No es preciso insistir en lo chapucero y tercermundista de la actuación del Tribunal Supremo en el lío del impuesto sobre las hipotecas. Además de provocar un temporal económico que podría haber tenido dimensiones catastróficas, ha sembrado la inseguridad jurídica en la sociedad y ha establecido el precedente explosivo del recurso del Tribunal Supremo contra sus propios actos. ¿Quién impedirá en el futuro que cualquiera que se sienta perjudicado por una sentencia del alto tribunal exija que se reúna un plenario de magistrados para rectificarla?

"Patético es poco", "menudo escándalo": los chats de jueces arden contra el Supremo

Beatriz Parera

Mensajes cruzados en grupos de WhatsApp que reflejan consternación y tristeza, pero también rabia e impotencia

Un destrozo de tal magnitud debería tener consecuencias disciplinarias. La propia Sala de Gobierno del Tribunal o, alternativamente, el Consejo General del Poder Judicial tienen que tomar cartas en este asunto. En cualquier otra institución pública o privada, los responsables de un desaguisado semejante responderían con sus cabezas. Solo el pétreo corporativismo del estamento judicial impedirá que se depuren las responsabilidades por este escándalo.

Es una desgracia desoladora que esto suceda cuando el nacionalpopulismo despliega una ofensiva por tierra, mar y aire contra el poder judicial, en vísperas del juicio civil más trascendente de la democracia española. Sobre todo porque los dirigentes políticos no han tardado ni un minuto en lanzarse como cuervos sobre el asunto, acarreando litros de agua sucia para sus respectivos molinos.

Y luego se preguntan por qué crece el populismo

Carlos Sánchez

El pleno del Supremo ha dado oxígeno al populismo. Su decisión en favor de los bancos es el mejor caldo de cultivo para que crezcan quienes sospechan de las instituciones

Está la habitual parte demagógica. El Gobierno corre más que nadie para aprobar un decreto supuestamente redentor (en realidad, solo redime a sus gobiernos autonómicos del quilombo de tener que devolver miles de millones mal recaudados). Susana Díaz exige a los banqueros que devuelvan lo que robaron al pueblo (y que su Gobierno cobró sin remilgo alguno, incluso subiendo el impuesto). Podemos, el otro partido del oficialismo, recupera para la ocasión el discurso incendiario sobre los despiadados poderes financieros que chupan la sangre de la gente. El PP y Ciudadanos se suman a la fiesta por el otro flanco ideológico, prometiendo la eliminación del impuesto.

Digo yo que algo de todo eso se les podría haber ocurrido durante las dos décadas largas que los compradores de inmuebles llevan cargando con el pago del impuesto. Pero repasen los programas de todos los partidos y no encontrarán una palabra al respecto. Relean los debates parlamentarios, las sucesivas propuestas de reformas fiscales a lo largo de todo este tiempo: silencio cósmico.

En realidad, en este caso los bancos solo han ejercido de recaudadores para esos políticos que ahora se rasgan las vestiduras. O estos ignoraban que el impuesto recaía sobre los compradores, o no les parecía tan injusto o, simplemente, les traía sin cuidado quién pagara mientras el dinero siguiera alimentando las arcas de sus gobiernos. También les ha importado un comino —más bien, se han beneficiado de ello— que España tenga el impuesto sobre hipotecas más alto de Europa. Hasta que han visto la oportunidad de figurar a costa de una 'merdée' judicial.

Escuchándolos, parecería que los jueces dictan las leyes fiscales. Si se ha montado este lío, además de por la frívola ineptitud de un puñado de magistrados, es porque los políticos aprobaron en su día una ley y un reglamento confusos y enrevesados, conviviendo plácidamente durante lustros con la interpretación contraria al que pide el préstamo.

Les ha importado un comino que España tenga el impuesto sobre hipotecas más alto de Europa. Hasta que han visto la oportunidad de figurar

Pero todo eso forma parte del oportunismo populista y la incompetencia que trae de serie esta generación de dirigentes políticos, así que por ese lado solo cabe la resignación. Lo peor es que en esto, como en toda la política española de los últimos y de los próximos años, aparece al fondo la imagen espectral del conflicto secesionista de Cataluña.

Si Pedro Sánchez se ha abalanzado personalmente sobre este caso, protagonizando una estridente comparecencia pública incluso antes del Consejo de Ministros, no ha sido única ni principalmente por el síndrome de Robin Hood que irónicamente le diagnostica Carlos Alsina. Ni por las prisas de neutralizar la manifestación que había anunciado Pablo Iglesias para alzarse con el santo y la limosna.

Una clase política inútil, hipócrita y manipuladora

Juan Ramón Rallo

En suma: inútiles, hipócritas y manipuladores. Esas han sido las tres características que han definido a nuestros políticos durante todo el sainete del 'impuesto a las hipotecas'

Si solo se tratara de colgarse una medalla propagandística, Sánchez pudo vender la efectista medida manteniendo el respeto institucional y sin necesidad de ensañarse con el máximo órgano judicial. Pero la clave de su discurso no tiene que ver con las hipotecas, sino con el Tribunal Supremo. Se busca debilitarlo en este instante estratégico.

¿Cómo se explica el espectáculo insólito de un presidente de Gobierno lanzando un ataque frontal al máximo órgano judicial de su país, por mucho que este haya errado en el manejo de un asunto? ¿A qué viene ese interés por cuestionar la credibilidad del tribunal y esa desafiante exigencia de autocrítica por parte de alguien que desconoce esa práctica respecto de sí mismo? ¿Por qué y para qué cebar en este momento un conflicto institucional entre el poder ejecutivo y el judicial?

La respuesta, claro, está en Cataluña. Concretamente, en el juicio a los jefes del 'procés', que todo lo contamina. No es dudoso que asistimos a una operación de descrédito preventivo del Tribunal Supremo —y en general, de la Justicia española— para propagar dentro y fuera de España una doble idea: a) que la actuación de la Justicia no hace sino entorpecer la solución política del conflicto, y b) que la previsible sentencia condenatoria no será justa ni proporcionada, lo que exigirá que se remedie políticamente.

La respuesta está en el juicio a los jefes del 'procés', que todo lo contamina. No es dudoso que asistimos a una operación de descrédito preventivo del TS

Lo preocupante no es que esa estrategia la impulsen los independentistas y Podemos, sino que el propio Gobierno de España contribuya a ella. Lo viene haciendo con intensidad calculada desde hace semanas. Primero, criticando la prisión provisional de los acusados. Después, cuestionando públicamente el criterio jurídico del juez instructor y de la Fiscalía sobre el delito de rebelión. A continuación, usando la Abogacía del Estado, en palabras del ministro Ábalos, “de la misma forma en que usamos un gabinete de comunicación”. Y finalmente, con esta patada en el hígado propinada por el presidente, aprovechando la avería que lo de las hipotecas ha producido en la imagen del tribunal.

Lo que los jueces estropean, lo arreglaré yo. Hoy, en lo de las hipotecas. Y mañana, en lo de Cataluña

Sánchez parece querer decir a sus socios: "Si queríais gestos, aquí tenéis un puñado de ellos. No puedo hacer nada mejor por vuestra causa que ayudaros a reblandecer al tribunal por la vía de deteriorar su prestigio". A la vez, prepara el terreno para lo que haga falta en su momento, con un mensaje apenas oculto en la maleza: "Lo que los jueces estropean, lo arreglaré yo. Hoy, en lo de las hipotecas. Y mañana, en lo de Cataluña". (Ya saben, lo del texto y el subtexto).

A la separación de poderes, que le den: para algunos, el poder es singular o no es verdadero poder.