Reforma de la Constitución, más cerca y más lejos

De todos los giros recientes de Rajoy, el más promisorio es el que se refiere a la reforma de la Constitución. Y no porque las cuestiones que dice estar dispuesto a reformar sean de gran calado para los ciudadanos: cuesta trabajo pensar que los problemas de la democracia española se resolverán modificando el Senado, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Uno piensa que el malestar social con el funcionamiento de la democracia tiene más que ver con otros ámbitos de poder.

Pero tras la declaración de Rajoy hay una situación nueva. Levantado el veto del PP al principio mismo de la reforma, en la próxima legislatura todos los partidos que se sienten en el Parlamento se habrán mostrado dispuestos, de una u otra forma, a emprender por fin la reforma constitucional.

Ello haría pensar que el proceso puede iniciarse tras las elecciones con una esperanza razonable de que llegue a buen puerto. Y sin embargo, a mi juicio las dificultades para que esto ocurra serán mayores que nunca. Corremos el riesgo de pasarnos los próximos cuatro años cotorreando sobre la reforma de la Constitución sin que al final del mandato se haya podido dar ni un solo paso efectivo hacia ella.

Hasta ahora la cosa era muy fácil para todos: el PP, atrincherado en su mayoría absoluta, mantenía férreamente su negativa a cualquier cambio, lo que le permitía presentarse como el único defensor consistente del espíritu y la letra de la Carta Magna. Y todos los demás, desde sus respectivas minorías absolutas, han estado lanzando alegremente al aire todo tipo de propuestas de reforma constitucional en los campos más variados con la tranquilidad de saber que la negativa del PP les preservaba de tener que sostenerlas de forma consistente.

Soy de los que piensa que una reforma constitucional en serio sólo puede darse con el PP en el poder. La razón: jamás prestará su voto estando en la oposición

La nueva posición del PP levanta una barrera y, a la vez, desmonta muchas coartadas. A partir de ahora cualquier propuesta de reforma corre el riesgo de ser tomada en consideración y ello hará que al menos la gente más seria tenga que palparse la ropa antes de incluirlas, por ejemplo, en sus programas electorales para las próximas elecciones. Me parece inteligente lo que ha hecho Rajoy.

Sin embargo, el estado actual del debate no permite alimentar muchas esperanzas sobre su desenlace.

Soy de los que piensan que una reforma constitucional en serio sólo puede consumarse con el PP en el poder (de hecho, la primera parte de esta legislatura que termina, con Rajoy y Rubalcaba al frente de los dos grandes partidos, hubiera sido un muy buen momento para iniciarla). La razón: conociendo al PP, jamás prestará su voto a una reforma de esta envergadura estando en la oposición. Ya ocurrió durante el gobierno de Zapatero, pese a que las reformas propuestas por éste eran minúsculas al lado de las que hoy se ponen sobre la mesa.

Si el PP está en la oposición, pues, olvídense de contar con ellos para esto. Y obviamente, sin el PP no hay reforma viable.

Pero aun estando en el Gobierno, su posición será mucho más precaria que la actual; y salvo en el improbable escenario de un gobierno de gran coalición PP-PSOE, la relación con sus hipotéticos socios no será precisamente una ayuda para lanzarse a la aventura.

Veamos las posiciones en presencia:

La del PP hasta el momento es clara. Sólo admite la reforma para tocar cuestiones institucionales muy concretas y, aunque necesarias, no centrales para las demás fuerzas políticas. No a la revisión del modelo autonómico, no a cambiar cuestiones sustanciales referidas al funcionamiento del sistema político y, desde luego, no a abrir el melón de los derechos ciudadanos y sociales.

El PSOE empezó formulando una propuesta de reforma muy limitada y acotada a muy pocos puntos. Pero luego se ha ido envalentonando: si alguien se molesta en leer el texto completo de su última Conferencia Política (aún con Rubalcaba al frente), pueden encontrarse más de 30 propuestas que implicarían reforma de la Constitución, abarcando todos los campos: las instituciones, el sistema electoral, la organización territorial del Estado, los derechos y libertades, etc.

Luego vino la famosa Declaración de Granada, en la que pareció que los socialistas ponían todo el peso de su propuesta de reforma en la cuestión federal y en la solución del problema de Cataluña. Y desde entonces no pasa semana sin que a algún dirigente de ese partido se le ocurra algún punto más en el que le apetecería reformar la Constitución.

Si esto fuera en serio, cada uno de los dos grandes partidos debería hacer un movimiento responsable:

El PP debería ampliar su disponibilidad para emprender reformas de más calado y profundidad que las que hasta ahora ha admitido.

Y el PSOE debería acotar y precisar su catálogo de reformas propuestas, eliminando de la lista aquellas que son –y ellos lo saben- meros brindis al sol y aquellas otras en las que les consta de antemano que el consenso es imposible.

Ciudadanos ha descubierto recientemente el juguete y también lanza cada día propuestas de reforma sobre las cuestiones más variopintas, desde suprimir el Tribunal Constitucional hasta establecer la luz y el agua como derechos constitucionales. Eso sí, serán un valladar insalvable para encontrar una salida al tema de Cataluña y en ese punto condicionarán negativamente a cualquier gobierno o acuerdo de gobierno del que formen parte.

En cuanto a Podemos, ya lo ha dicho todo: hay que acabar con el régimen del 78. No el del 75 (muerte de Franco) ni el del 77 (primeras elecciones democráticas), sino precisamente el del 78, que es el de la aprobación de la Constitución. Su objetivo, obviamente, no es la reforma de la norma, sino su final.

Los nacionalistas catalanes a día de hoy están perdidos para la causa. Desde la contribución decisiva de Pujol y Roca a la Constitución del 78 a la insurrección anticonstitucional de Mas y Junqueras se ha perdido una de las fuerzas estabilizadoras de la democracia más importantes de las últimas décadas.

Y los nacionalistas vascos de momento están muy ocupados gestionando eficientemente su Comunidad y desintoxicándola poco a poco de 50 años de contaminación etarra. Algún día se reconocerá el trabajo oscuro pero extraordinariamente útil que está realizando el lendakari Urkullu.

Así que con este panorama y con un próximo Parlamento que será el más fragmentado de la democracia, no será fácil encauzar nada menos que un proceso de reforma de la Constitución. Se carece de dos elementos esenciales: voluntad de consenso entre las fuerzas políticas y un liderazgo claro en el país que sea capaz de mirar dos metros más allá de sus narices o de su espejo.

Algún día se reconocerá el trabajo oscuro pero extraordinariamente útil que está realizando el lendakari Urkullu

Pero por si acaso, en el terreno electoral me permito modestamente formular una propuesta: lo que hay que hacer con el sistema electoral es sacarlo de la Constitución. En 1978 se cometió el error de fijar constitucionalmente todos los elementos estructurales del sistema electoral: sistema proporcional, circunscripción provincial con un mínimo obligatorio de escaños para cada provincia y un estrecho margen entre 350 y 400 diputados. Eso se ha convertido en un corsé de hierro que durante todo este tiempo ha impedido adaptar el sistema electoral a las circunstancias políticas del país.

No cometamos el mismo error. Establezcamos, eso sí, una mayoría cualificada muy exigente para que las reformas de la Ley Electoral sean necesariamente consensuadas y evitar pucherazos cospedalianos; pero no sometamos a esas reformas, que frecuentemente se hacen necesarias, a la tensión de tener que tocar la Constitución.

En todo caso, me temo que también en esto lo que nos espera es mucho ruido y pocas nueces.