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Una Cierta Mirada
Por
Debates tutelados por la autoridad
Es un disparate que una televisión privada tenga que someter su oferta informativa sobre las elecciones a la censura de la Junta Electoral
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En 2011 se perpetró una reforma parcial de la Ley Electoral que fue un desastre sin paliativos. A ella debemos engendros como el voto rogado, el apagón obligado entre la convocatoria y el inicio de la campaña oficial, la permanencia del secuestro de las encuestas en la última semana y el olvido de la existencia de un artefacto llamado internet. También el infausto artículo 66.2 que, bajo el pretexto de respetar el pluralismo, pone a las televisiones privadas bajo la tutela de la autoridad competente.
Obsérvese que la vigilancia solo se refiere a las televisiones. No a los demás medios de comunicación convencionales ni, por supuesto, al mundo digital. Esos, al parecer, no tienen que sujetarse a “los principios de pluralismo e igualdad”. La norma delata la obsesión de aquellos legisladores por controlar la televisión y su supina ignorancia del tiempo en el que viven.
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Es un disparate que una televisión privada tenga que someter su oferta informativa sobre las elecciones a la censura de la Junta Electoral. Si un medio libre decidiera, por ejemplo, que tiene interés político (obviamente, lo tendría) poner a debatir entre sí a los tres partidos de la derecha, o que a su audiencia le interesa más entrevistar a unos dirigentes que a otros, ¿qué pinta nadie autorizando o prohibiendo eso?
No hay campaña sin debate sobre los debates. En la práctica, siempre es el partido favorito el que decide si los hay o no, en qué medio y con qué formato. Eso sucede porque se sabe que el electorado español no sanciona en las urnas a quien sabotea los debates o los programa a su antojo para no comprometer su presentida victoria. Lo hicieron González, Aznar y Rajoy, y ahora lo hace Sánchez.
La norma delata la obsesión de aquellos legisladores por controlar la televisión y su supina ignorancia del tiempo en el que viven
Lo más llamativo en este caso es que se tome como algo natural que el presidente del Gobierno esté interesadísimo en meter a la extrema derecha en el debate, y que su exclusión resulte ser una pésima noticia para la estrategia de Sánchez. La pregunta obvia –llámenme ingenuo- es: ¿por qué?
En esta campaña, el nivel de interacción cómplice entre el PSOE y Vox comienza a ser algo peor que una obscenidad política.
En 2011 se perpetró una reforma parcial de la Ley Electoral que fue un desastre sin paliativos. A ella debemos engendros como el voto rogado, el apagón obligado entre la convocatoria y el inicio de la campaña oficial, la permanencia del secuestro de las encuestas en la última semana y el olvido de la existencia de un artefacto llamado internet. También el infausto artículo 66.2 que, bajo el pretexto de respetar el pluralismo, pone a las televisiones privadas bajo la tutela de la autoridad competente.