Jueces y huelga: un contrasentido esencial

El que puede considerarse fundador del moderno Estado liberal de Derecho, John Locke, escribía en 1690: "Y esto es lo que saca a los hombres del estado de naturaleza y los pone en una comunidad política, al establecer un juez sobre la tierra con autoridad para decidir todas las controversias y para castigar las injurias que puedan afectar a cualquier miembro del Estado".

Esa es exactamente la visión que debe adoptarse ante la disparatada idea y la irresponsable puesta en práctica de una llamada ‘huelga’ de jueces. Porque no se trata solo del Estado de derecho, que se pone así en almoneda por los que tanto blasonan de defenderlo; se trata del orden jurídico mismo como práctica social que se sustenta en dos supuestos básicos: la prohibición de la violencia privada para resolver los conflictos entre quienes habitan una comunidad, es decir, la superación del estado de naturaleza, y la presencia del juez con autoridad para dirimirlos y castigar las ofensas, es decir, la solución imparcial de las eventuales disputas. Ambos supuestos se sustentan recíprocamente: la exclusión de la violencia necesita de la autoridad del juez, y la figura del juez dota de sentido a la exclusión de la violencia. Por eso es tan irrisorio que nos pongamos a discurrir si la huelga de jueces tiene o no tiene ‘cobertura’ legal.

Sin jueces o, lo que es lo mismo, con jueces que deciden dejar de serlo por unos días, ni siquiera se puede hablar de normas jurídicas: en semejante tesitura el orden jurídico colapsa, porque como orden mismo presupone siempre la presencia y la actividad del juez. Y esa es la razón por la que es insensato pensar siquiera en una huelga de jueces. El poder judicial no está residenciado en el Consejo General del Poder Judicial, como induce equivocadamente a pensar su mismo nombre. Ni su ejercicio es un "servicio público de justicia" como tanto y tan desatinadamente se viene afirmando. El poder judicial reside en cada uno de los jueces y magistrados ante los conflictos que les son sometidos, y no tienen a nada ni a nadie sobre ese poder que le dicte el sentido de sus fallos.

Su independencia, es decir, aquello que les confiere su autoridad, consiste únicamente en no sentir polucionado su juicio por condicionamientos externos o internos de tipo alguno. Por ello, si un juez cualquiera decide ponerse en huelga, es decir, no juzgar, los ciudadanos cuyos asuntos son conocidos por ese juez vuelven automáticamente al estado de naturaleza y no puede valer para ellos la prohibición penal de realizar arbitrariamente su propio derecho. Porque solo si hay juez tiene sentido prohibir tomarse la justicia por su mano recurriendo a la violencia. Esto es un axioma que fundamenta el derecho mismo.

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Otra cosa es un sinsentido. Hasta el punto de que me ha tentado poner como título retórico y provocador de esta reflexión este: 'Hoy es libre usted de apalear a un juez'. ¿Por qué? Imaginen que uno de esos días en que se ha producido tan insólito evento, un grupo incontrolado y agresivo de jóvenes llega a las puertas del órgano judicial en huelga y suministra una tanda de palos a los magistrados que allí se exhiben como huelguistas. ¿Qué pueden hacer? ¿Acudir al juzgado de guardia? ¿Y si está en huelga? ¿Dar parte a la fiscalía? ¿Y si también lo está? Se supone que eso es un delito que le corresponde conocer a un juez, pero quizás también esté en huelga. ¿Qué hacer entonces? ¿Se puede pensar seriamente en "servicios mínimos" de Justicia? ¿Cómo se definen? ¿Por materias jurisdiccionales?: hoy se pueden incumplir los contratos e ignorar los testamentos, pero no las normas sobre filiación. Hoy se puede lesionar al juez, pero no matarle: los delitos del libro segundo, títulos I y II del Código Penal conforman esos "servicios mínimos".

¿Podemos acaso inventarnos un juzgado o tribunal al que vayan a parar todos los momentos procesales que deberían conocer los huelguistas? Y ¿cómo articulamos en servicios mínimos los plazos previstos en los procedimientos? ¿Se descuentan los tres días de huelga del cómputo de plazos y términos? Pero no sigamos con el esperpento: una huelga de jueces es un imposible lógico porque son los jueces mismos los que han de decidir sobre el ejercicio del derecho de huelga y es lógicamente imposible regular con el derecho lo que es un presupuesto del derecho mismo. Tengo la certeza de que la inmensa mayoría de los jueces, magistrados y fiscales de nuestro poder judicial tienen perfecta conciencia del papel fundante y constitutivo que tienen en el orden jurídico y se tienen que negar al disparate de ponerse en huelga desactivando todo el proceso judicial y con ello el funcionamiento del orden mismo del derecho.

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En eso descansa su autoridad y el papel crucial que juegan en la convivencia humana. Porque sí, la especie humana ha sido capaz de concebir ese mecanismo de superación de la violencia intraespecífica y la solución pautada de las disputas. Y en ese mecanismo, el juez es una pieza ineludible. Por ello precisamente, el máximo riesgo que corre hoy la especie humana, como lo estamos viendo últimamente, es no haber sabido proyectar a la esfera supranacional un mecanismo decisorio como ese, no haber podido designar para las relaciones entre Estados un tercero independiente e imparcial.

También tengo la seguridad de que los jueces de esa inmensa mayoría se perciben a sí mismos, más allá de ese fundamento crucial, como uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, cuyo primer ingrediente es el imperio de la ley como expresión de la voluntad general, al que todos, y los primeros los jueces, hemos de estar sometidos. Y observan en consecuencia lo dispuesto en el artículo 395 de su ley orgánica, que les prohíbe felicitar o censurar por sus actos a los poderes y autoridades de todo tipo, incluido naturalmente, el poder legislativo, y concurrir a actos o reuniones públicas como las que se han propuesto y producido imprudentemente.

Pues si ellos no cumplen la ley, ¿qué autoridad tienen para persuadir a los ciudadanos de que lo hagan? Las leyes pueden ser a veces muy injustas, pueden ser hasta indecentes, pero para un juez que perciba todo el sentido profundo que tiene eso de ser juez, esas leyes emanadas de un iter legislativo formalmente correcto, por injustas que sean, tienen que seguir siendo vinculantes.

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Si no lo conciben así, están ignorando los supuestos fundamentales en que descansa su decisivo papel en la sociedad en general y en el Estado de derecho en particular. Y están desalentando con su mal ejemplo los comportamientos leales de los ciudadanos. El conflicto con su conciencia, se ha dicho muchas veces, puede ser tan intenso que no puedan soportarlo moralmente. Pero entonces tienen que colgar la toga, renunciar a ser jueces y salir a la calle a luchar por su conciencia. Lo que no pueden hacer es colgar del perchero su conciencia y salir a la calle con la toga puesta porque eso es traicionarse a sí mismos como jueces.

*Francisco J. Laporta, catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.