La oportunidad que no puede desperdiciar la universidad española

Lo que más llama la atención de la ola de protestas que convulsiona nuestra universidad es el clamoroso silencio de los Consejos Sociales.

Los Consejos Sociales -instancia de participación de la sociedad en la universidad- son los órganos legalmente destinados para afrontar el problema de la financiación de la enseñanza y responsables en última instancia de la aprobación de los planes necesarios para su ejecución. Pero nada dicen. Un silencio expresivo, como si no existieran.

Esa mudez es una clave importante para empezar a entender el problema de la enseñanza superior española, que radica en la progresiva desconexión de la universidad de la sociedad y en su conversión en un servicio capturado -por acción o dejación- por los que estamos dentro.

¡Somos soberanos! ¡El presupuesto es nuestro!... se dice repetidamente en la universidad española, interpretando desviadamente el artículo 27.10 CE que establece la autonomía universitaria y olvidando que la Constitución es un sistema integrado de normas que imponen a los poderes públicos el deber de responsabilidad, lo que constitucionalmente se conoce como "accountability".

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Lo que para los ciudadanos son derechos sin menoscabo de ciertos deberes que también les competen, para los órganos o poderes públicos se traducen en atribuciones y en la exigencia de rendir cuentas.

El resultado de todo ese equívoco ha sido que los que estamos dentro hemos podido hacer lo que nos daba la gana con unas partidas presupuestarias que son de los españoles, porque proceden de los impuestos que pagan todos. Y lo hemos hecho mal, muy mal, fatal. Inflándonos de cargos clientelares (alguna universidad cuenta hasta veinticinco vicerrectores), de personal directo o indirecto en actividades ni académicas ni investigadoras (otras llegan al 80% en gastos de personal), de malgastar un dineral en miles de misérrimas dietas para oposiciones que no son tales, en edificios que no valen para nada, en pompas que no nos corresponden…

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La consecuencia es obvia; no hay presupuesto para enseñar e investigar, que es lo fundamental y los objetivos básicos de la institución, conceptualmente olvidados, quedan desasistidos presupuestariamente.

A este mal entendimiento interno de la autonomía universitaria se ha añadido una legislación desastrosa que, poniendo en manos de la tremebunda ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) el acceso a la categoría de profesor ha dado lugar a catedráticos que no saben su materia, porque legalmente no se les exige para acceder a la profesión y sólo son valorados por apariencias indiciarias que escandalizarían a un estudiante si estas fueran a ser consideradas en un examen. Lo que al final genera un profesorado burocratizado, aferrado a su centro, ahogado en trámites y que por aburrimiento llega al grado máximo de la carrera sin salir de su universidad.

Tampoco los estudiantes – el otro componente de la universidad - parecen demasiado interesados en acudir a las aulas. Tocados por los males que describe Postman, practican un absentismo que deja las aulas desnudas y al enseñante desarmado en su función persuasoria cuando no todo es virtual en el aprendizaje humano.

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El resultado es que la universidad española ha perdido su vieja condición de lugar de encuentro ("convivium" se decía antaño) entre profesores y alumnos para la construcción y transmisión del conocimiento. Yace desvencijada en medio de las polémicas.

A ello ha contribuido también un programa Erasmus, que muy pronto dejó de ser el instrumento de intercambio académico y estudiantil que inicialmente se proponía, para convertirse – salvo en lo que se refiere al aprendizaje del inglés como idioma global- en una feria para viajantes en la que el movimiento ha reemplazado casi por completo al estudio.

Es bien cierto que se trata de un mal europeo -y hasta mundial- de una idea de universidad cogida en el tránsito de lo moderno a lo postmoderno, que parece haber renunciado a su identidad al confundir la preparación técnica con la formación humana y la construcción de la personalidad intelectual y de la conciencia que la soporta. Una tarea indeclinable de la universidad, la que le da la esencia y marca el rumbo a todo lo demás.

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Abordar el problema global está fuera del alcance de esta reflexión, que únicamente trata de responder a una pregunta. ¿Tiene todavía solución la universidad española?

Con la universidad privada no es factible porque en España como en general en Europa – salvo contadas experiencias como las jesuíticas - carece de tradición, medios y de voluntad de empresa para asumir un reemplazo de la pública que tampoco ambiciona porque no tiene capacidad para gestionar lo que no genere grandes beneficios financieros.

Destinar todavía más presupuesto a la universidad pública tampoco parece remedio. Sería como subvencionar a un pródigo y convertir la solución de hoy en el problema de mañana.

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Así las cosas, la única respuesta pasa por una reforma realista de la universidad que asuma tres compromisos.

Primero, conectar la universidad con la sociedad. Lo que significa integrar lo público con lo privado y hacer de lo público un centro de imputación que se nutra de las mejores iniciativas sociales. Y eso se consigue, por ejemplo, diseñando una política fiscal que favorezca el ahorro de las familias para invertir en enseñanza, de manera que resulten beneficiados los mejores proyectos académicos atractivos y de excelencia libremente seleccionados por los alumnos.

Segundo, reformando la carrera docente, evitar que nuestros mejores académicos se jubilen cuando intelectualmente son más productivos y están en plenas condiciones investigadoras y poner fin al modelo de acceso y promoción actual a la docencia, que impide que los mejores alumnos aspiren a ser profesores. Hay que recuperar la identidad de unos catedráticos y profesores que hoy son simple PDIs (Personal Docente e Investigador).

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Tercero, poner límites al autogobierno administrativo de la universidad y exigir responsabilidad a unos académicos que tienen que estar al margen de cualquier función administradora, que no es su cometido y para la que estructuralmente no sirven. La autonomía universitaria no debe confundirse con el manejo de una entidad política cualquiera, como tampoco la libertad de cátedra puede amparar el despilfarro.

Se impone un acuerdo suprapartidario sobre estos puntos que, dejándose de demagogias oportunistas, restaure la universidad Pública española y la sitúe en condiciones de afrontar la gran chance que le viene encima y que está marcada por el declive de la universidad anglosajona.

Cualquiera que visite un campus norteamericano puede ilustrarnos de la terrible crisis que experimentan sus universidades, perdiendo continuamente capacidades en el manejo y construcción del conocimiento y expulsando alumnos mayoritariamente hispanos que —como a principios del siglo XX sucediera con las élites latinas, con relación a la sociedad española— contemplaban con curiosidad nuestros centros de enseñanza superior. Sólo que ahora son las masas de estudiantes procedentes de esforzadas clases medias hispanas las que miran con interés la enseñanza española.

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Estar en condiciones de responder a su mirada, es razón suficiente para ponernos de acuerdo y promover una reforma que saque a la universidad española del pozo de confusión en el que está sumida. ¡Hagámoslo y habrá presupuesto y futuro para nuestros profesores y estudiantes!

Y quien dude, que lea La casa de la Troya y compruebe en el autobiográfico relato de Pérez Lugín, como cuando un país lo pretende seriamente, en pocos años se puede transformar una universidad desastrosa hasta terminar alumbrando una de las mejores de Europa, como fue aquella que se llevó por delante nuestra aniquiladora Guerra Civil.

*Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional.