Zafarrancho, de combate y de limpieza, contra los jueces

En la reciente historia de España es difícil dar con un tiempo en el que el tema de la independencia judicial no esté en el centro del debate político, a la vez que los jueces, lógicamente, la reivindican, exigiendo el justo respeto a su función constitucional. Las decisiones y sentencias de los jueces en general y del TS en particular, se pueden y deben criticar, por supuesto: eso forma parte de las reglas del juego. Pero la tensión de los últimos meses ha desbordado los cauces por los que circulaba la crítica, y en la senda de las descalificaciones se ha ido produciendo una escalada preocupante que ha llegado al insulto directo y al combate con el "todo vale" como regla.

Grupos políticos con representación parlamentaria no se recatan en sus dicterios a la judicatura en general y al Tribunal Supremo en particular, que es acusado de estar al servicio de su propio programa político, como si fuera una oposición al Gobierno, y se llega a decir abiertamente que hay que "acabar con él" y que urge la limpieza y depuración de una judicatura "fascista".

No hay que esforzarse mucho para colegir que se trata de una campaña organizada en torno a una idea de la que se espera obtener rendimiento electoral, cual es la de que la judicatura está al servicio de la oposición y en contra de las "opciones políticas progresistas", y quien lo ponga en duda solo lo hará por ser también, a su vez, un retrógrado y, por qué no, un fascista. No merece la pena repasar los acontecimientos y hechos que tanto han sulfurado a los ambientes próximos a la autocalificada "mayoría de progreso", que ni es mayoría ni es de progreso, pues están en la mente de casi todos y huelga repetirlos.

El problema es que, aunque no queramos aceptarlo, esa mentada "mayoría", barruntando que más pronto que tarde habrá de bajarse de los coches oficiales, persigue provocar una crisis constitucional, si se tercia. Y, por cierto, tampoco contribuye a normalizar la convivencia que también el PP haya dado en echarse a la calle para hacer política, con lo que en España solo tenemos gritos, descalificaciones, ridículos concursos de aplausos en el Congreso y manifestaciones callejeras. El debate parlamentario sereno y profundo brilla por su ausencia, al margen de que sean muy pocos los oradores parlamentarios de calidad.

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Desde que se inició en España la andadura democrática y constitucional (de la que la mayoría de los políticos y politicastros hoy circulantes no tiene ni memoria) partiendo de la norma fundamental aprobada en 1978, mucho ha sido lo hablado y escrito sobre la independencia del Poder Judicial, cuya configuración constitucional se consideró, desde un primer momento, como inobjetable. Poder sería, y esa palabra era, y así lo manifestó el TC (STC 29-7-1986), la "grafía que expresa la independencia".

Pero hoy se dice, al calor del furioso enfado por sus decisiones, que "en la transición no hicimos la gran reforma del poder judicial", sin añadir alguna información precisa sobre lo que hubiera debido hacerse, y, siempre en la línea de descalificar lo presente, se insiste en la acusación de que, salvo honrosas excepciones, la judicatura española no asumió una posición combativa frente a la dictadura, cuando actualmente no queda en activo ningún juez que lo hubiera sido bajo el franquismo.

En esta caótica deriva, y a causa del modo en que se ha procurado conformar al TC, para que se inclinara en pro de los deseos de Gobierno, ha entrado en escena la sistemática invocación de transgresión de la Constitución, a fin de transformar al TC en, lo que nunca debió ser, una tercera instancia competente para revisar cualquier decisión del Tribunal Supremo, ya sea por una supuesta afectación de los derechos constitucionales, ya sea porque de estricta legalidad penal ordinaria, desdeñando las competencias exclusivas y excluyentes de éste, al que se presenta como entregado a los intereses de la oposición, y, por lo tanto, inhabilitado para ser justo.

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Las imágenes de una manifestación ante el Tribunal Supremo, para protestar por un fallo, y a la que acudieron incluso personas que ocupan cargos públicos de relevancia, así como gerifaltes de partidos con representación parlamentaria, constituyen un hecho gravísimo sin parangón en toda Europa, a la par que grotesco. Era la escenificación de una declaración de guerra, muy en consonancia con la reiterada idea de la necesidad de "acabar con el régimen del 78", que, paulatinamente, según le aumentan al actual PSOE sus problemas y se le complica la perspectiva electoral, va haciendo suya la tropa dominante.

En esa misma dirección de buscar rédito político recordando al franquismo y sus males, obviando los cincuenta años transcurridos desde su conclusión, se inscribe el doloso silencio sobre la aportación a la convivencia que ha tenido la monarquía parlamentaria, y no me refiero solo a la facilidad con la que desde los círculos gubernamentales se denuesta al rey emérito y cualquier cosa que haga o diga, sino también a las censuras sobre la oportunidad o conveniencia de las actuaciones del rey Felipe VI. No se desperdicia ocasión para recordar que la monarquía es una institución anacrónica, cuando lo que sucede es que, al margen de todas las consideraciones que se quieran hacer sobre la institución, se le ha atragantado al actual Gobierno, que se mira al espejo como la madrastra de Blancanieves y el espejo le dice que no es el más bello.

¡Acabar con el régimen del 78! Ese fue el grito de guerra con el que comenzó su andadura la actual legislatura, por parte de los grupos que pactaron el Gobierno llamado de progreso. Todavía no han conseguido esa meta, pero es innegable que la ruptura del pacto constitucional ya se puso en marcha con las interminables cesiones a partidos que abiertamente desean que España y su sistema constitucional zozobren. La lista de abdicaciones es larga, y nunca concluirá mientras que el actual PSOE desee retener el poder formal, porque el poder material ya nadie sabe dónde está.

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Pero nuestro mal gobierno es como el mal jinete que solo desea no caerse del caballo, siéndole indiferente hacia adónde cabalgue el animal, y que en su galope pisotee a todos los poderes e instituciones del Estado.

Y la nave va, pero no sabemos adónde. Solo cabe desear que la travesía hasta unas nuevas elecciones sea breve y no haya mareos colectivos.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho penal y abogado.