Manual de negociación para situaciones extorsivas

Alguien de mi gremio, y de los buenos, está trabajando para Junqueras y su equipo (el pobre Puigdemont ya solo hace lo que le mandan) en la estrategia de comunicación del independentismo. Sus argumentos jurídico-institucionales son de una tosquedad abochornante, pero dispone de un plan de comunicación sofisticado; y más allá de los deslices de algún 'hooligan' con cargo, en general lo siguen con rara disciplina para tratarse de políticos.

Al Gobierno de España le sucede lo contrario: trabaja eficazmente para parar el referéndum con un complejo plan operativo estudiado al milímetro, pero carece por completo de algo que se parezca a un programa convincente de comunicación. Por eso cunde en muchos ambientes la pesimista sensación de que “el independentismo va ganando”, especialmente tras el tradicional y siempre efectista castillo de fuegos artificiales de la Diada.

La semana pasada se perpetró una carnicería institucional en el Parlament. Ahí no se guardaron las apariencias, lo hicieron a las bravas. Probablemente no tenían otra forma de sacar adelante la barbaridad jurídica que buscaban. El prestigio de Forcadell quedó hecho añicos para siempre, pero seguro que a Junqueras no le pareció un precio excesivo.

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Lo cierto es que el golpe de mano del 6 y 7 de septiembre acarreó un fuerte coste de imagen, quizá superior al que habían calculado. A partir de ahí entró de nuevo en acción el plan de comunicación, destinado ahora a endulzar a las conciencias biempensantes el trago de aceite de ricino de la semana anterior. Unamos la línea de puntos:

El primer paso fue el ejercicio de ilusionismo de Oriol Junqueras en La Sexta. Una intervención jesuítica plagada de falsedades, en la que un beatífico Junqueras (en la curia vaticana, no tendría precio) ofreció una bondadosísima versión del referéndum secesionista, despojado de sombras rupturistas y presentado como un trámite inocuo, eludiendo toda idea de choque con España para elevarse angelicalmente a las alturas evanescentes del derecho internacional.

El segundo paso fue la infantil pero nada inocente retransmisión de la Diada en TV3, la televisión del régimen. Ni una sola imagen de puños en alto, gestos crispados o actitudes agresivas. A cambio, centenares de planos de niños, incluso bebés, disfrutando felizmente con sus padres de una plácida jornada dominical (alguna vez habrá que hablar de la sucia costumbre de exhibir a los niños en manifestaciones y mítines políticos, pero el caso es que el recurso funciona: en lugar de asquear, enternece).

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El tercero, ayer mismo, fue lo que se hizo aparecer como una afanosa penúltima oferta de negociación por parte de quienes previamente se habían ocupado de volar los puentes. Puigdemont: “Nuestra prioridad es dialogar y negociar”. Junqueras: “En nuestro ADN está el pacto”. El lobo feroz transmutado en Blancanieves, quién lo hubiera dicho hace una semana.

Para los aficionados a especular, esa oferta negociadora admite interpretaciones diversas:

-Es una pura maniobra de lavado de imagen tras el estropicio del Parlament.

-Es una inversión de imagen a medio plazo, para cargarse de razón (especialmente ante la opinión pública internacional), asentando la idea de que “nosotros no queríamos el choque, pero no nos han dejado otro camino”.

-Es la búsqueda desesperada de una salida digna a la vista del inevitable fracaso del referéndum.

-Es el intento de fijar un punto muerto a partir de la quiebra de la legalidad constitucional, obteniendo así una posición de partida favorable para un conflicto prolongado en el tiempo.

-Y para que no se diga, mencionemos la hipótesis benevolente de que verdaderamente desean solucionar el problema.

En realidad, da igual qué interpretación se elija, porque la reacción aconsejable del Gobierno es la misma en todos los casos. Primero, hay que darse por enterado de la propuesta y responder a ella si no se quiere seguir dando ventaja a los independentistas en la batalla crucial de lo que llaman 'el relato'. No importa que pensemos que la propuesta no es seria: tratarla como si lo fuera es la mejor forma de aprovecharla si lo es o desenmascararla si, como parece, no lo es. Por supuesto, sin por ello detener la acción para frenar el referéndum.

Hay que darse por enterado y responder si no se quiere seguir dando ventaja a los independentistas en la batalla crucial de lo que llaman 'el relato'

Segundo, hay que aplicar el manual de negociación en situaciones extorsivas. Como un piloto que secuestra su avión, la pasada semana el Parlament de Cataluña fue secuestrado por su propia mayoría. De la operación salió una legalidad alternativa a la vigente, con pretensión de derogarla 'de facto' y suplantarla con efectos inmediatos. Desde el 7 de septiembre, hay en Cataluña dos ordenamientos jurídicos en conflicto: el que nace de la Constitución y el Estatuto y el que se deriva de la ley de referéndum y la de transitoriedad (un remedo de Constitución con vocación poco transitiva).

Estos órdenes legales son incompatibles, la vigencia de uno excluye la del otro y no pueden coexistir ni un solo día. Cualquier intento de diálogo, real o simulado, exige que se despeje previamente ese equívoco inaceptable. Primero establezcamos cuál es la ley vigente a día de hoy en Cataluña; solo después será posible hablar del futuro.

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Para ser creíble y funcionar, el diálogo requiere que se restituya la situación anterior al 6 de septiembre. De otra forma, no estaríamos ante una negociación, sino ante la capitulación del Estado —y con él, de la democracia— ante un hecho insurreccional consumado.

Los requisitos son muy sencillos: primero, la Generalitat debe suspender la convocatoria del 1 de octubre. Segundo, debe acatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Transitoriedad, lo que podría hacer simplemente cumpliendo su deber de publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat.

Ninguna de esas dos condiciones predetermina el futuro ni supone renuncia definitiva a nada. Por una parte, siempre puede esperarse que de la negociación resulte un futuro referéndum acordado, como dicen desear sus promotores; por otra, el TC ha suspendido la ley de desconexión de forma cautelar, pero tardará meses en pronunciarse sobre el fondo.

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No se puede convalidar el golpe de mano del 6 y 7 de septiembre, ni es aceptable la pretensión de negociar a partir de él. Partamos de la plena vigencia de la Constitución y del Estatuto, y veremos a dónde llegamos. Solo así se puede creer en la sinceridad de la propuesta.

En la batalla de la comunicación no basta con afirmar que la oferta negociadora de la otra parte es tramposa, hay que demostrarlo. Hay que apagar el farol para que no queden dudas de que se trata de un farol. Y si quien lo hace no es solo el Gobierno sino el bloque constitucional en pleno, mucho mejor.