Junqueras y Puigdemont, lluvia de trampas

Desde el control de las instituciones creadas por la legalidad que pretenden reventar, los independentistas catalanes pasan en Barcelona el rodillo de los hechos consumados mientras fingen pedir diálogo en la prensa de Madrid.

Si hubiera verdaderas ganas de dialogar, quizá se podría empezar acordando un puñado de principios básicos:

1. Que a estas alturas sólo será real y duradera la solución que pase por las urnas. Por las urnas españolas y por las catalanas, probablemente en ese orden.

2. Que el principio de legalidad no es opinable. Como ha sugerido el Tribunal Constitucional, este conflicto necesita una solución política, pero en ningún caso antijurídica.

3. Que la independencia no puede establecerse como el único desenlace admisible, con exclusión de cualquier otro. No se trata de negociar cómo se llega a la independencia, sino de encontrar un modelo razonable de relación entre Cataluña y el resto de España. Todos deben abrirse, pues, a considerar soluciones alternativas.

4. Que el problema es suficientemente complejo para descartar que se pueda hallar una solución acordada en unos meses. Más vale que todos nos hagamos a la idea de que esto requerirá años.

5. Que en un diálogo sincero no caben los hechos consumados, los órdagos, los plazos perentorios o las emboscadas reglamentarias. Si se quiere que el producto del diálogo sirva para algo, tiene que resultar aceptable para todas las partes.

Los independentistas alimentan la idea de un conflicto bipolar entre Cataluña y España. Nada más falso

¿Cuáles serían esas partes? Los independentistas alimentan la idea de un conflicto bipolar entre Cataluña (representada por ellos) y España (representada por el Gobierno del PP). Nada más falso. Aquí intervienen al menos las siguientes partes:

Los catalanes que apoyan al independentismo (48% en las últimas elecciones);

Los catalanes que quieren seguir siendo españoles (52% en las urnas);

El conjunto de los españoles, que algo tendrán que decir sobre la conformación de su país y de su Estado;

Las fuerzas políticas de España y de Cataluña, tanto las que gobiernan como las que no;

La Unión Europea, puesto que se trataría de la mutilación de una parte de su territorio;

Y por supuesto, los tribunales encargados de interpretar y aplicar las leyes, a los que no se puede reclamar que dimitan de su función.

El discurso de Rajoy tiene su parte falaz: hay que cumplir la ley y esta dice lo que dice, así que no hay nada que discutir sobre la cuestión de fondo. El corolario fatal es que como no se puede cambiar la ley sin el PP y este no está dispuesto a ello, esto son lentejas.

Frente a ello, el frente independentista defiende tres formulaciones tramposas e incompatibles con el diálogo:

a) Si la ley es un obstáculo y los tribunales un estorbo, la primera debe ser orillada y los segundos desacatados. Lo que equivale a sostener que la causa secesionista prevalece sobre el Estado de derecho. No quisiera yo vivir en una república construida sobre ese principio.

b) Queremos hablar, pero advertimos de antemano que lo que no se acuerde bilateralmente lo haremos unilateralmente.

c) Nosotros fijamos el resultado final, que es la independencia, y el procedimiento para llegar a él, que es un referéndum de autodeterminación. Lo único que se espera de los demás es que firmen debajo. Puigdemont y Junqueras no están sentados en la mesa del diálogo, como alegan en el farisaico artículo que han publicado en 'El País'; tienen un papel ya escrito y suponen que todos deben acatar su voluntad.

Hablan de Escocia. Además del argumento obvio de que el referéndum escocés fue posible porque lo permite la Constitución británica (que no está escrita, pero existe), es bueno recordar dos cosas más:

La integración de Escocia en el Reino Unido no tiene históricamente nada que ver con la de Cataluña en España. Escocia fue durante siglos un reino independiente, hasta que en 1707 su parlamento soberano decidió la unión con Inglaterra, en un acto semejante a un tratado internacional que preserva el derecho de cualquiera de las partes a disociarse. Es como si España y Portugal hubieran acordado en algún momento compartir un Estado Ibérico sin renunciar a su soberanía de origen.

En cuanto al procedimiento: para celebrar aquel referéndum, el gobierno escocés solicitó la autorización del Parlamento Británico, recibió ese permiso y aceptó todas las condiciones que estableció el Gobierno de Londres. Jamás nadie lanzó desafíos de convocatorias unilaterales, de leyes de desconexión o, faltaría más, de desobediencia al Tribunal Supremo. Si tales cosas se hubieran siquiera insinuado, el proceso se habría interrumpido al instante.

Me pregunto si los jefes políticos del independentismo catalán están actuando con la lealtad constitucional que mostraron sus homólogos escoceses. No es de recibo predicar el diálogo por las mañanas y practicar la insurrección por las tardes.

Pero hay algo más. No sé si los dirigentes secesionistas son conscientes del daño que se han hecho a sí mismos con el atraco parlamentario que han perpetrado para aprobar clandestinamente la ley de desconexión. En dos sentidos:

Esa ley equivale en la práctica a una declaración unilateral de independencia. Si la aprueban antes del referéndum que reclaman, demostrarán que lo que quieren no es el referéndum, sino la independencia. Primero deciden y luego preguntan. No estaríamos ante un referéndum decisorio, sino ante el mero refrendo de algo ya consumado.

Con el modo fullero y granuja con el que van a pasar de matute esa ley trascendental, se han pintado en la frente la palabra “trampa”. Aun en el caso de que se alcanzara un acuerdo para celebrar un referéndum, si lo organizara el actual gobierno de la Generalitat ya nadie podría creer en una votación limpia. Desde luego, no se fiaría ningún ciudadano que deseara votar de buena fe por la permanencia de Cataluña en España.

Un referéndum organizado por estos tahúres de la política estaría irremisiblemente contaminado por la sospecha de fraude

Como quien hace una trampa hace mil, un referéndum organizado por estos tahúres de la política estaría irremisiblemente contaminado por la sospecha de fraude. Manipularían el censo, la campaña, el recuento, lo que hiciera falta para conseguir el único resultado que aceptarán.

Puigdemont y Junqueras no buscan que gane el diálogo y que las urnas decidan, como reza el título de su homilía en 'El País'. Con sus hechos demuestran que lo que buscan es ganar con trampas y que las urnas sancionen, también con trampas, lo que ellos ya han decidido previamente.

Dicen que su astucia los llevará a la victoria. Hay pocas cosas tan tontas y poco astutas como alardear públicamente de astucia, pero este es el nivel. A cada paso que dan se les van cayendo por la bocamanga las cartas marcadas. Y aún se extrañan de que los dejen solos en la mesa de juego.