Una Cierta Mirada
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¿Por qué la izquierda cede a la derecha la defensa de la Constitución?
Cuando ha llegado la hora de la verdad quien arrastra los pies para ponerse en primera línea de defensa de la ley democrática es esta izquierda delicuescente que hoy padecemos
Lo que sucede en Cataluña –y, sobre todo, lo que sucederá próximamente– no es un problema de política territorial, como repite Pedro Sánchez. Eso era hace cinco años. Ahora afrontamos la crisis constitucional más seria desde el 23-F, y no verlo es no querer verlo.
Se dilucidaba si la Constitución española seguirá en vigor en todo el territorio o si Cataluña pasará a ser una zona de exclusión constitucional dentro del Estado: un lugar en el que en la ley pierde su fuerza de obligar y se aplica o se ignora a conveniencia de quienes allí mandan. La alternativa a la inalcanzable independencia sería una derogación constitucional de 'facto' en Cataluña, no consentida pero tolerada. Ese es, a mi juicio, el verdadero objetivo del 'procés'.
Para llegar a ese punto, sus patrocinadores han optado por la vía insurreccional. Primero se declaran en rebeldía las instituciones. Y a partir de la Diada la insurrección pasará a la calle, en una versión catalana de la plaza Maidán de Kiev o de la Taksim en Estambul, retransmitida en directo por todas las televisiones del mundo. Después quizá llamen a unas “Elecciones para una Asamblea Constituyente” (¿les suena?), tan ilegales como el referéndum, buscando una segunda prohibición para atizar el incendio. Ese es el programa de actos y a él hay que atenerse en la respuesta que se proponga, sin hacer más el avestruz.
Es la hora, pues, de defender la Constitución en primer lugar. Después, una vez asegurada su primacía y su plena vigencia, tocará deliberar acerca de las distintas fórmulas de organización territorial del Estado, incluidas posibles reformas del texto constitucional. Pero invertir ahora el orden de los factores significa en la práctica ceder a la insurrección y dejar caer la integridad constitucional de España.
Lo más desconcertante de esta crisis es que los dos partidos de la izquierda, por motivos y caminos distintos, están permitiendo que la derecha ocupe en solitario el espacio de la defensa de la Constitución amenazada.
Lo de Podemos se entiende mejor. Ese partido cumple la Constitución por imperativo legal, pero no la considera suya por convicción ni por historia. Si dependiera de ellos, esta Constitución no sería reformada, sino sustituida por completo. La parte buena es que no lo ocultan.
Si hay un partido en España con motivos para reconocerse en el texto constitucional y defenderlo como si en ello le fuera la vida, es el PSOE
Por otra parte, Podemos no es libre respecto a Cataluña. Su posición viene dictada por su confluencia catalana. El partido de Colau posee una parte sustancial de los votos y escaños de Unidos Podemos, y Pablo Iglesias no puede separarse un milímetro de la alcaldesa de Barcelona. En lo que se refiere al 'procés', Colau conduce e Iglesias acompaña.
El caso del PSOE es muy diferente. El Partido Socialista no solo tiene lazos afectivos con la Constitución, sino que esta y su desarrollo fueron en gran parte obra suya. Si hay un partido en España con motivos para reconocerse en el texto constitucional y defenderlo como si en ello le fuera la vida, es el PSOE. Porque le va la vida en ello. Lo que sucede es que los actuales dirigentes del PSOE son rehenes de su propio discurso. Recuperaron el poder a lomos de una consigna sagrada, no es no, y ya no pueden bajarse de ella.
La mística del 'noesnoísmo' contiene un mandato imperativo para sus creyentes: antes muertos que con el PP. Lo que nació como una posición táctica –y ahí debió quedarse– pasó a ser un grito de guerra, luego una seña de identidad y finalmente un fetiche colectivo que condiciona todo.
Cualquiera que sea el tema del que se trate, no coincidir con el PP es para el PSOE de Sánchez una exigencia previa, un 'préalable' estratégico. Primero nos diferenciamos de Rajoy y luego pensamos, ese es el hilo que hilvana todas las perlas producidas en Ferraz desde el 21 de mayo.
Si se insinúa que el Gobierno podría usar el artículo 155, Margarita Robles se apresura a oponerse preventivamente, apelando incluso a la comunidad internacional. Si Montoro aprieta a los insurrectos por el lado del dinero, Sánchez e Iceta corren a ofrecerles más inversiones y quitas fiscales para aliviarlos de su desastrosa gestión. Si Rajoy asegura que el 1 de octubre no habrá un referéndum en Cataluña, a Narbona le falta tiempo para responder que sí, que probablemente lo habrá aunque sea ilegal. Lo llaman oposición de Estado.
La súbita conversión de Sánchez a la fe de la plurinacionalidad es una muestra más de la pulsión por buscar desesperadamente un espacio discursivo que lo separe del Gobierno a toda costa. Logrado eso ya no es preciso profundizar en la propuesta, porque el objetivo se ha cumplido.
Si la dirección del PSOE fuera consecuente con su creencia de que todas las soluciones pasan por una reforma de la Constitución, hace tiempo que estaría negociando con el PP el alcance y el contenido de esa posible reforma, que sin contar con él no puede avanzar un milímetro. Pero en lugar de buscar ese acuerdo, ellos mismos lo sabotean: todas sus proclamas sobre la reforma constitucional parecen estar pensadas para excluir de ella al PP, lo que convierte a las propuestas en meras bravatas.
Quien arrastra los pies para ponerse en primera línea de defensa de la ley democrática es esta izquierda delicuescente que hoy padecemos
Si todo esto se produjera en una situación de normalidad institucional, el único coste sería un cierto bloqueo parlamentario que frenaría los acuerdos interpartidarios. Pero no estamos en la normalidad. Por eso la obsesión por no coincidir y no parecerse a quien hoy tiene la obligación de encabezar la defensa de la Constitución puede llevar a terrenos muy peligrosos.
Una de las expresiones del complejo de superioridad moral de la izquierda es la displicencia con la que siempre ha tratado a la adhesión de la derecha a los valores constitucionales. Llevamos 35 años recordando que Alianza Popular no votó la Constitución (lo que no es históricamente exacto), que en realidad no creen en ella, que la aceptaron porque no les quedaba otro remedio, y así hasta la náusea. Mira por dónde, cuando ha llegado la hora de la verdad quien arrastra los pies para ponerse en primera línea de defensa de la ley democrática es esta izquierda delicuescente que hoy padecemos.
Hay millones de españoles progresistas que sienten que esta Constitución forma parte de sus vidas y de su patrimonio más querido. Más vale que cuando esto se ponga bronco de verdad –faltan pocas semanas– no se encuentren huérfanos y les dé por preguntar por qué.
Lo que sucede en Cataluña –y, sobre todo, lo que sucederá próximamente– no es un problema de política territorial, como repite Pedro Sánchez. Eso era hace cinco años. Ahora afrontamos la crisis constitucional más seria desde el 23-F, y no verlo es no querer verlo.