Buenas noticias: la separación de poderes sigue funcionando

La transición de una democracia liberal hacia un régimen autoritario siempre empieza igual. El Gobierno señala a la prensa independiente. Ocupa las instituciones públicas que hasta entonces habían sido relativamente neutrales. Propone cambiar las leyes para beneficiar a personas concretas de las que depende su permanencia en el poder. Y, por encima de todo, toma medidas para acabar con la independencia judicial.

España no es un régimen autoritario y no lo será pronto. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado algunos pasitos que recuerdan a la transición del liberalismo al autoritarismo. El presidente ha insistido en que hay que poner límites a la prensa que ha denunciado la muy probable corrupción de su entorno más cercano. Ha convertido el CIS y RTVE en meros instrumentos de apoyo propagandístico al Gobierno. La coalición parlamentaria que lo sostiene aprobó una reforma del Código Penal, y una amnistía, para cimentar su cohesión interna. Y el propio Sánchez ha sugerido que una parte del sector judicial está embarcada en una ilegítima lucha política contra el Ejecutivo.

Por eso hoy hay que saludar serenamente la sentencia que condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. No porque fuera la única sentencia posible. Ni mucho menos por revanchismo contra un hombre que no ha sido más que un frívolo sirviente voluntario del PSOE. Sino porque demuestra que en España sigue existiendo la separación de poderes.

Propaganda y victimismo

Hay un viejo chiste yiddish que habla de la osadía exagerada. Un hombre mata a su madre y a su padre. Es llevado a juicio. Y durante este implora clemencia al juez porque, a fin de cuentas, es solo un pobre huérfano.

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Esa ha sido, más o menos, la actitud del Gobierno y los medios afines, públicos y privados, ante el caso que se sentenció ayer. El fiscal general fue temerario al creer que su trabajo consistía en mandar notas de prensa para desmentir falsedades diseminadas por el partido rival. Y a partir de entonces todo se volvió, como en el chiste, grotesco: El País y elDiario.es quisieron hacernos creer que este juicio versaba sobre la integridad de sus periodistas. El presidente dio una entrevista al primero de ellos en la que afirmó que el fiscal era inocente y dijo en Bruselas que alguien debería pedirle perdón por acusarle sin pruebas. Además, la persona encargada de acusar al fiscal era un subordinado suyo, y muchos de quienes trabajaban a sus órdenes se prestaron a ser retratados mientras le aplaudían como si fuera una mezcla de héroe y mártir.

Tras la sentencia de ayer, esa osadía exagerada prosiguió: el Gobierno dijo reconocer la labor de García Ortiz, el primer fiscal en ejercicio condenado en la historia de la democracia española; Gabriel Rufián, que a todos los efectos es el portavoz del grupo parlamentario socialista, dijo que se trata de la demostración de que el Estado trabaja para proteger a Isabel Díaz Ayuso. Sumar lo calificó de "golpe judicial en toda regla". En esta mezcla de propaganda y victimismo —el de quien se declara víctima tras transgredir la ley o, por lo menos, la ética— se basa la estrategia general del Gobierno y su coalición.

Pero la separación funciona

Sin embargo, más allá de este espectáculo, que denota una visión un tanto autoritaria del poder del ejecutivo y el convencimiento de que la Fiscalía no es más que una parte ordinaria de este, la separación de poderes funcionó. A falta de analizar en profundidad la sentencia, esta decisión parece entrar dentro de lo que parecía razonable. El Gobierno protestó y reaccionó con incomodidad. Además de por el evidente golpe que supone la condena a un fiscal que ha sido reiteradamente defendido por el presidente, porque coincidió con la petición de treinta años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y con el aniversario de la muerte de Francisco Franco, que el Gobierno esperaba capitalizar mediáticamente. Pero no tuvo más remedio que afirmar que respeta el trabajo de la Justicia y acata la sentencia. Y, lo que es más importante, señaló que pronto empezará el proceso para nombrar a un nuevo fiscal jefe.

No es raro que los Ejecutivos tengan impulsos autoritarios. Los del liderado por Sánchez son más acusados. Pero lo relevante es que, por feo que sea el contexto general, el sistema aguante y haga su trabajo. Y pese a las presiones del presidente a la prensa, su uso partidista de las instituciones públicas y sus sugerencias de que el poder judicial practica el lawfare, ayer pasó algo inédito, y al mismo tiempo normal, en democracia: la sentencia a un servidor público que, aparentemente, incumplió sus obligaciones. El Gobierno debería ponerlo mucho más fácil; para empezar, dejando de hacerse la víctima. Pero la buena noticia es que la separación de poderes sigue funcionando.