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Recuerden: los votantes no suelen castigar la corrupción
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Ramón González Férriz

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Recuerden: los votantes no suelen castigar la corrupción

Numerosos estudios demuestran que los votantes no penalizan a los Gobiernos por su corrupción. Por si eso fuera poco, el PSOE actual cuenta con la fidelidad de instituciones que orientan el voto, como los sindicatos, los medios o la cultura

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Jero Morales)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Jero Morales)
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Se supone que una de las ventajas de la democracia, dijo el gran politólogo Adam Przeworski, es que hace relativamente fácil echar a los sinvergüenzas del poder. Sin embargo, desde que hizo esa afirmación, muchos se han preguntado si la democracia funciona realmente así. ¿Son los ciudadanos capaces de cambiar de voto si su partido es corrupto?

Numerosos estudios han llegado a una conclusión bastante desalentadora: la corrupción tiene un impacto muy pequeño entre los votantes. Y que un Gobierno sea corrupto rara vez impide que sea reelegido.

En España, en mitad de la crisis producida por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que en parte fue hinchada por la corrupción, tres científicos sociales, Pablo Fernández-Vázquez, Pablo Barberá y Gonzalo Rivero, decidieron comprobar si ese era también el caso español. Su resultado fue, si cabe, más desalentador. Según su estudio, si los votantes consideran que un alcalde se ha quedado con dinero público le castigan en las urnas, aunque no de una manera espectacular: con una pérdida de apenas el 4% de los votos (pueden leer el estudio completo aquí).

Sin embargo, la cosa cambia si los electores perciben que el Gobierno en cuestión es corrupto, pero creen que al mismo tiempo ha generado bienestar para la población. Los autores mostraban dos casos: en uno, el alcalde de El Ejido, con el apoyo de funcionarios corruptos, entregó la gestión de varios servicios públicos a empresarios amigos que luego inflaron los precios de manera desmesurada. En otro, en un pueblo de Guadalajara, Pastrana, se habían recalificado de manera presuntamente ilegal unos terrenos en los que luego se edificaron viviendas. Ambas actuaciones eran, probablemente, corruptas, pero los votantes sintieron que redundaban en su bienestar: sea porque disponían de más servicios o porque se habían generado empleo y actividad económica. Cuando eso se produce, aunque los ciudadanos sean conscientes de que ha habido corrupción, no penalizan electoralmente al Gobierno. Parecen adoptar el lema de los partidarios de Adhemar de Barros, un alcalde de Sao Paulo, en Brasil: "Adhemar rouba, mas faz". Adhemar roba, pero hace.

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Este estudio se centraba en el ámbito local en un momento de crisis económica. La corrupción de la que ahora estamos hablando es de carácter nacional y se está produciendo en un contexto de relativa pujanza económica. De modo que hay que ser cuidadoso con las extrapolaciones. Pero es pertinente para intentar responder a una pregunta: ¿castigarán los votantes al PSOE tras conocerse casos de corrupción que afectan a la concesión de obras, el cobro de comisiones por compras de material sanitario durante la pandemia, ayudas públicas a empresas o contrataciones irregulares?

Es difícil saberlo, porque no está claro si percibirán esta corrupción como un mero robo o como un robo acompañado de actividades que beneficiaron a la población: a fin de cuentas, aunque los medios fueran infames, mucha gente dispuso de mascarillas, una aerolínea no quebró dejando tras de sí un reguero de despidos e impagos y se hicieron obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliu. "Rouba, mas faz".

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Un paso más allá

Pero ahora, además, hay que tener en cuenta la manera extraordinariamente hábil con la que el PSOE ha sabido asegurarse el apoyo de organizaciones que tradicionalmente han tenido un fuerte impacto en las decisiones de voto.

El Gobierno de Pedro Sánchez no solo ha capturado instituciones públicas como RTVE y el CIS para convertirlas en instrumentos de fidelización electoral. Ha conseguido cosas que no logró ni Felipe González en sus años de mayoría absoluta. Para empezar, ha domesticado por completo a los sindicatos. Hoy resulta inimaginable que, como sucedió en los años del felipismo, estos organicen una huelga general, o articulen seriamente el malestar por el aumento del coste de la vida. El País ya fue complaciente con la corrupción del PSOE a principios de los años noventa, pero hoy se limita a mostrar una indignación superficial que exige a los socialistas mejorar, pero nunca renunciar (el periódico y la Cadena Ser son mucho más exigentes con los casos de machismo, lo cual es elocuente del nuevo código moral de la izquierda ). Los intelectuales, los periodistas y los artistas de izquierdas tienen ahora una influencia residual, pero a diferencia de entonces, cuando podían revolverse en momentos importantes como el referéndum de la OTAN o las propias huelgas generales, hoy son simples seguidores de los dictados del poder. Casi todos estos actores transmiten un solo mensaje: la corrupción está mal, pero peor sería un gobierno del PP.

La corrupción, y más si se percibe que genera beneficios para la sociedad, apenas hace que los ciudadanos cambien su voto. El Gobierno ha sabido retener la fidelidad de la clase de instituciones —sindicatos, medios de comunicación, intelectualidad— que orientan a los ciudadanos a la hora de decidir. No es muy probable que Sánchez convoque elecciones pronto. Pero si lo hiciera, tengan esto en mente: nada cambiará demasiado. El votante del PSOE rechaza la corrupción, pero ahora mismo rechaza mucho más dejar el poder en manos de la derecha.

Se supone que una de las ventajas de la democracia, dijo el gran politólogo Adam Przeworski, es que hace relativamente fácil echar a los sinvergüenzas del poder. Sin embargo, desde que hizo esa afirmación, muchos se han preguntado si la democracia funciona realmente así. ¿Son los ciudadanos capaces de cambiar de voto si su partido es corrupto?

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