Hacia la proclamación del 'molt honorable' Oriol Junqueras

Los dirigentes independentistas saben que no habrá un referéndum pactado sin una previa reforma de la Constitución y el que mejor lo sabe es el más listo de la clase, el vicepresidente

Foto: Oriol Junqueras antes de entrar en la reunión del Gobierno Catalán. (EFE)
Oriol Junqueras antes de entrar en la reunión del Gobierno Catalán. (EFE)

El referéndum que quieren convocar los independentistas catalanes en septiembre ya se ha celebrado. Es un 'déjà vu' de aquella parodia del 9 de noviembre de 2014, pomposamente denominada “Proceso de participación ciudadana sobre el futuro político de Cataluña”.

El itinerario será el mismo, porque no puede ser otro: una convocatoria unilateral, que el Gobierno de España recurrirá y el Tribunal Constitucional suspenderá. Ello llevará a una votación de hecho pero no de derecho, carente de garantías y desprovista de efectos jurídicos. Como solo la reconocerán los partidos nacionalistas, participarán en ella menos de la mitad de los catalanes con derecho a voto; por supuesto, con nueve de cada diez papeletas favorables a la independencia. ¿Y después, qué? Cataluña no habrá avanzado ni un paso, como no lo hizo el 9-N. Vendrá una nueva frustración, más división entre los catalanes y vuelta a empezar.

Alternativamente, podrían ensayar de nuevo el camino de las elecciones pretendidamente plebiscitarias y/o constituyentes, que terminan no siendo ni una cosa ni la otra. Esa película también la hemos visto y conocemos el final: un empate insoluble entre los independentistas y los que no lo son, nueva frustración, más división… y vuelta a empezar.

Francesc Homs declara por su papel en la consulta del 9-N. (EFE)
Francesc Homs declara por su papel en la consulta del 9-N. (EFE)

¿Significa esto que el llamado procés está condenado a permanecer eternamente atrapado en un bucle sin salida que solo genera división y frustración? Sí, mientras no se reconozcan unas cuantas verdades de perogrullo:

1. Que Cataluña forma parte de España no solo porque lleva así más de 500 años, sino porque la actual Constitución Española tuvo el respaldo del 91% de los votantes catalanes.

2. Que la Generalitat de Catalunya existe y su presidente lo es en virtud de una ley española, publicada en el BOE con la firma del Rey, llamada Estatuto de Autonomía. El 'procés' implica derogar ese Estatuto por la vía de hecho, lo que supone liquidar la legitimidad de origen de todas las instituciones actuales de Cataluña.

3. Que más de la mitad de los catalanes no quieren separarse de España, aunque la mayoría de ellos desearía un grado mayor de autogobierno y un estatus diferencial para Cataluña. Tan estéril es empeñarse en ignorar lo primero como en despreciar lo segundo.

4. Que es asombroso que alguien se asombre cuando hace algo ilegal y a continuación viene un tribunal y dice que eso es ilegal. Es como el jugador que viola el reglamento y se indigna cuando el árbitro señala la falta.

El empeño de un independentista consecuente debería ser impulsar una reforma constitucional que habilite sus pretensiones

5. Que la ley vigente no contempla la secesión de una parte del Estado español ni, en lógica consecuencia, la posibilidad de un referéndum destinado a ese fin.

6. Que, por tanto, el único camino imaginable para alcanzar ese objetivo, sin quebrar la legalidad democrática, sería reformar la ley (en este caso, la Constitución). El empeño de un independentista consecuente debería ser impulsar una reforma constitucional que habilite sus pretensiones. Y si tal cosa no es posible (que no parece serlo), estirar al máximo los márgenes legales para llegar a funcionar en la práctica como un Estado dentro del Estado. Es exactamente el camino que inteligentemente ha tomado el PNV, con resultados bastante más productivos que los obtenidos por la ciega embestida de sus colegas catalanes.

7. Que —hasta da vergüenza repetirlo— la pretendida independencia de Cataluña es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea, y quien sostenga lo contrario miente a sabiendas.

Para romer un Estado solo quedaría la vía del acuerdo. Pero ese camino exige al menos dos requisitos: que exista un consenso masivo y que este sea consentido

La historia moderna de Europa solo conoce tres formas de romper un Estado: mediante un acuerdo pacífico, como la separación entre la República Checa y Eslovaquia; violentamente, mediante una revolución o una guerra, como en Kosovo; o por el desmembramiento de un Estado en descomposición, como la antigua URSS.

Descartados en este caso las dos últimas, solo quedaría la vía del acuerdo. Pero ese camino exige al menos dos requisitos: que exista un consenso masivo a favor de la secesión en el territorio que se quiere separar, y que la otra parte (en este caso, el resto del Estado) consienta en someterse a esa mutilación. Dos condiciones que hoy no se cumplen ni de lejos, salvo en alguna mente políticamente febril.

Ya sé que no descubro nada nuevo y que todo esto se ha repetido mil veces, pero es lo que nos permite constatar el ineludible y primario problema de fondo del proyecto independentista: que choca frontalmente con el principio de realidad. No hay objeción más contundente que esta. Lo que les cuentan a los catalanes no puede suceder, simplemente porque no pertenece al mundo de lo real. Es una obra de ficción en el planteamiento, en el nudo y en el desenlace.

Los dirigentes independentistas lo saben. Saben que no habrá un referéndum pactado sin una previa reforma de la Constitución. Y que el no pactado será una burla tan inútil como la de hace dos años, que solo puede concluir con un puñado de políticos encausados y jaleados como mártires de la causa.

El que mejor lo sabe es el más listo de la clase, Oriol Junqueras. De momento, ya ha tomado la posición como el interlocutor de los dos personajes clave del Gobierno español para este asunto: Soraya Sáenz de Santamaría para la parte política y Montoro para las cosas del dinero.

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda.(EFE)
Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda.(EFE)

Mientras, va pacientemente llevando de la mano al incauto Puigdemont hacia la convocatoria de unas elecciones cuyo resultado está cantado: ERC se hará con la hegemonía del espacio nacionalista, de la antiguamente poderosa nave convergente quedarán apenas unos restos flotando en el agua y el 'molt honorable' Junqueras culminará su ascensión a la presidencia de la Generalitat.

El paso siguiente será liberarse del muy molesto chantaje de las CUP y montar un gobierno de izquierdas con el partido que se dispone a fundar Colau, sobre la base de la perpetua reivindicación del derecho a decidir, como seña de identidad y como palanca para seguir negociando todo lo demás (aprovechando que este Gobierno del PP ejercita ahora su músculo dialogante, tan entumecido).

Con un poco de suerte, podrían incluso conseguir alguna clase de colaboración más o menos declarada de un PSC necesitado de sacar la cabeza por algún sitio; y por esa curiosa senda habríamos desembocado en una versión actualizada del tripartito, aunque con otra partitura y, sobre todo, con otro director de orquesta.

Eso sí, que la muchachada gamberril siga quemando fotos. Junqueras es muy capaz de enviar a los Mossos a arrestarlos por la mañana y por la tarde encabezar una manifestación contra la represión. Y de paso, sirve para recordar a Madrid que en cualquier momento, en un descuido, pueden desbocarse los caballos.

Una Cierta Mirada
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