Un grito de guerra vestido de negociación

Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau (el frente soberanista, por fin al completo en la pasarela) han escrito una carta. Dicen que los destinatarios son Rajoy y el Rey, pero en realidad se dirige a la opinión pública. Es un paso más en la estudiada estrategia de la insurrección institucional, que ahora ya ha entrado de lleno en su “fase Maidan”. Un grito de guerra disfrazado de oferta negociadora, sale en todos los manuales de técnicas de subversión política.

La carta forma parte del plan de campaña y sigue a los tres golpes de efecto anteriores: el atraco parlamentario del 6 y 7 de septiembre que derogó la Constitución y el Estatuto, la macromanifestación de la Diada para exhibir músculo callejero y el mitin de Tarragona en el que bravearon a gusto para excitar una reacción descontrolada del gobierno. Actuaciones, todas ellas, que muestran cualquier cosa menos espíritu dialogante. Pero el propósito intoxicador de la carta no nos dispensa de la tarea de atender a su contenido y descubrir algunas falsedades que no se hacen más ciertas por más repetidas. Vamos a ello:

'Los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo'.

Una verdad de Perogrullo a la que le falta un detalle decisivo: que la ley democrática es el marco necesario y el límite infranqueable de propuestas, negociaciones y diálogo. Cuando ese límite se traspasa o se atiza el conflicto con el objetivo de hacer saltar el marco legal, ya nos hemos salido del espacio de la democracia para entrar en la órbita del caos o la dictadura.

La carta es un nuevo golpe de efecto que muestra cualquier cosa menos espíritu dialogante

'Entre Cataluña y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo'.

Si se refieren a este conflicto de ahora, no es entre Cataluña y el Estado (siempre la obscena manía nacional-populista de apropiarse de países enteros), sino entre la Generalitat, mutada en poder de hecho, y la Constitución. Si se refieren al llamado “problema catalán” en la historia de España, desde Isabel y Fernando no se ha alcanzado nada tan cercano a un “máximo acuerdo” como el 91% de catalanes que votaron SI a la Constitución de 1978 y el hecho objetivo de cuatro décadas de autogobierno al mayor nivel existente en Europa. La base de acuerdo de esta operación de ruptura no es máxima, sino mínima. Por eso tienen que hacerla a trompadas.

'El Gobierno de Cataluña pretende resolverlo (el conflicto) convocando un referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre'.

¿Pretende resolverlo? De ninguna manera, lo que busca y consigue esa convocatoria es extremarlo y alejar cualquier conclusión razonable. Un referéndum ilegal y chapucero no es la solución de ningún problema histórico, sino una forma de infectarlo y apostar por que se enquiste y se haga crónico. Yo creo que la estrategia de Junqueras apunta justamente a eso.

Un referéndum ilegal y chapucero no es la solución de ningún problema histórico, sino una forma de infectarlo y apostar por que se haga crónico

Por cierto, menos mal que al fin Colau acepta que lo que se intenta hacer el 1 de octubre es un referéndum de autodeterminación y no una movilización. ¿Qué tal si se lo explica a Pablo Iglesias y lo incluye en la manipuladora pregunta de su consulta interna?

'El Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito'.

Otra media verdad mentirosa. ¿Saben lo que sí son delitos en el Código Penal? La prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia); la omisión del deber de perseguir delitos (atención, señor Trapero); la desobediencia (negarse a cumplir resoluciones judiciales); la rebelión (alzarse para derogar la Constitución o para declarar la independencia de una parte del territorio nacional); la usurpación de atribuciones (dictar disposiciones careciendo de atribuciones para ello); las reuniones y manifestaciones ilícitas (las que se celebren con el fin de cometer algún delito); la sedición (alzarse pública y tumultuariamente para impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o de las resoluciones administrativas y judiciales); los ultrajes a España (ofensas o ultrajes a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad). Y seguro que me dejo algunos.

Ya que han decidido ignorar la legalidad española, les aconsejo que no usen como referencia el Código Penal, porque ahí toparán con un amplio surtido de tipos delictivos aplicables a su conducta, para elegir el que más les guste.

'Un llamamiento al diálogo para determinar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum'.

Supongo que la manera de ponerse de acuerdo no será convalidando sin más la ley de referéndum del 6 de septiembre, la convocatoria nocturna y la celebración de una votación que, además de por su ilegalidad de fondo, habría que suspender por pura higiene democrática, por la escandalosa falta de garantías que hace de ella un pucherazo monumental.

El primer paso para que pueda llegarse a una solución democrática es determinar qué ordenamiento jurídico está hoy en vigor en Cataluña

Si los firmantes de la carta desearan realmente iniciar un diálogo, estarían dispuestos a paralizar la convocatoria del 1 de octubre, a la espera de lo que saliera de la mesa. El primer paso para que pueda llegarse a una solución democrática es determinar qué ordenamiento jurídico está en vigor en Cataluña a día de hoy: ¿Son la Constitución y el Estatuto o son las leyes de ruptura del Parlamento catalán? Porque aunque se empeñe Irene Montero, no es posible obedecer a dos legalidades contrapuestas, una de las cuales ha nacido con el designio de anular a la otra.

No se negocia desde la imposición de un hecho consumado. Los dirigentes independentistas actúan como todo el que quiere sabotear una negociación aparentando que la desea. Fijan de antemano el único desenlace que aceptarán e invitan a negociar los términos de la rendición. Hablar de “un diálogo abierto y sin condiciones” cuando se extorsiona así a un Estado democrático es algo bastante peor que un engaño.

En esta polémica nada hay tan peligrosamente engañoso como ese juego falaz de contraponer la legalidad con la política. “Esto no se resuelve con la ley, sino con la política”. Es como decir que para jugar al fútbol hay que olvidarse del reglamento. No, mire: el reglamento es lo que hace posible que el juego no se convierta en un brutal intercambio de patadas y que el resultado pueda ser aceptado por todos. En democracia, no hay política fuera de la ley. Por eso la ley democrática debe ser tan amplia como para admitir en su seno muchas opciones políticas, incluida la de su reforma.

El único desafío de hoy, y hasta el 1 de octubre, es restablecer en Cataluña el imperio de la ley. Precisamente para que a partir del día 2 se pueda volver a hacer política.