Mujeres rurales: cuando el feminismo se queda en los despachos

Cada 15 de octubre, los discursos institucionales se llenan de aplausos, flores y promesas. Se felicita a las mujeres rurales, esas heroínas invisibles que sostienen la mitad del territorio y buena parte de la producción alimentaria del país, mientras se les sigue negando casi todo lo que necesitan para vivir y trabajar con dignidad.

Europa nos recuerda que solo el 4,9% de las mujeres rurales son menores de 35 años (Eurostat, 2024). Es decir, estamos envejeciendo y masculinizando el campo, un cóctel perfecto para el abandono.

España se declara orgullosamente "feminista", pero la realidad del campo demuestra que el feminismo de eslogan no da de comer, no llena los embalses ni paga las facturas de una empresa o de una explotación agraria. De hecho, tenemos una de las tasas más altas de paro rural femenino en la UE, estimando una tasa rural femenina cercana al 12,9 %.

La ironía es amarga; en un país donde el 88% del territorio es rural, seguimos hablando de igualdad con la misma pasión con que se ignora la despoblación. El Gobierno presume de ser pionero en igualdad, crea ministerios, multiplica cargos y lanza campañas desde los despachos de las ciudades. Mientras tanto, en el mundo rural, una de cada cuatro mujeres trabaja sin contrato o sin cotización (MAPA, 2024); solo el 27% de las ayudas de la PAC llegan a mujeres, el empleo femenino en el sector agrario cae más de un 20%, y apenas el 25% de las personas ocupadas en el campo son mujeres. Es evidente que el feminismo institucional se siente más cómodo en los platós que en los pueblos, por eso consienten que desaparezcan los cajeros automáticos, promueven que se anulan paradas de tren, hacen leyes para poder liquidar tres de cada cuatro paradas de autobús, cierran cuarteles de la Guardia Civil o permiten que aún haya pueblos sin conexión a internet.

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Este feminismo de escaparate, que deja vaciar la España rural de oportunidades, es especialmente peligroso cuando, además, las medidas de seguridad se fían a la ideología y la improvisación. En 2024, más del 30% de las víctimas mortales de violencia de género vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes. En los pueblos más pequeños, el silencio sigue siendo la norma: las mujeres tardan entre 20 y 25 años en denunciar a su maltratador, según datos del Ministerio de Igualdad. Allí, donde todos se conocen, denunciar puede significar perder el trabajo o enfrentarse al silencio del entorno. Pero ese drama cotidiano no cabe en un vídeo institucional, no entra bien en un tuit, ni luce tanto como un lazo morado en el ojal.

Mientras, vemos ministros contratando mujeres prostituidas con dinero público, leyes que dejan en la calle a violadores reduciendo sus condenas y contratos para dispositivos de protección a víctimas de violencia de género publicitados como ejemplo de compromiso que acabaron envueltos en polémicas por su opacidad y deficiente control técnico.

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Ningún gobernante inteligente debería despreciar a las mujeres rurales. Ellas son la columna vertebral de muchas economías locales: impulsan la agroindustria, el turismo sostenible, los cuidados y el emprendimiento. Y, sin embargo, solo el 18% de las nuevas empresas creadas en zonas rurales tienen liderazgo femenino. No por falta de talento —las empresas lideradas por mujeres fracasan un 28% menos que las de los hombres—, sino por falta de financiación, de formación digital y de políticas reales de conciliación.

Pero para aprovechar ese talento, España necesita menos declaraciones de intenciones y más políticas rurales de verdad: fiscalidad diferenciada, infraestructuras de agua, vivienda asequible, guarderías, conectividad y crédito productivo, ¿falta fondos para ello? no, falta de compromiso político. Los más de 163.000 millones de euros de fondos europeos que podrían haberse destinado a financiar el desarrollo rural, modernizar y hacer más competitiva la economía de nuestros pueblos, se han desperdiciado. De hecho, a un año de que finalice el plazo de ejecución, hemos visto cómo se han diluido entre burocracia, oscurantismo e ideología, sin llegar a ser el motor económico para el que nos los prestaron los socios europeos, a quienes se los tendremos que devolver.

Cerrar la brecha de género en el medio rural no es un capricho ideológico. El estudio 'Mujeres por una economía saludable' (Closing Gap, 2022) estima que aprovechar plenamente el talento femenino en el campo podría aportar más de 170 millones de euros anuales al PIB. Pero para eso hace falta planificación, no propaganda.

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Mientras tanto, el país "feminista" permite que las mujeres rurales sigan siendo invisibles: trabajando más, cobrando menos y envejeciendo solas. Y cada 15 de octubre volvemos a escuchar discursos sobre igualdad de oportunidades, firmados por los mismos que no saben lo que cuesta criar ganado mientras se duplica la población de lobos, mantener abierta una pescadería o una panadería en el pueblo mientras aumentan los impuestos, o sacar adelante una explotación sin tener la rentabilidad asegurada.

El feminismo real no necesita pancartas, sino políticas útiles. Las verdaderas feministas del campo son las que madrugan para ordeñar, las que sostienen explotaciones familiares, las que piden crédito para montar una quesería o teletrabajan desde su pueblo. No piden flores ni banderas: piden respeto, seguridad y oportunidades a un Gobierno que presume de feminista, pero al que aún le queda mucho que aprender del silencio digno y del trabajo incansable de las mujeres rurales.

*Milagros Marcos Ortega, diputada del Partido Popular.