Por último, el Supremo también ratificó, en enero de 2024, que se había obviado la legislación española y la normativa internacional.

Fue también en junio de 2022 cuando la Fiscalía presentó una denuncia contra ambas mujeres por haber hecho “absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad” que vivía entonces Ceuta sumergida por una oleada migratoria.

Mabel Deu dejó al mes siguiente sus cargos volviendo a la docencia en un centro público de Ceuta. Poco después de su imputación, el Consejo de Ministros destituyó a Salvadora Mateos, en octubre de 2022, como delegada del Gobierno. Ella se jubiló.

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Hoy martes empieza en la sede ceutí de la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio oral abierto contra Mabel Deu y Salvadora Mateos. La Fiscalía y dos ONG, (Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y L’Escola A.C.) les acusan de un presunto delito de prevaricación administrativa continuada”. El ministerio público solicita para ambas 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, además de la pérdida de los honores asociados a sus antiguos puestos”. La Red Española de Inmigración va más allá y pide que se la prohíba desempeñar cualquier empleo público.

En su defensa, Deu y Mateos recordarán, como ya dijeron en su día, que hubo un mandato expreso de la Secretaría de Estado de Seguridad desde Madrid y que no fue oral sino escrito. Aun así, Rafael Pérez, mentor de la repatriación, no se sentará en el banquillo. Ni siquiera se le escuchará como testigo porque, argumenta el tribunal, “este procedimiento no está dirigido contra él”. Peor aún, a diferencia de Vivas, que ha intentado echar un capote en público a su exvicepresidenta, Interior guarda silencio sobre su exdelegada. Sin el aval y colaboración del ministerio la operación de retorno no se hubiese podido llevar a cabo.

La actitud de Grande-Marlaska no sorprende. Entronca con comportamientos que ha reunido estos años con relación a otros asuntos migratorios mucho más graves. El ministro negó, por ejemplo, que alguno de los 23 subsaharianos -Naciones Unidas afirma que fueron 37 y algunas ONG más de 70- que fallecieron en junio de 2022 intentando saltar la verja de Melilla muriese en suelo español. Una investigación del consorcio periodístico Lighthouse Reports demostró lo contrario.

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Otro episodio, menos conocido, de la trayectoria de Grande-Marlaska fue la expulsión a Argelia, en mayo de 2022, de un militar argelino, Mohamed Benhalima, exiliado en España y que había sido condenado a muerte en rebeldía por un tribunal militar. No será ejecutado, pero ese pacífico disidente, que denunciaba en YouTube la corrupción del Ejército de su país, se pudrirá en la cárcel toda su vida. En el historial del magistrado Grande-Marlaska hay un puñado de casos similares, pero hasta entonces ninguno de los opositores magrebíes expulsados de España había sido condenado a la pena capital.