El lado correcto de la Historia

Me ha sido imposible no recordar hoy las primeras reuniones que el presidente Rajoy mantuvo con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien era entonces el opositor más destacado frente al régimen venezolano.

Aunque hoy cueste creerlo, en aquel momento existían dudas sobre si un presidente del Gobierno debía reunirse —o no— con la esposa de un dirigente de la oposición. El régimen aún conservaba, para algunos, cierta pátina de respetabilidad, y muchos recelaban de un enfrentamiento directo con Caracas.

Sin embargo, Rajoy lo tuvo claro y se reunió con Tintori: primero en calidad de presidente del Partido Popular y, más tarde, ya como presidente del Gobierno. Con ello, España contribuyó decisivamente a consolidar una condena política nítida del régimen de Maduro y a vencer las resistencias de otros países a adoptar una posición crítica. Fue, sin duda, la postura más justa; pero también una decisión eficaz: ayudó a alinear a la Unión Europea y a tejer alianzas en América Latina.

En este sentido, existía un amplio consenso de condena al régimen venezolano en la sociedad española. El propio Sánchez -líder de la oposición- se reunió también con Tintori y la postura de España fue clave por ser referente para muchos sobre lo que pasa en el subcontinente americano.

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Ese consenso ha sido otra de las silenciosas víctimas de los ocho años de Sánchez en el poder. España ha pasado de ser percibida como una de las principales defensoras de la democracia en Venezuela a proyectar la imagen de un Gobierno tibio y, por momentos, sospechosamente complaciente con un régimen que, si ya entonces era brutal, no ha hecho sino degradarse aún más.

Venezuela, antaño una causa casi exclusiva de "podemitas" y viejos comunistas, se ha convertido hoy en objeto de fetiche del clima de polarización en el que vivimos. Otro muro donde antes había consenso. Otro enfrentamiento inexplicable sobre lo que antes era una coincidencia básica entre demócratas.

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Al otro lado de ese muro vergonzoso empieza a articularse un discurso hipócritamente legalista. Quienes durante años han ignorado las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que sufre el conjunto de la sociedad venezolana, se transforman ahora en ayatolás del derecho internacional: un escudo argumental que solo pretende ocultar la verdadera razón, que no es otra que la coincidencia ideológica —y, por tanto, la indulgencia— con sátrapas a uno y otro lado del Atlántico.

Es comprensible la desconfianza que un político como Trump puede suscitar. Es difícil entender que sus convicciones son compatibles con la defensa del orden liberal y el mundo democrático. Ahí está, por ejemplo, su posición sobre Ucrania, casualmente coincidente con quienes hoy critican la intervención en Venezuela. Sus declaraciones del día de ayer deben preocuparnos porque, si la salida de Maduro no es para que sea el pueblo venezolano el que elija su futuro en libertad, se demostrará -otra vez- que los extremos no son tan diferentes.

Pero resulta triste observar cómo España —que por razones históricas, culturales y políticas debería desempeñar un papel de referencia en la defensa de la democracia venezolana— se diluye bajo la bruma de la ambigüedad. Y más triste aún es constatar que lo hace en función del interés de una sola persona. Es intolerable la tibieza de un Gobierno que confunde lo político con lo personal, lo partidario con lo institucional, y la política exterior española con su propia viabilidad parlamentaria.

Opinión

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Otro cambio de bando moral —como el acercamiento a Bildu o la postura ante el golpe de Estado en Cataluña— que, aunque pueda parecer secundario, terminará siendo el legado más dañino y corrosivo de Sánchez.

En fin. Sigo recordando con nostalgia cuando, durante la presidencia de Rajoy, estas cuestiones eran objeto de acuerdo. No de un acuerdo táctico o forzado, sino de una convicción compartida: la de que la mayoría de los españoles debíamos estar, por defecto, en el lado correcto de la Historia.

*Abelardo Bethencourt fue miembro del gabinete de Presidencia en el Gobierno de Mariano Rajoy.