Sánchez: más corrupción, menos Europa

A estas alturas todos sabemos que, en España, el interés particular de una sola persona, el señor Sánchez, se ha impuesto definitivamente al interés general de todos los españoles.

No es un secreto que las únicas leyes que se aprueban en el Parlamento son las que él necesita para seguir gobernando, o las que sus socios le exigen en beneficio propio, aun cuando puedan ser contrarias al interés general o a la misma Constitución. Todos sabemos que la voluntad popular, representada por el Parlamento, se modula o incluso se anula a su conveniencia. Tanto es así que, a esta fecha, son más de treinta las leyes que se encuentran en tramitación aunque paralizadas por la presidenta del congreso a instancias del señor Sánchez.

Sin embargo, lo que quizá no todo el mundo sepa es que, desde que Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno, se está imponiendo el mismo criterio de parálisis y oportunismo político en relación con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la normativa europea.

A día de hoy España acumula un total de 98 directivas europeas sin transponer, 39 fuera de plazo, a pesar de estar obligados a hacerlo en tiempo y forma. No cumplir con tales exigencias conlleva importantes consecuencias. Y no sólo nos estamos refiriendo a las cuantiosas sanciones -que pagamos todos los españoles-, sino también a nivel institucional. No podemos olvidar que el retraso en la transposición de las directivas es uno de los indicadores que utiliza la ONG Transparencia Internacional para calcular el nivel de corrupción de los países. Según el informe hecho público hace tan sólo unos meses, España ha caído cuatro puntos y ha bajado nada menos que diez posiciones respecto a 2024 en el ranking de percepción de la corrupción, para vergüenza del Gobierno, y de todos los españoles que tenemos sentido de estado.

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Según dicho informe, en España, el índice de corrupción es superior al de países como Letonia, Eslovenia, Ruanda, Chequia, muy alejados de las democracias avanzadas y maduras, que es donde debería estar la cuarta economía del euro.

El informe nos desvela cuáles son los factores más importantes que nos llevan a esta vergonzosa situación.

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El primero de ellos, tiene que ver con el progresivo debilitamiento del Estado de derecho en nuestro país, con problemas tan importantes como la falta de transparencia, buen gobierno y la profunda crisis de confianza institucional. El segundo, hace referencia a la falta de reformas estructurales y efectivas que permitan a España dejar de ser el país con más paro y menor productividad de la Unión Europea, aun siendo el que más dinero recibe de los fondos europeos NGEU para evitarlo.

El tercero, como ya hemos visto, tiene que ver con el ninguneo del Gobierno a las normas y políticas de la Unión Europea. No estamos hablando de temas menores, son directivas relacionadas con transición ecológica, economía, migración, trabajo, seguridad, sanidad o vivienda. Áreas que afrontan importantes retos tanto a nivel nacional como europeo y para los que el resto de los países aplican la normativa comunitaria, algunas desde hace más de seis años, en las que el Gobierno de España se limita a ponerse de perfil. Quizás sea el momento de preguntarse por el falso europeísmo de Sánchez, y por las causas que le mueven a incumplir las obligaciones que marca Europa.

Nadie alcanza a entender por qué desde 2019 no se ha transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva de normas comunes del mercado interior de la electricidad. Quizás la única explicación sea porque de este modo resulta más fácil crear un impuesto para recaudar más. Recordemos la excepción ibérica.

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Tampoco se nos han dado razones para explicar por qué desde 2021 no se ha transpuesto la Directiva de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, aunque todo apunta a que, al no hacerlo el Gobierno se encuentra un terreno más cómodo para manejar mejor el uso del fallido mix energético que prescinde de algunas fuentes limpias por pura ideología y provoca apagones.

Nadie sabe por qué no se ha transpuesto la Directiva de control de emisiones por aviación o la Directiva sobre el intercambio de información entre los servicios de seguridad y de aduanas. Ninguna de ellas es un tema menor, aunque a nadie se le escapa que temas como la cooperación transfronteriza no resultan nada cómodos a este Gobierno, tanto por la debilidad del señor Sánchez con países limítrofes, como es el caso de Marruecos, como por su creciente interés por levantar muros y poner nuevas fronteras, incluso, dentro de España.

Es razonable que nos preguntemos por las resistencias a transponer la Directiva sobre derechos de los consumidores, cuando en España, por ejemplo, los okupas tienen más derechos que los propietarios de las viviendas y pagamos un 36’8% más por el precio de los alimentos.

España es el Estado miembro de la UE con más infracciones abiertas por la Comisión Europea

Tampoco deja de ser sorprendente la situación en lo que respecta a la Directiva sobre las condiciones laborales transparentes, sin transponer desde 2019, mientras intentan hacernos ver que es normal que se contrate a la mujer del presidente del Gobierno para dirigir una cátedra a la que no podría acceder ni como alumna por falta de titulación; o mientras insisten en que no es extraordinario que el titular de un puesto de trabajo en la administración pública pueda llevar varios años cobrando del mismo sin saber dónde se ubica su oficina o quiénes son sus compañeros de trabajo; o se intente justificar el pago de un sueldo público a prostitutas que nunca trabajaron, pero que sí hicieron favores a ministros del Gobierno con altas responsabilidades en el partido socialista.

España es el estado miembro con más infracciones abiertas por parte de la Comisión Europea. Esta misma semana se ha aprobado un nuevo paquete de procedimientos de infracción por incumplimiento en la transposición de varias directivas, sanciones que pagamos todos con nuestros impuestos. Mientras, el Gobierno, presume de europeísta, se aleja del marco regulatorio europeo y, únicamente se preocupa por tapar sus miserias y mantenerse en el poder.

Quizás, el presidente del Gobierno, no sabe que la Unión Europea es más que un marco político y económico al que ir a sacarse fotos, a pedir dinero o a exigir que se hable catalán porque lo necesita para mantenerse en el poder. La Unión Europea representa un proyecto común basado en valores como la democracia y el Estado de derecho que, en buena medida, se traducen en la aplicación del marco normativo común que España no aplica. Valores como la independencia judicial, el respeto al Parlamento, la separación de poderes, o la libertad de prensa, que se exigen a quienes quieren entrar en este privilegiado club que es Europa y, de los que España, está cada vez más alejada. Si ante todo esto no se alza la voz, si se calla y mira para otro lado, se estará consintiendo y, por tanto, siendo cómplice y responsable de que en España haya más Sánchez, más corrupción y menos Europa.

*Milagros Marcos Ortega, diputada del Partido Popular.