El PSOE en 2027: oros, en Cataluña, bastos, en el resto

La determinante influencia de los independentistas vascos y catalanes en la política española está provocando una paulatina mutación de la Constitución, encaminando a España hacia el país plurinacional que nunca fue, obligando al Gobierno a una infame ley de amnistía que repudiaba hasta el día anterior, a humillarse ante todo el mundo con su vergonzosa pleitesía a un prófugo de la justicia, a aceptar la ignominia de pactar en Bélgica la investidura del Presidente del Gobierno de España y a "gobernar" cada día con permiso del prófugo.

Esforzándose cada vez menos en buscar justificaciones, asistimos estupefactos a u continuos tratos de favor hacia Cataluña y el País Vasco, que se cobran cada vez más caros sus votos y ensanchan sin parar la brecha de desigualdad con los demás. Se blanquea a los filoetarras y se permite un trato deferente a los presos y a la memoria de ETA en general. Se llega a abrir un proceso de negociación para transferir las competencias de inmigración a Cataluña con Puigdemont, líder de un partido manifiestamente xenófobo.

Y se dan pasos incesantes hacia lo que ya nos venían advirtiendo: hacia un "concierto fiscal" en Cataluña, desgajando la Hacienda catalana de la española, y hacia una ruptura de la caja única de la Seguridad Social, desde la que se ha garantizado hasta ahora la igualdad de prestaciones entre todos los españoles.

De culminarse esta deriva, estaríamos yendo hacia una derogación de hecho de la Constitución y una cancelación irremediable del espíritu de la Transición, que tan buen resultado nos ha dado en términos de prosperidad y de convivencia.

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Lógicamente, esta desdichada sucesión de acontecimientos, tan rechazable desde el punto de vista moral y político como estético, está impactando de manera muy negativa en el apoyo social al PSOE a pesar de la buena marcha de la economía, entre sectores que tradicionalmente lo apoyaron pero que soportan cada vez peor que los socialistas estén dimitiendo de la defensa de la igualdad, su principal seña de identidad. Desde mayo de 2023, hemos perdido todas las elecciones celebradas -generales, autonómicas y europeas- excepto las catalanas, un dato muy significativo.

Si a esto añadimos los gravísimos casos de corrupción y la deleznable zafiedad en el trato a las mujeres, que afectan a los principales colaboradores del Presidente desde 2017, provocándole un fortísimo descrédito, es normal que vayan surgiendo señales de alarma y llamamientos a disolver las Cortes, modificar la política de alianzas e ir a las elecciones con otro candidato. Pero no es probable que nada de eso vaya a ocurrir. La apuesta estratégica de Moncloa parece clara: agitar el fantasma de VOX -nadie trabaja tanto como la izquierda para que crezca la extrema derecha- y debilitar así al PP, arrasar al partido de Feijóo en Cataluña y en el País Vasco y, aunque se pierdan las elecciones, algo asumible para la dirección federal, volver a reeditar en 2027 la suma Frankenstein actual.

"No entiendo que la militancia del PSOE no reaccione y no defienda la igualdad, la socialdemocracia y la democracia liberal"

Incluso es verosímil que la estrategia tenga más largo recorrido. Es cada vez menos descabellado pensar que, desde Moncloa, se contemple como muy probable la posibilidad de perder el gobierno. En ese caso, se acariciaría la idea de una legislatura muy complicada para Feijóo por su dependencia de VOX y la consiguiente vuelta al poder del PSOE antes de 2030, sin renunciar a seguir con una mutación de la Constitución corregida y aumentada que satisficiera a sus socios independentistas. Los avances siguientes que podrían darse en esa mutación perfectamente planeada, en ese camino hacia una España confederal, no son nada tranquilizadores.

Como socialista y como ciudadano español, me asombra que, fuera de Cataluña y el País Vasco, no se reaccione con más contundencia ante esta pretensión de convertir a España en un país manifiestamente desigual. Pero los candidatos municipales y autonómicos socialistas tienen un motivo añadido de preocupación: esta estrategia de Moncloa los deja a ellos a los pies de los caballos frente a sus adversarios del PP, aunque para la dirección federal eso sea un simple daño colateral.

En el último Comité Federal al que asistí, el del 7 de septiembre de 2024, felicité a Salvador Illa por su resultado electoral y le advertí de que los demás también queríamos ganar en nuestras respectivas comunidades, pero que las políticas gubernamentales que para él eran puro viento de cola para los demás eran lastres cada vez más insoportables, como lo era el reciente acuerdo entre ERC y el PSC, con el beneplácito de Ferraz, para ceder a Cataluña un concierto económico como el del País Vasco.

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Illa se expresó a la manera en que suelen hacerlo los socialistas catalanes, con el aparentemente conciliador pero en el fondo cínico discurso de que lo que ellos defienden es bueno siempre para España, cuando en realidad su hoja de ruta real no disuena casi nunca de posiciones netamente nacionalistas.

En las elecciones municipales y autonómicas de 2023 sufrimos los efectos de esta "letal medicina": perdimos los gobiernos de Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja y Valencia, conservando solo tres CCAA; perdimos cientos de ayuntamientos, entre otros los más grandes y ya advertí entonces que, de no haber un giro total en la política territorial, en 2027 el desastre podría ser aún mayor.

Buena muestra del carácter secundario que desde Ferraz se asigna a 15 de las 17 CCAA lo vimos a la perfección en Galicia, donde dio la impresión de que a la dirección federal no le incomodaba demasiado que el PSdeG quedara muy por debajo en votos del BNG, pues ya sabemos que lo importante no es ganar sino sumar.

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O en el nombramiento de ministros como "jefes orgánicos" en esas CCAA secundarias, una enorme anomalía democrática, pues no se puede defender el interés general de España y, al mismo tiempo, hacerle oposición al presidente autonómico de turno. Es insólito que la Presidenta del Congreso de los Diputados sea secretaria general del PSOE de Baleares; que la Vicepresidenta del Gobierno lo sea de Andalucía, el de Función Pública de Madrid, la de Ciencia de Valencia, el de Administración Territorial de Canarias y la de Educación de Aragón.

En realidad, esta operación no persigue, sino el control orgánico de las federaciones afectadas para blindarse de cara al futuro, porque electoralmente, a la luz de las encuestas, ningunos de ellos está saliendo bien parado. Al fin y al cabo, en ningún sitio está escrito que un ministro sea un buen candidato, entre otras cosas porque asume la función de defender las posiciones del Gobierno, incluso cuando estas son perjudiciales para su propia Comunidad.

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En resumidas cuentas, se echa en falta a veces que no se sea más intransigente con la corrupción económica, quizá porque afecta a todos los partidos (PP, PSOE y CiU, madre de Junts, a los que más) y existe ya un gran hartazgo ciudadano. Pero, por salud democrática, me parece ahora mismo más urgente rechazar activamente ese proceso de confederalización de España, esa aceptación expresa de la desigualdad, esa sostenida mutación de la Constitución de 1978, que es, sin duda, una modalidad de corrupción política mucho más grave y que no se había producido jamás.

No entiendo desde luego que la militancia del PSOE no reaccione ante lo que está pasando y no defienda la igualdad, la socialdemocracia, la democracia liberal, la independencia y el prestigio de los jueces, de los fiscales y del Tribunal Constitucional, el gobierno desde la centralidad y, sobre todo, la Constitución y la convivencia, los valores que lo caracterizaron en su época dorada. Pero aún entiendo menos que los compañeros candidatos autonómicos y municipales apoyen con alborozo una estrategia que a ellos les conduce directamente al suicidio. El tiempo de rectificar se está agotando.