Justicia y política en Cataluña, juntas y revueltas

Es comprensible que Carme Forcadell se resista a repetir como presidenta del Parlamento catalán. Sabe que lo primero que le exigirán es que perpetre un atropello parlamentario, pateando el reglamento para forzar la investidura presidencial de un fugitivo de la Justicia. De nuevo, el aroma tóxico del 6 de septiembre. Sus abogados le habrán explicado que la reiteración delictiva es una de las causas que justifican la prisión provisional, y que el juez Llarena la vigila.

Es un síntoma más del gigantesco revoltijo político-judicial abierto tras el naufragio del 'procés' y las elecciones. La acción de la Justicia en marcha produce efectos políticos inmediatos; y a su vez los partidos especulan con las decisiones judiciales y preparan sus movimientos tácticos con las leyes procesales en la mano. Una situación que, me temo, se prolongará al menos durante todo el año 18.

Los independentistas siguen alimentando la fantasía falaz de que mediante hechos políticos consumados (la mayoría parlamentaria del 21-D o lo que llaman “la reposición del Govern legítimo”) lograrán desviar o paralizar las causas penales que afectan a sus dirigentes.

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Saben que es falso. Nada de lo que suceda políticamente alterará la acción de la Justicia ni modificará la situación de los inculpados. Pretender que el Tribunal Supremo paralizará la instrucción y archivará la causa cuando Puigdemont o Junqueras sean nominados es engañar a la gente una vez más o desconocer la realidad —una vez más—.

Ahora toda la atención se centra en el destino inmediato de los ocho diputados presos o fugitivos. Que estén o no presentes el día 17 afectará a la elección de la Mesa (que es trascendental porque el presidente del Parlament realiza en la investidura catalana la misma función que el Rey en la investidura española); y afectará después a la elección del presidente de la Generalitat.

Más allá de cómo se resuelva ese cuello de botella, el juez instructor espera concluir su trabajo hacia el verano. A principios de otoño comenzará el juicio oral, y veremos a toda la cúpula del independentismo en el banquillo. Y a finales de año o principios del 19 habrá sentencia y veredicto. Si los condenan, quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y, al margen de su posible ingreso en prisión, serán desposeídos de los que tengan en ese momento, incluida la mismísima presidencia de la Generalitat si es el caso. El escándalo será colosal, pero no hará cambiar la realidad.

A principios de otoño comenzará el juicio oral, y veremos a toda la cúpula en el banquillo

En septiembre y octubre de 2017, los dirigentes del independentismo creyeron poder derribar al Estado y lanzaron un órdago destituyente contra la Constitución. Apostaron fuerte y perdieron. Ahora afrontan las consecuencias de su actuación, porque en la democracia los votos no dan un salvoconducto de impunidad. Pero a la vez mantienen un apoyo social y una fuerza parlamentaria que son insuficientes para la secesión, pero bastan para asegurarles el Gobierno de Cataluña.

Les corresponde armar un Gobierno independentista sin 'procés', sin leyes de desconexión y sin más DUI ni proclamaciones de repúblicas que solo servirían para activar de nuevo el 155 (y ya se ha comprobado que el instrumento funciona).

Probablemente el independentismo institucional esté abocado a reagruparse en algo parecido al SNP escocés (Scottish National Party) y gobernar su territorio sosteniendo una tensión permanente con el Estado y manteniendo viva en el horizonte la llama de la independencia, pero sin romper otra vez la baraja del orden legal.

Pero los políticos que encabezaron la asonada de septiembre y octubre ya no pueden protagonizar el nuevo periodo. Entre otras razones, porque los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a un Gobierno de personas libres, que atiendan solo al interés de la sociedad sin estar pendientes de librarse de la cárcel o amenazadas de inhabilitación.

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El nacionalismo catalán tiene que adaptar su estrategia a las condiciones del 'posprocés', renovar su dirección política con líderes no hipotecados por los hechos traumáticos de otoño del 17 y formular un nuevo proyecto de autogobierno y convivencia entre catalanes.

Facilitar ese tránsito sería lo más patriótico que podrían hacer los que hoy, desde Bruselas, Barcelona o Estremera, mantienen a Cataluña bajo secuestro tras haberla llevado al borde del precipicio. Puigdemont y Junqueras prestarían un servicio a su país haciendo como Forcadell: ocuparse de su situación personal, que bastante complicada está, y permitir que otros saneen lo que ellos corrompieron.

Facilitar ese tránsito es lo más patriótico que pueden hacer los que, desde Bruselas, Barcelona o Estremera, tienen a Cataluña secuestrada

En el bloque constitucional —que siempre tuvo más de lo segundo que de lo primero—, más vale que algunos dejen de seguir librando la batalla de las elecciones que ya pasaron. Esto va sobre todo por los dirigentes del PP y del PSC, que parecen más ocupados en recuperar 'a posteriori' los votos que no supieron ganar que en jugar esta partida con las cartas que recibieron.

Hay que asumir que el independentismo tiene la mayoría parlamentaria y la ejercerá con procesos judiciales o sin ellos. Si necesitan hacer dimitir a varios diputados, lo harán. Si tienen que cambiar el reglamento 'manu militari', lo harán también: harán lo que haga falta. Pero den por hecho que el día 17 tendrán los votos para elegir al presidente del Parlamento y a la Mesa y, después, para investir a un presidente de la Generalitat.

Conviene que los unionistas dejen de especular con lo que suceda en los tribunales para alzarse con un botín que no está a su alcance. ¿O es que realmente alguien espera que el nacionalismo se dejará arrebatar el poder por tener a unos cuantos diputados presos o fugados?

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Presionar a Ciudadanos para que intente la investidura de Arrimadas es oportunista porque solo busca poner en un aprieto a quien tuvo el mérito de convertirse en el primer partido de Cataluña. Es inútil, porque el intento sería baldío. No hay ninguna posibilidad de que Arrimadas pueda formar Gobierno; y si por una carambola inimaginable se produjera el milagro, a ese Gobierno lo derribaría inmediatamente la mayoría nacionalista con una moción de censura.

Y es cínico porque, además de saber todo lo anterior, el PP ha olvidado que Rajoy eludió someterse a una investidura por no disponer de votos suficientes (él tenía una propuesta formal de quien designaba candidato, cosa que Arrimadas no tiene ni tendrá); y Miquel Iceta ha olvidado que se pasó toda la campaña asegurando que jamás entregaría sus votos para investir a la candidata de Ciudadanos.

Dicen las noticias que el PP exige ahora a Ciudadanos que intente pactar con Podemos en Cataluña. No sé de qué laboratorio estratégico habrá salido la grotesca ocurrencia, pero imagino la reacción de un votante tradicional del PP ante la noticia. Luego se extrañan de que en las encuestas —y por lo que acabamos de ver, en las urnas— se les vayan los votos a chorros.