Seis razones por las que la regularización migratoria en ciernes está salpicada de fallos

Franns Rilles, un inmigrante boliviano sin papeles, fue depositado cerca del hospital de Gandía por el dueño de la panificadora en la que trabajaba después de que una máquina seccionara su brazo. Sus jornadas eran de 12 horas por las que cobraba 23 euros.

El suceso tuvo lugar hace casi 20 años y desde entonces hubo otros muchos similares, en los que a veces falleció el inmigrante, que hicieron aflorar a ojos de la prensa la existencia de cientos de miles de inmigrantes irregulares que trabajan en negro en España. Para poner fin a su explotación, para que tengan una existencia digna, es necesario regularizarlos.

La natalidad en España toca fondo año tras año. Desde que en 2009 la máquina de la panificadora amputó el brazo a Franns Rilles, ha caído un 38% hasta los 1,12 hijos por mujer. España está, en cambio, en el pelotón de cabeza de la esperanza de vida (84 años) en la Unión Europea. Por eso, y por otros muchos motivos, necesita acoger a inmigrantes aunque hoy en día ya tenga a muchos. Son aproximadamente el 19,6% de sus 49,3 millones de habitantes.

El real decreto que se dispone a aprobar el Gobierno, tras alcanzar el PSOE un acuerdo con Podemos, pone en marcha una regularización diferente a todas las anteriores que hubo en España en democracia. Está salpicado de fallos y entraña algunos riesgos. Aquí va un repaso de algunas de sus deficiencias que quizás sean subsanadas cuando se apruebe.

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1. El Gobierno parece carecer de una estimación fiable de cuántos inmigrantes va a regularizar. Irene Montero, la secretaria política de Podemos, habló de 500.000 sin explicar su origen. Presentada hace dos años y medio, la Iniciativa Legislativa Popular mencionaba a un máximo de 470.000, una cifra que la eurodiputada de Podemos habría actualizado.

Más fiable parece la estimación de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) que eleva a 840.000 los inmigrantes que carecen de papeles. De ser exacta esta cifra, la de este año sería la mayor regularización de la historia de España, muy superior a la promovida en 2005 por José Luis Rodríguez Zapatero, que abarcó a 578.000 personas.

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2. Los requisitos para proporcionar "papeles" al inmigrante son ahora mucho más laxos que en las anteriores regularizaciones, incluida la de Zapatero. Entonces era necesario disponer de un contrato de trabajo firmado. La regularización estaba supeditada a la inserción laboral. En el fondo, regularizaba el Ministerio de Trabajo. Ahora lo hará solo Interior.

Ahora basta también con demostrar que se ha residido en España al menos 5 meses, antes del 31 de diciembre de 2025, y que se carece de antecedentes penales. Al hacer la solicitud, el inmigrante obtiene un primer permiso de residencia y otro de trabajo con un año de validez.

3. Muchos de los documentos requeridos son fácilmente falsificables. Además del certificado de empadronamiento, se pueden presentar pasaportes sellados al entrar en España, billetes de transporte, facturas de pagos en tiendas, matrículas escolares de los hijos, informes médicos, contratos de alquiler, comprobantes de envíos de remesas a sus países de origen, etcétera. Si se carece de esta documentación, cabe la posibilidad de recurrir a testigos.

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También se exige un certificado de antecedentes penales del país de origen, un documento imposible de conseguir para muchos. En Argelia, por ejemplo, hay que solicitarlo personalmente, algo inviable para el inmigrante irregular en España. La declaración jurada del solicitante podrá, probablemente, sustituir a ese documento judicial.

4. El fraude documental es tan fácil que existe un mayor riesgo de "efecto llamada" no tanto desde África, donde el viaje se efectúa por mar y es arriesgado, sino desde los países de América Latina cuyos ciudadanos no requieren visado. Lo es principalmente por parte de los inmigrantes que están en situación irregular en el resto de Europa.

Hasta países como Francia, Alemania o Bélgica se han desplazado miles de inmigrantes que se empadronaron al pasar por España, a veces en sedes de ONG, pero que trabajan allí en negro porque están mejor pagados. Todos ellos podrán regularizarse volviendo a España mostrando su padrón municipal. Con los papeles en regla podrán viajar por toda la UE, pero no trabajar legalmente en otro país que no sea España. Por eso quizás opten por quedarse.

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En Alemania hay, por otra parte, al menos 1,2 millones de inmigrantes irregulares; en Francia son unos 700.000 y en Bélgica unos 115.000, según diversas estimaciones. Es probable que un buen número esté tentado de aprovechar la ventana de oportunidad que se abre en España para regularizar su situación en un país de la UE aunque quizás regresen luego al lugar donde se están ganando mejor la vida en negro.

En 2005 hubo sobornos a empresarios para conseguir contratos de trabajo y regularizarse -fue un fenómeno marginal- es posible que en 2026 suceda otro tanto y se compren, en un mercado clandestino, los documentos necesarios para demostrar cinco meses de estancia en España.

El interés que suscita la regularización en el extranjero ha quedado puesto de manifiesto por los cientos de vídeos subidos a las redes sociales con todo tipo de explicaciones en varios idiomas, desde el árabe hasta el chino pasando por el francés, el portugués y hasta el bengalí.

Abundan también las imágenes recientes de paquistaníes haciendo cola ante su consulado en Barcelona, de argelinos en Alicante o de "sin papeles" de varias nacionalidades a las puertas de la recién abierta comisaría de Roquetas de Mar para recabar información. Las redes también se han llenado de anuncios de bufetes de abogados ofreciendo sus servicios.

5. Con plantillas ajustadas y una enorme carga burocrática, las unidades de Extranjería y de Fronteras de la Policía Nacional están ya desbordadas. ”Los registros de Extranjería están saturados, tanto en la atención presencial como telemática, y la aplicación electrónica registra fallos por sobrecarga”, recuerda el sindicato CSIF. Cuando tengan que procesar cientos de miles de expedientes, acabarán colapsados, según vaticinan los sindicatos policiales. En la escasa información facilitada hasta ahora desde el Gobierno no se ha mencionado el indispensable refuerzo de las plantillas ni de los medios materiales. Regularización significa también un acceso a la sanidad pública y no ya solo a las urgencias, que desde la pandemia ha experimentado un claro deterioro.

6. La mayor regularización de la historia supondrá, si se da por buena la cifra anunciada por Irene Montero, un incremento del 1,5% de la población residente legalmente en España. Otras estimaciones apuntan a que el aumento podría rebasar el 2%. Los regularizados en 2026 iniciarán trámites para obtener la reagrupación familiar de hijos y esposas/os. Legalmente, el Gobierno no está obligado a pasar por las Cortes para aplicar el real decreto. En una democracia consolidada, una regularización tan masiva sí debería contar con su aprobación.

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Como el Congreso no votará la regularización, esta será entonces cuestionada mediante un recurso judicial ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que incluirá la solicitud de una suspensión cautelar. Es poco probable que prospere, en opinión de juristas con experiencia en asuntos migratorios.