El fin de los bloques y la bronca entre independentistas
Lo único que separa a Puigdemont de la presidencia de la Generalitat es su presencia física en el Parlament en cualquiera de las votaciones que puedan realizarse durante los dos meses del plazo
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Que nadie espere que el culebrón de la investidura catalana se resuelva pronto. Lo previsible es que de la primera votación (que será antes del 31 de enero) no salga un presidente elegido legalmente, y ello abrirá un periodo de dos meses tras el que habría que convocar nuevas elecciones. Conociéndolos, exprimirán ese tiempo hasta el último segundo.
Lo único que separa a Puigdemont de la presidencia de la Generalitat es su presencia física en el Parlament en cualquiera de las votaciones que puedan realizarse durante los dos meses del plazo. Su aparición lo convertiría en presidente con todas las de la ley, sin que nada pudiera impedirlo.
Conviene recordar que hablamos de un ciudadano en posesión de todos sus derechos políticos mientras no haya una sentencia condenatoria que lo inhabilite. Si lograra hacerse presente en el recinto parlamentario y que lo voten, la elección sería legalmente inapelable. El Rey se vería obligado a firmar el nombramiento y el Gobierno tendría que cumplir su compromiso y levantar el 155.
Es cierto que ello no le libraría de ser conducido ante el juez y, con toda probabilidad, enviado a prisión. Pero en ese caso se estaría encarcelando al presidente de la Generalitat, elegido legal y legítimamente. Un escándalo gigantesco, una crisis institucional tremenda y la autoridad del Estado por el suelo. No insistiré en lo que, a mi juicio, semejante escenario supondría para la situación de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
El Gobierno comparte esta preocupación. Su obsesión actual es asegurarse a toda costa de que, si lo intenta, el reo sea detectado y arrestado antes de alcanzar el Parlament. El antecedente del 1 de octubre no es tranquilizador; y aunque Puigdemont ha acreditado escasa vocación por el martirio carcelario, la enorme recompensa política de la aventura podría llegar a tentarle. Lo único disuasorio es que sepa con certeza que jamás llegaría libre al hemiciclo.
Si Puigdemont lograra hacerse presente en el recinto parlamentario y que lo voten, la elección sería legalmente inapelable
Salgamos de ese escenario dantesco y regresemos a lo que parece la secuencia más probable: el presidente del Parlament propone a Puigdemont como candidato a la investidura y convoca el pleno. Este lo elige en su ausencia. Como el acto sería ilegal, el Gobierno lo recurre y el Tribunal Constitucional lo anula. Los nacionalistas se enfadan muchísimo (unos con más veracidad que otros), repiten mil veces que no darán “ni un paso atrás” mientras se vigilan entre sí… y empieza a correr el fatídico plazo de los dos meses. Mientras tanto, el 155 seguirá en vigor.
A partir de ahí emergerá la batalla estratégica entre los secesionistas. Rubalcaba ha señalado con acierto que es un error seguir viendo al independentismo y al constitucionalismo como dos bloques homogéneos con intereses comunes y planes concertados. Quizás el objetivo último siga siendo la independencia para unos y la unidad constitucional de España para los otros, pero ahí terminan las coincidencias. En todo lo demás, desde el 21-D, ambos campos están internamente atravesados por estrategias entrecruzadas. Y en lo táctico, hasta podrían darse sorprendentes sincronías entre los intereses objetivos, por ejemplo, de Rajoy y Junqueras.
En el espacio independentista hay cuatro partidos: ERC, PDeCAT, la CUP y el partido de Puigdemont. Y pueden reconocerse al menos dos estrategias divergentes: la institucional y la insurreccional. O si lo prefieren, la del choque inmediato y la de la espera (autodenominada “del realismo”).
La prioridad de ERC y del aparato del PDeCAT no es elegir a Puigdemont, sino librarse del yugo del 155 y recuperar el poder del Govern y el control de los más de 50.000 millones del presupuesto de la Generalitat. Fracasada la intentona de derrotar al Estado, su apuesta es a medio plazo: confían en que, tras cuatro años más de ejercicio sectario del poder, de tensión sostenida y de continua creación de situaciones de agravio, lograrán romper el techo de los dos millones de votos y superar al fin la barrera del 50% independentista. Ese será el momento de lanzar una nueva ofensiva.
Pero ello exige ajustarse a la legalidad en esta elección del 'president'. No es que Torrent sea más o menos moderado (no lo es en absoluto); su único mérito es ser un soldado de estricta obediencia junqueriana. Hará lo que le digan desde Estremera.
[Lea aquí: Torrent, un alcalde radical criado en ERC]
Puigdemont y la CUP coinciden en llevar la insurrección hasta sus últimas consecuencias, aunque por motivos distintos:
De la CUP sabemos —porque lo han dicho— que no les interesa la independencia, sino la revolución. Exigen desobediencia sostenida y excluyen cualquier retroceso a lo que llaman despectivamente “autonomismo”. Se da por supuesto que la CUP apoyará las propuestas del bloque independentista y ellos lo dejan correr, pero en el momento de la verdad puede haber sorpresas. Ya han dicho que no se cuente con ellos para nada que no sea implementar la república, y yo creo que van en serio. Su candidato es Puigdemont porque saben que es el más desestabilizador.
Puigdemont subordina su estrategia política a la exigencia desesperada de su situación personal. Está convencido de que la condición presidencial es lo único que puede protegerle de la ira vindicativa del Estado, y se aferra a ella con la fuerza que le dan la mística de la legitimidad y el resultado del 21-D. Desde esa fortaleza chantajea a todo el bloque independentista: o lo respaldan hasta el final, o los señalará ante el pueblo como traidores (como le hicieron a él en aquella mañana del 27 de octubre). Le trae sin cuidado que ello conduzca a una nueva colisión catastrófica con el Estado y condene a Cataluña a seguir en el bloqueo y en el marasmo.
¿Quién se impondrá finalmente? No lo sabremos hasta el último segundo del último día, cuando se vean al borde del precipicio de unas nuevas elecciones convocadas por Rajoy bajo el 155. La lógica conduce a que finalmente se presente a otro candidato que pueda ser elegido legalmente, pero no hay que descartar ningún desenlace. Puigdemont tiene cerca de 20 diputados que solo le obedecen a él y que, sumados a los cuatro de la CUP, pueden llegar a romper en dos mitades el bloque independentista y bloquear cualquier salida sensata.
La diferencias en el bloque constitucional no derivan de la situación en Cataluña, sino de los efectos del 21-D sobre la política nacional. Con el PP en pie de guerra contra Ciudadanos y el PSOE aprestándose a asaltar el espacio de Podemos, mantener la cohesión en el tratamiento del conflicto catalán se hará cada día más problemático. Pero esta es materia para otro análisis.
Mientras tanto, lamento notificarles que tenemos menú único de raca-raca para bastante tiempo.
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