El leve error de Cristóbal Montoro

Se atribuye a Fouché —el siniestro ministro de Policía revolucionario francés al que Zweig en su lograda biografía tildó de "genio tenebroso"— la autoría de una enigmática frase dirigida a Bonaparte cuando supo del rapto seguido de inmediato fusilamiento del jovencísimo duque de Enghien: "Sire es peor que un crimen. Es un error".

Son diversas las lecturas que se han venido efectuando de tan manejada y sobada cita. Quizá la que mejor encaja en nuestro actual contexto político, marcado por una terrible nebulosa que invade y trastoca todo, es la literal que reza: "En ocasiones en política equivocarse es mucho peor que cometer un delito". Para los hombres que se dedican a la política, obrar de manera estulta acaba siendo (en las consecuencias que derivan en sus fines) bastante más grave equivocarse que infringir la ley penal, que habitualmente es ya de por sí suficientemente grave.

Es posible que mucho de este dicho resulte aplicable a la situación causada a raíz del encausamiento en un juzgado de Tarragona del exministro de Hacienda por un delito de tráfico de influencias. Imputación a la que se añade un alud de denuncias más leves por haberse servido de la Agencia Tributaria para presionar a enemigos y compañeros políticos con el fin de lograr objetivos relacionados con la lucha por el poder, cuestión a la que, a resultas de la degradación que nos preside, se ve hoy reducida la política en España.

A priori la causa judicial tiene difícil prosperar si se toma en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a los Eres de Andalucía. Una malhadada sentencia -cuya ponente fue la juez Inmaculada Montalbán- que excluye como delito el llamado tráfico de influencias parlamentario al advertir que el proyecto de ley, mientras es proyecto, no se puede someter a un juicio de legalidad y que una vez que se ha aprobado y convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad.

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Traficar para obtener favores de un poder carente de ideas y que es mando en estado puro, significa participar de una práctica objetivamente corrupta que deriva de la corrupción generalizada de los partidos parlamentarios a los que les da lo mismo aprobar esto que aquello, porque carecen de proyectos para aplicar a la realidad y de afiliados ante los que responder, y solo aspiran a sobrevivir en su tarea como si fueran dignos profesionales que hacen de su menester un medio de vida honesto con apariencia de oficio respetable, cuando en verdad su conducta no es más que una expresión de la degradación que ha destruido el fin más noble de la política: llevar a la práctica las aspiraciones de mejora de la sociedad.

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El antiguo ministro parece haberse olvidado del cúmulo ingente de leves errores que cometió persiguiendo impunemente a diestro y siniestro a sus adversarios políticos, frecuentemente percibidos como grandes ofensas por quienes los sufrieron. Una riada de minúsculas afrentas de las que, como advertía Maquiavelo y corrobora ciertamente el clamor que en su contra se levanta estos días, "los hombres se vengan siempre (por ser ofensas ligeras), ya que de las graves no pueden".

Pero hay más que eso, porque el error del señor Montoro ha terminado objetivándose en la redefinición que como ministro llevo a cabo de la Agencia Tributaria, corazón del Estado Fiscal y en el que Schumpeter ve el origen mismo de lo público como esencia del Estado moderno. Objetivación que ha sido un error colosal porque para solventar un problema ha contribuido a descabellar al Estado.

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La Agencia Tributaria -creación de José Borrell- se encontraba en una difícil tesitura de efectividad menguante, con sus efectivos terriblemente desmoralizados tras el escándalo que en abril de 1998 destapó El País acusando a sus directivos en Cataluña (José María Huguet y Ernesto Aguiar, entre otros) de algo muy similar a lo que ahora se le reprocha a Montoro: concertación entre agentes públicos e intereses privados. Una situación que Rodrigo Rato, en la puerilidad que le guiaba en su actuar, buscó solventar con la supervisión de la Agencia por el CNI, sin por supuesto conseguirlo.

Cuando vino la crisis financiera y con ella llegó Montoro, la recaudación se hundió. Fue entonces cuando se reinventó el modelo de Agencia Tributaria y se alentó un modo de entender la inspección centrada en la búsqueda insaciable de dinero, premiando con incentivos no trasparentes a sus agentes y basada en un traslación de la prueba a los obligados tributarios, construida de manera incompatible con las disposiciones constitucionales de presunción de inocencia y demostración efectiva. Con ello se alcanzaban dos objetivos: dar un enorme empujón a los ingresos públicos que se habían desmoronado y, de cara al propio ministro, reforzar su escasa entidad política personal hasta convertirlo en un personaje temido que, incluso, alardeaba de su información fiscal en el parlamento

Ese fue justamente el error de Montoro, un hombre que, habiendo sido académicamente muy poco, pensó que el ejercicio de la acción de gobierno le compensaría y le haría grande, olvidando tanto cuan efímero resulta el poder cuando nada se tiene detrás, como que nunca deben objetivarse los odios y querellas propias trasladando los sentires personales a las instituciones, porque se envician y pierden su finalidad y concluyen deslegitimadas, como acredita el fuerte cuestionamiento que actualmente aqueja a una Agencia Tributaria a la que la ministra Montero, sucesora de Montoro, sólo añadió un cambio de personal.

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*Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional.