Currículos falseados y otras desigualdades de sus señorías con la ciudadanía

Termina el mes de julio y la verdad es que indigna ver el panorama de los servidores públicos (de algunos) en esta primera parte de la actual legislatura. Lo último, lo de los currículos falseados, no sólo el de Noelia Núñez que, al menos, ha reconocido y dimitido. Quienes están en las altas instituciones y poderes del Estado no se aplican el Derecho ni las normas éticas básicas. Aquí varias muestras de las distintas varas de medir de los cargos públicos y políticos respecto a nosotros: una, las diferencias al exigir veracidad en los currículos frente a distintos procesos como la acreditación del profesorado; dos, la enorme brecha en los planes de viajes, en concreto en las dietas de funcionarios públicos y miembros del Gobierno, como se vio durante la cumbre de ONU en Sevilla; o tres, el uso partidista de la potestad legislativa, me refiero a la negativa constante a regular los 'lobbies' porque les hacen pupa o a dotar de poder sancionador a los distintos sistemas de control interno.

Medias verdades y declaraciones 'fake'

Sobre las medias verdades en los currículos, qué error tan poco inteligente y qué consecuencias para la breve vida política de Noelia Núñez por tamaño patinazo. Disfrazar en la gramática (grado, estudios, clases) una realidad que -por otro lado- nadie les exige (para ser diputado basta ser español de más de 18 años), todo para decir que no había obtenido los títulos correspondientes. No veo el problema. Ser bachiller ha sido también algo muy noble en la literatura y el teatro clásico, nunca un demérito.

Ese falseamiento en las declaraciones de sus señorías afecta también a la declaración de bienes del Registro del Congreso y del Senado, una tomadura de pelo vistos los pufos del diputado Ábalos, o de los exdiputados Cerdán o del mismísimo Montoro. Los conflictos de interés, clarísimos, pero bien camuflados ('fake'). Vamos, que cuelan sociedades interpuestas, o una ingeniería financiera que demuestra su interés por ocultar cosas para saltarse la ley y para no pagar impuestos en vida. Como si fueran el abuelo que ya pensando en irse de este mundo lo pone todo a nombre de sus herederos.

Vamos. Una broma, y eso además cobrando un sueldo anual cercano a los 60.000 euros, amén de dietas u otros ingresos y otras prebendas. Cuando se ha querido regular los grupos de presión, influencias o lobbies, los propios grupos parlamentarios lo han parado, como ha reflejado recientemente en Demócrata.es mi colega Rafa Rubio, se podrían haber visto problemas muchos antes. Y, claro, ahora nos lamentamos de Montoro, del link de Ábalos con el de Pepe Blanco, entre otros; la primera alarma sonó en 1991 con el caso Guerra. Y bueno, ya ven.

Pero, ¿quién debe vigilar?

A mí me dice la lógica que el propio poder legislativo en una primera instancia. Conversaba estos días con Miguel Ángel Gonzalo en Twitter (X), director de Documentación, Biblioteca y Archivo del @congreso_es sobre si corresponde o no al Congreso, los servicios de la web o de transparencia, esa fiscalización sobre los currículos presentados en la web oficial. Me decía que no, que “el acceso a la función de representación está en relación con la votación popular y la representación de la soberanía. En ningún caso, los servicios de la cámara, en mi opinión, debemos hacer funciones de fiscalización”. Lo que se dice en el plan de transparencia que presentó el propio Congreso es una desiderata del portal sobre cómo favorecer la presentación de los currículos de sus señorías, pero no obligatorio.

Cierto, tienen la soberanía popular que emana del voto. ¡Los ha elegido el pueblo! Pero tienen tantas responsabilidades (como nombrar al presidente del Ejecutivo o censurarle), o nos imponen tantas cargas a los ciudadanos que no parece estén a la altura de dicho mandato.

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La Oficina de Conflicto de Intereses del Congreso, según norma del propio Congreso, verifica la Declaración de bienes, pero no sanciona de ningún modo; se hace por transparencia para dar a conocer incrementos patrimoniales durante un período de mandato concreto, le falta mucho para serlo de verdad.

El Gobierno anunció a mediados de septiembre de 2024 (en concreto en el fantasioso Plan de acción por la democracia), que sancionará a diputados y senadores “por la no presentación declaración de bienes o la presentación de información falsa o incompleta”. No me digan que no es divertido, por decir algo. Divertido y confuso, y confundidos estamos los ciudadanos, porque el presidente, cuando el tema es más de ética y transparencia política efectiva, promete más leyes como solución para no cumplirlas.

¿Quién debe vigilar, pues? Una vez más, la prensa, no nos queda más poder que ese, además del judicial en cuestiones de ilegalidad, y por supuesto también el pueblo que debe investigar y denunciar casos extraños, para eso existen ya buzones de denuncia.

Distintas varas de medir

Vamos con otra gran desigualdad: ciertamente la web del Congreso no es la web de la ANECA donde los profesores universitarios nos enfrentamos cada pocos años para los sexenios y acreditación docente, o de presentación a una oposición, siempre todo bajo el principio de veracidad, de presunción de verdad de todo mérito, título, publicación, estancia, congreso o número de horas dictadas. En ANECA u otras agencias de calidad similares, los documentos existen y se piden al albur a los participantes.

Respecto a las dietas y gastos por viajes de trabajo, mis colegas universitarios saben también de lo que hablo, y es lo que denunciaba el sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, en la cumbre de la ONU (no era la primera vez) denuncia que las dietas llevan sin actualizarse desde hace 20 años y que resultan “insuficientes” y “humillantes” en cualquier ciudad y especialmente en una capital como Sevilla. Literalmente, desde 2002 (abajo), las dietas en España para el Grupo 2, por ejemplo de profesores o militares, o grupos A y B de policías y militares, son 65,97 € de pernoctación y 37,40 € de manutención. Total 103,37 € que en muchísimos casos además hay que adelantar. La escala básica, pues esos 77,13 € que para vivir en Sevilla una semana, es una broma.

Hagan las cuentas y pidan precios. Y mientras se conocen gastos de almuerzos de la representación política en dicha cumbre. ¿Qué vara de medir tenemos? ¿Qué principio de justicia social se aplica aquí?

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Terminamos concluyendo una vez más la necesidad de rearmarse éticamente, y exigir con esos criterios (no solo los positivistas de la ley, de esa ley de puro fingimiento), a los servidores públicos, de todo nivel, para que se apliquen la misma ética profesional -que es exigente- de muchos ámbitos conectados, la empresa, la prensa, la publicidad, los 'lobbies', etc, etc.

Junto a eso debemos recuperar el papel de las instituciones de garantía, con órganos dotados de independencia real. Y devolver a los funcionarios el gobierno de lo público, desalojando cargos a dedo donde deberían estar personas que no obedezcan a mandados de un político de turno, a quien es difícil contrariar. Salvo los ministros y secretarios de Estados (o incluso estos también), el escalafón hacia abajo, recuperemos una función pública profesional.

Y si, como parece de momento, los que deberíamos poder fiscalizar somos los ciudadanos, pedimos que se habilite cuanto antes el voto electrónico para intervenir en ciertas cuestiones (no lo harán), que la nuestra sea una democracia más participativa. Hasta el momento, sí podemos todos preguntar y obtener información del Congreso aquí. Por una democracia que no sea solo representativa, porque algunos de los que nos deben representar, no son honestos, no rellenan bien ni los papeles más básicos, y algunos otros dirán quizá que, a estas horas, no han comido.

*Loreto Corredoira. Catedrática acreditada de Derecho de la Información. Universidad Complutense.