La propaganda ha secuestrado la política. Los ciudadanos no deberíamos contribuir a ello

En este curso se ha recrudecido hasta límites intolerables la guerra en Gaza, Donald Trump ha lanzado una cruzada contra el libre comercio internacional, la inmigración se ha asentado como la principal preocupación en los países occidentales, Europa se arma para una nueva Guerra Fría con Rusia y se han cumplido veinte años desde que el poder adquisitivo de los trabajadores españoles prácticamente se estancó.

Sin embargo, nada de eso ha definido el curso político que al fin termina. Los últimos once meses de nuestra vida pública han estado dominados por otra cosa: la propaganda.

La responsabilidad del Gobierno

El Gobierno ha sido su principal promotor. Ha convertido Televisión Española en una plataforma de infotainment en la que todos los presentadores relevantes son fieles a Pedro Sánchez. Por si eso fuera poco, concedió preventivamente una licencia de televisión a un grupo privado, Prisa, y se enfrentó a su presidente, Joseph Oughourlian, cuando este se negó a invertir en ella y dijo que pretendía que sus medios fueran de izquierdas, pero independientes del Gobierno.

El ministro Óscar Puente se ha liberado de la gestión de los transportes para dedicarse plenamente a su actividad como tuitero. En el momento de escribir esto, los últimos cuarenta y tres tuits de su timeline consistían en insultos a la oposición, chistes malos sobre currículums de políticos, memes y respuestas a tuiteros anónimos. El cuarenta y cuatro también era puro politiqueo, pero al menos tenía que ver con los trenes.

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La propaganda dedicada a ensalzar la propia gestión es un rasgo inevitable de los Gobiernos. Pero en este curso han sido asombrosas las declaraciones de la ministra de la Seguridad Social sobre la robustez del sistema de pensiones; las de la ministra de Vivienda, según la cual el Gobierno tiene la clave para solventar la escasez de casas; las de la ministra de Hacienda, que reitera que el cupo catalán será beneficioso para todas las comunidades autónomas; y las del ministro de Presidencia, según el cual los ataques a los jueces y la prensa son una muestra del respeto del Gobierno a la independencia judicial y periodística.

Pero, obviamente, el maestro de la propaganda es el presidente. A principios de este año inauguró con solemnidad los actos que conmemoraban la muerte de Francisco Franco. Más tarde pidió a los artistas que asumieran su papel propagandístico para apoyar la agenda del Gobierno. Más recientemente, consiguió transmitir que el estallido de un caso de corrupción en el seno del PSOE y el Gobierno, que incluía la contratación de prostitutas, es una muestra de que estos son limpios y feministas.

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El Gobierno hace buena propaganda. Sus métodos son muy efectivos. La razón es que ha entendido perfectamente cuál es el papel de la comunicación política en la actualidad. Esta no tiene por fin persuadir a los rivales. El Gobierno, con razón, no tiene ninguna esperanza de que los votantes de la oposición se pasen a la izquierda. Su objetivo es, simplemente, mantener movilizados a los suyos; alinear sus opiniones y disciplinarles, darles argumentos para que contribuyan a la propaganda por sí mismos en las tertulias, las redes sociales y las conversaciones informales. Funciona muy bien.

La servidumbre voluntaria

Y esto es lo más preocupante de todo. El problema de la inundación de propaganda en la que vivimos trasciende a un Gobierno más preocupado por la comunicación que por la gestión. En una democracia, eso debería ser un inconveniente pasajero. Lo realmente catastrófico es que la sociedad —y, con ella, la oposición— parece haber interiorizado que esa es la única manera de hablar de política que existe. Según esta, no se trata solamente de que los ciudadanos se politicen: se trata de que se conviertan en soldados y portavoces de los intereses electorales de las cúpulas de los partidos. Los votantes de izquierdas parecen dispuestos a tragar casi con cualquier cosa. Pero no son los únicos. Muchos de derechas, por ejemplo, se obligan a insistir en que la gestión de Carlos Mazón durante la dana de Valencia fue aceptable, que Telemadrid es imparcial o que los planes económicos de Vox son verosímiles. El juego consiste solo en apoyar a un bloque o al otro y repetir su propaganda.

Me preocupa que tengamos un gobierno en apuros que recurre a la más cruda propaganda para mantenerse a flote. Pero me preocupa aún más que lo vivido en este curso sea el nuevo estándar democrático: un entretenimiento televisado en el que no solo los políticos, sino también los tertulianos, los columnistas, los usuarios de redes, los artistas y casi todo ciudadano piensan que lo importante es mostrar fidelidad a un bloque político y utilizar cualquier hecho —algunos trágicos o con un impacto brutal en las vidas de las personas, como los que mencionaba al principio de esta columna— para soltar un argumentario recibido.

Este parece ser nuestro futuro. En él, seguiremos viviendo en democracia, pero la convertiremos en un mero ejercicio de servidumbre a los líderes del bloque al que pertenecemos. Lo peor es que en la mayoría de casos será una servidumbre voluntaria.