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Proceso al 'procés': cuando los políticos hacen de jueces
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Ignacio Varela

Una Cierta Mirada

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Proceso al 'procés': cuando los políticos hacen de jueces

Me pregunto qué haría el presidente del Gobierno si el del Tribunal Supremo, coreado por sus magistrados, reclamara públicamente la convocatoria inmediata de elecciones

Foto: Hemiciclo del Congreso de los Diputados. (EFE)
Hemiciclo del Congreso de los Diputados. (EFE)

El reputado jurisconsulto Íñigo Errejón se toma la libertad de dictaminar que “es una barbaridad” que la Fiscalía acuse de rebelión a los jefes de la sublevación secesionista. También le parecerá cosa de bárbaros una sentencia que los declare culpables, incluso antes de leerla. Lo cual no le impide declarar a continuación que “los políticos no estamos para hacer de jueces”. ¿Es mucho pedir que se dejen pasar al menos unas horas para afirmar una cosa y su contraria?

Atendiendo a la definición del diccionario (“dicho o hecho necio o temerario”), se diría que la barbaridad está más bien en las palabras de Errejón. De él y de todos los dirigentes políticos que se ponen la toga cada día para enjuiciar a los jueces o fiscalizar a los fiscales, modulando las opiniones jurídicas al compás de sus conveniencias tácticas.

Foto: Cartel a favor de la libertad de los presos políticos. (EFE)

Me pregunto qué haría el presidente del Gobierno si el del Tribunal Supremo, coreado por sus magistrados, reclamara públicamente la convocatoria inmediata de elecciones, o si la presidenta del Congreso intentara dictar el orden del día del Consejo de Ministros. Este Ejecutivo, siendo el más precario que ha conocido nuestra democracia, es también el más osado. Lo malo es que muchos lo aplauden a la vez que predican la separación de poderes.

Hay dos posiciones coherentes ante este juicio: una, la de Podemos y los independentistas, es considerar que en el otoño de 2017 nadie cometió un delito en Cataluña y que, por tanto, cualquier actuación punitiva es simplemente una represalia política aunque se haga desde un tribunal. La otra es creer que el comportamiento de los responsables de la Generalitat en esos meses fue radicalmente antijurídico y que, a partir de ahí, la Justicia no tiene otro remedio que actuar exactamente como lo haría ante cualquier delito.

Lo incoherente es admitir que se violó gravemente la ley pero cuestionar la respuesta judicial con el peregrino argumento de que este problema solo puede abordarse desde la política. Como si existiera un fuero especial que obligara a la Justicia a abstenerse ante los conflictos políticos que se crean pisoteando la ley.

Por supuesto, en Cataluña hay un gigantesco problema político. Y claro que la solución tiene que venir de la política, ojalá supieran cómo hacerlo

Por supuesto, en Cataluña hay un gigantesco problema político. Y claro que la solución tiene que venir de la política, ojalá supieran cómo hacerlo. Pero el Tribunal Supremo no pretende resolver el problema político de Cataluña ni suplantar a ningún Gobierno o partido sino, simplemente, aplicar el Código Penal a unos presuntos delincuentes, como es su deber. Si ello plantea problemas políticos adicionales o dificulta ciertas negociaciones, la obligación de los dirigentes es integrarlo en sus análisis y hacer su trabajo, pero jamás esperar que la Justicia les haga la vida fácil abdicando de su misión constitucional.

Este columnista no está cualificado para determinar si los delitos cometidos por Junqueras y compañía encajan técnicamente en el tipo penal de la rebelión. Tampoco lo está Errejón para llamar bárbaros a los fiscales, ni todos los que a diario pontifican al respecto en función de sus prejuicios (nunca mejor dicho). Ha tenido que venir Manuel Valls a la política española para recordarnos que en Europa los políticos en ejercicio, especialmente si están en el Gobierno, no se dedican a comentar decisiones judiciales, ni dictan a los fiscales a quién tienen que acusar ni a los jueces quién debe estar o no en prisión provisional.

Que una institución del Estado proclame el desacato a cualquier sentencia condenatoria no debería quedar política ni jurídicamente impune

Que la votación de los Presupuestos en el Parlamento y la estabilidad de un Gobierno se hagan depender de que se violente la esfera judicial es una aberración del sistema que demuestra que algunos no han entendido nada sobre el Estado ni sobre el derecho. Que los abogados de los reos obstruyan la tramitación del proceso para que la sentencia coincida con una campaña electoral y así favorecer una nueva revuelta popular bastaría, en muchos países democráticos, para expulsarlos por ejercicio desleal de la profesión. Que una institución del Estado (la Generalitat lo es, pese a quien pese) proclame el desacato a cualquier sentencia condenatoria no debería quedar política ni jurídicamente impune. La doctrina monclovita de que en la política las palabras no importan solo puede venir de quien no da ningún valor a su propia palabra.

Basta con repasar el engendro con apariencia de ley que se votó en el Parlament el 7 de septiembre de 2017 para comprobar la concepción totalitaria de la Justicia que rige en el campo separatista. Lo inaudito es que otros dirigentes democráticos con las máximas responsabilidades institucionales destilen la idea subversiva y oportunista según la cual el poder judicial debería plegar su actuación a las exigencias de lo que ellos llaman “solución política” —que, por otra parte, nadie sabe explicar en qué consistiría—.

No es la tarea de los jueces proveer las soluciones de este ni de ningún otro conflicto político. Pero la verdad histórica es que, hasta el momento, lo único eficaz para sofocar la primera insurrección y contener la segunda ha sido el fundado temor de los golpistas a la acción de la Justicia. Si todo hubiera dependido de la pericia política de los Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, el 'procés' habría triunfado a la primera o, tras recuperar el poder, habrían proclamado ya la segunda república catalana. Si no lo han hecho hasta ahora es porque han aprendido que el poder del Estado es infinitamente superior al de un Gobierno en almoneda, como lo fue el anterior y lo es el actual.

Lo único eficaz para sofocar la primera insurrección y contener la segunda ha sido el fundado temor de los golpistas a la acción de la Justicia

Es utópico, pero lo sano sería que el juicio y la política vivieran vidas separadas. Lo que infecta la situación no es el Tribunal Supremo. Es que en Cataluña sigan mandando Puigdemont y Junqueras a través de sus respectivas marionetas, y que en la práctica se les acepte como interlocutores. Es que los gobernantes secesionistas que delinquieron a sabiendas no asuman que tienen que irse de la política para que el entorno pueda comenzar a sanearse. Y, sobre todo, es el hecho insólito de que un Gobierno de España viva condicionado por la agenda política y judicial de un presidiario y de un fugitivo de la Justicia.

Sánchez celebrará en la Moncloa el 40 aniversario de la Constitución asociado a quienes menos la quieren. Aunque solo fuera por esa paradoja insensata, él y los miembros de su Gobierno deberían ser mucho más cautelosos a la hora de aleccionar públicamente a los demás poderes del Estado.

Hablando de enemigos de la Constitución: ¿han reparado en que un partido político llamado Vox actuará como parte en el juicio y ello le dará varios meses de campaña gratuita en vísperas de las elecciones? Eso sí es una barbaridad.

El reputado jurisconsulto Íñigo Errejón se toma la libertad de dictaminar que “es una barbaridad” que la Fiscalía acuse de rebelión a los jefes de la sublevación secesionista. También le parecerá cosa de bárbaros una sentencia que los declare culpables, incluso antes de leerla. Lo cual no le impide declarar a continuación que “los políticos no estamos para hacer de jueces”. ¿Es mucho pedir que se dejen pasar al menos unas horas para afirmar una cosa y su contraria?

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